
La crisis financiera desató una rebelión dentro del Partido Colorado y dejó al mandatario sin respaldo político. Millones de ahorristas quedaron atrapados en una trama que también salpicó al Banco Central y a los fondos públicos.
La crisis financiera desató una rebelión dentro del Partido Colorado y dejó al mandatario sin respaldo político. Millones de ahorristas quedaron atrapados en una trama que también salpicó al Banco Central y a los fondos públicos.
Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este 5 de noviembre, en medio de una crisis política, financiera y judicial desatada por el colapso del Ueno Bank, entidad que tenía unos 2,9 millones de clientes y administraba cerca de USD 850 millones en depósitos públicos. La decisión llegó después de que Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), anunciara que su fuerza política acompañaría el juicio político contra el mandatario, impulsado también contra el vicepresidente Pedro Alliana.
El golpe fue demoledor. Peña perdió el respaldo de uno de los principales referentes de su propio espacio y quedó contra las cuerdas cuando 35 diputados firmaron el pedido de juicio político, sobre un total de 80 integrantes de la Cámara Baja. La cifra todavía estaba lejos de los 53 votos necesarios para elevar la acusación al Senado, pero el pronunciamiento de Cartes cambió por completo el escenario y dejó expuesta la fragilidad política del Gobierno.
El procedimiento se sustentaba en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Para declarar culpables a los mandatarios, el Senado, integrado por 45 legisladores, necesitaba reunir 30 votos. La amenaza de avanzar con ese mecanismo terminó convirtiéndose en uno de los detonantes de la salida de Peña.
Detrás del derrumbe político estaba el escándalo bancario. El Banco Central del Paraguay (BCP) había ordenado la intervención y disolución del Ueno Bank después de detectar un deterioro extremo de sus indicadores financieros: el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Una situación que encendió todas las alarmas sobre la capacidad de la entidad para responder por los depósitos de sus clientes.
La dimensión del problema es difícil de minimizar. El banco tenía aproximadamente 2,9 millones de usuarios en un país de 6,1 millones de habitantes. Además, administraba unos USD 850 millones en depósitos públicos, lo que amplificó el temor por el impacto sobre los recursos estatales y privados, incluidos los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La reacción de los ahorristas no tardó en llegar: largas filas frente a las sucursales y protestas nocturnas en Asunción marcaron el estallido social. Mientras miles de personas buscaban respuestas sobre sus ahorros, las primeras comunicaciones sobre los pagos anunciaban un anticipo de apenas 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos USD 1.675. Una cifra que quedó muy por debajo de las expectativas de quienes temían perder sus depósitos.
Ante el descalabro, el Congreso aprobó una ley de emergencia financiera que Peña promulgó el mismo 5 de noviembre. La normativa estableció un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalentes aproximadamente a 121,7 millones de guaraníes o USD 19.787. El plazo máximo previsto para concretar los pagos es de cinco días hábiles desde la entrada en vigor de la ley.
La cobertura del FGD contempla, por su parte, un límite de hasta 75 salarios mínimos por persona, de acuerdo con las condiciones del sistema de garantía. El nuevo mecanismo busca dar una respuesta inmediata a los afectados, aunque la incertidumbre sobre el resto de los fondos sigue siendo uno de los principales focos de preocupación.
La crisis también se llevó puesta a la conducción del Banco Central. Carlos Carvallo presentó su renuncia en medio de los cuestionamientos, en un episodio que sumó todavía más presión sobre el organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Su salida tiene un ingrediente incómodo: antes de asumir la presidencia del BCP en 2023, había dirigido la Financiera Ueno.
Como posible reemplazante fue propuesto Raúl Vera Bogado, economista y exministro, cuya designación todavía debe ser ratificada por el Senado. El cambio de conducción busca recomponer la credibilidad de una institución que quedó bajo la lupa por el desenlace de la entidad intervenida.
En paralelo, la investigación judicial avanzó sobre los responsables del banco. La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras cometidas durante el período 2025-2026. Entre los principales investigados aparece Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores del Ueno Bank.
Ocho directivos comparecieron ante el Ministerio Público. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás ejecutivos involucrados. La investigación apunta a posibles maniobras vinculadas con préstamos otorgados a empresas del mismo grupo económico, concesión de sobregiros y operaciones que presuntamente no respetaban los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
El caso ya dejó de ser un problema exclusivamente bancario. Con millones de clientes afectados, cientos de millones de dólares en depósitos públicos comprometidos, una investigación que alcanza a la cúpula de la entidad y una fractura dentro del oficialismo, Paraguay atraviesa una crisis que golpeó simultáneamente sus instituciones políticas y financieras.
Alfredo Díaz Florentin, diarioepoca.com