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Auge global de los conflictos interestatales y una política de defensa que “policializa” a sus Fuerzas Armadas.
Auge global de los conflictos interestatales y una política de defensa que “policializa” a sus Fuerzas Armadas.
El orden internacional contemporáneo atraviesa una fase de fractura sistémica, en donde el recurso a la fuerza militar organizada ha recobrado una centralidad que la narrativa de la globalización y los mercados creían haber sepultado. En su edición del 28 de mayo, el semanario británico The Economist advirtió sobre el fin de una era de certezas tecnológicas; y señaló que la guerra, lejos de haberse tornado un ejercicio quirúrgico, se ha expandido hasta consolidarse como una actividad próspera y devastadora.
Las estadísticas respaldan este sombrío panorama. El Programa de Datos sobre Conflictos (UCDP) de la Universidad de Uppsala (Suecia) —según revela un trabajo de sus investigadores Shawn Davies, Therése Pettersson, Margareta Sollenberg y Magnus Öberg— registró durante 2024 un récord histórico de 61 conflictos activos basados en el Estado, cifra que ascendió a 65 en 2025, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en 1946.
Este resurgimiento de la violencia organizada no es meramente estadístico, sino que marca el retorno cualitativo de la guerra interestatal. Según los investigadores de UCDP, el número de conflictos interestatales puros se duplicó en el último año, pasando de dos en 2023 a cuatro en 2024, y alcanzó su punto máximo desde 1987.
Los cuatro casos actuales descritos por Davies, Pettersson, Sollenberg y Öberg son reveladores de la inestabilidad global:
1. La guerra entre Rusia y Ucrania, que representa casi el 60% de las muertes estatales mundiales;
2. El enfrentamiento directo entre Israel e Irán, que en 2024 registró los primeros ataques lanzados desde territorio iraní hacia Israel (el texto no llega a 2025, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques a las centrales nucleares iraníes);
3. La disputa territorial en la Línea Durand entre Afganistán y Pakistán;
4. El conflicto en el Mar Rojo, donde el Reino Unido y los Estados Unidos lanzaron una campaña de bombardeos contra el gobierno de Ansarallah (los rebeldes Hutíes) en Yemen para proteger sus rutas comerciales. En definitiva, presenciamos un cambio de fondo donde la competencia estratégica entre potencias vuelve a situar a la guerra convencional de alta intensidad en el núcleo de la política internacional.
Por otra parte, según los datos de UCDP, la conflictividad no estatal —definida como la violencia armada entre dos grupos que no son el gobierno de un Estado— experimentó un descenso tanto en el número de conflictos (de 80 a 74) como en el de víctimas fatales durante 2024 (de 18.500 a 17.500).
La prospectiva estadounidense. Este escenario de creciente conflictividad interestatal no debería tomar por sorpresa a la conducción política argentina. Los propios organismos de inteligencia y defensa de los Estados Unidos ya daban cuenta de esta reorientación hacia la guerra interestatal hace una década, lo que contradice los augurios de Francis Fukuyama sobre el “fin de la historia”; y de aquellos expertos que presumían la existencia de una “jerarquía global liberal”, que podría llevar a los Estados —de la mano de las normas y valores del mercado— hacia una suerte de “paz perpetua” del siglo XXI.
Hace un decenio atrás, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) de los Estados Unidos, en su informe Global Trends 2035 del año 2017, señalaba: “Los próximos cinco años serán de crecientes tensiones entre países. Una confianza excesiva en que la fuerza material puede controlar la intensificación aumentará los riesgos de conflictos interestatales a niveles no vistos desde la Guerra Fría”. Del mismo modo, la Estrategia de Defensa Nacional (EDN) 2018 del Pentágono sentenciaba: “Enfrentamos un creciente desorden global, caracterizado por la declinación de las reglas tradicionales del orden internacional (…). La competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de los Estados Unidos”.
En efecto, ignorar la vigencia de la guerra convencional entre Estados es, para un país como la Argentina —que posee un enclave colonial en su territorio— un error estratégico que compromete su supervivencia y sus posibilidades de desarrollo soberano.
La “policialización” de las Fuerzas Armadas. A pesar del marcado aumento de los conflictos interestatales a nivel mundial, los responsables de la cartera de Defensa argentina se esfuerzan por fijar el funcionamiento del sector en un sentido opuesto. En el marco de su política de “occidentalización dogmática” y “desnacionalización estratégica”, la administración de Javier Milei ha llevado adelante —mediada por una pauperización presupuestaria sin precedentes en nuestra historia— un proceso de veloz “gendarmerización” de las Fuerzas Armadas. Ello implica desatender la misión primaria de la defensa nacional para convertir al instrumento militar en una suerte de guardia nacional con funciones antidrogas. De esta forma, se sigue el libreto dictado por el Comando Sur (una agenda, cabe aclarar, que los propios Estados Unidos desechan para sí en su planeamiento de gran escala centrado en los dominios múltiples de la guerra).
La cronología de este proceso de policialización/desprofesionalización es elocuente. En abril de 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, durante la visita de la titular del Comando Sur, generala Laura Richardson, a Ushuaia, abrazó el proyecto “policializador” bajo la premisa de que financiar una Guardia Nacional es menos oneroso que sostener medios militares profesionales. En junio de 2025, el propio Petri defendió en el Congreso un proyecto para convertir a los militares en policías de frontera. Previamente, en abril de 2025, mediante la Resolución 347/2025, había dispuesto la “Operación Roca”, que autorizó a efectivos militares a detener personas en flagrancia bajo reglas de empeñamiento policiales. Más recientemente, en marzo de este año, el actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, selló en Miami la adhesión a la iniciativa estadounidense “Escudo de las Américas”, hecho que incorporó al país a una “Coalición de Seguridad Hemisférica contra el Narcoterrorismo”.
Según se aprecia, resulta anómalo que el titular de Defensa suscriba acuerdos sobre narcotráfico, redes criminales y migraciones —temas de seguridad interior—, lo que constituye una grave distorsión funcional que desnaturaliza el rol militar profesional. Este dislate estratégico ignora, asimismo, que nuestro país cuenta con 803 policías cada 100.000 habitantes y se sitúa casi al tope de América del Sur según la OEA (solo por detrás de Uruguay, que cuenta con 881). De este modo, se desoyen las lecciones del Informe Rattenbach, que en 1983 advertía que la desprofesionalización castrense y el enfoque en la conflictividad interna condujeron al fracaso en el núcleo duro de la actividad militar durante la guerra de Malvinas (1982).
Asimetría estratégica con el Reino Unido. La contradicción argentina resulta ostensible cuando se la compara con la política de defensa del Reino Unido, potencia que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio. Mientras el gobierno argentino se ufana de enviar militares a la frontera norte para tareas de seguridad pública, Gran Bretaña difundió en junio de 2025 su Revisión Estratégica de Defensa, un documento que fija lineamientos indubitables: el objetivo fundamental es “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras Fuerzas Armadas”.
El contraste con la matriz “desprofesionalizante” argentina es absoluto. El texto británico de 144 páginas no hace una sola mención al narcotráfico ni figura en él la palabra “drogas”, mientras que los términos inherentes a la “guerra” (war, warfare, warfighting, warfighter, wartime) aparecen en 250 oportunidades. Londres prevé un aumento del gasto militar al 2,5% de su PBI para 2027 y la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear para operar, entre otros destinos, en el Atlántico Sur. El documento británico reafirma explícitamente su postura militar defensiva en las Islas Malvinas; y califica a sus bases en el extranjero como un “elemento fundamental para defender la soberanía”.
En Buenos Aires, por el contrario, en el mismo mes de junio en que los británicos difundieron su Revisión Estratégica, el ministro Petri, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, no utilizó ni una sola vez la palabra “Malvinas” ante los legisladores. Mientras Gran Bretaña acelera su desarrollo tecnológico “a ritmo de tiempos de guerra”, la Argentina libertaria mantiene el sector en un limbo estratégico. En ese marco, trata la cuestión Malvinas con una condescendencia asombrosa en sus escasas menciones oficiales; y aborda al Atlántico Sur como un “espacio de oportunidad para la cooperación” más que como un territorio usurpado por una potencia militar en un mundo cada vez más pugnante y belicoso.
Así las cosas, el gobierno argentino debería comprender, sin renunciar a su estrategia diplomática de recuperación de las islas Malvinas —tal como lo prescribe la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional—, que la diplomacia no puede ser efectiva si no está acompañada de una defensa activa. Puesto de otro modo, resulta indispensable fortalecer las capacidades de control, vigilancia, reconocimiento e inteligencia estratégica en el Atlántico Sur. Solo mediante un incremento de los costos económicos y militares de Londres se podrá dotar de peso real a nuestros legítimos reclamos ante los foros internacionales.
Sin directiva e ¿infraestructura estratégica? Esta deriva se profundiza por la parálisis total del planeamiento estratégico de la Defensa. El gobierno de Milei ha incurrido en un grave incumplimiento del Decreto 1729/2007, que establece la obligación del Presidente de emitir la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) en septiembre del primer año de mandato para orientar la organización, doctrina y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Transcurridos 30 meses de gestión, la ausencia de la DPDN constituye un agujero negro estratégico.
Todo indica, en definitiva, que la gestión simplemente espera adaptar sus borradores a la Estrategia de Defensa Nacional 2026 de los Estados Unidos, postura que implica la renuncia a cualquier capacidad soberana de definir los intereses nacionales propios. Posiblemente, como sucedió con el denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales” que el Comando Sur le impuso a la Armada Argentina en el mes de mayo, nos enteremos de la nueva DPDN directamente a través de un posteo del embajador Lamelas.
Como corolario de este conjunto de desatinos, el Decreto 314/2026 (Plan ARMA), emitido el 30 de abril de 2026, ha encendido las alarmas sobre el patrimonio inmobiliario de la Defensa. Bajo la supuesta premisa de “recuperar capacidades”, la norma incentiva el desprendimiento de bienes estratégicos; y autoriza que el 70% de las ventas de predios de la jurisdicción Defensa sea destinado a dicho fin. En este marco, hace un par de semanas han cobrado fuerza las versiones sobre la eventual venta o concesión de los terrenos de la Base Naval de Mar del Plata, uno de los predios más valiosos (93 hectáreas) y estratégicos de la Nación.
La Base de Mar del Plata es el asiento del Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinistas, la Agrupación de Buzos Tácticos, la División de Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Atlántica. Estas unidades resultan fundamentales para el control y vigilancia del Mar Argentino en un país que aún no ha recuperado su capacidad submarina tras la tragedia del hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017.
Resulta insólito, en consecuencia, para una nación con un enclave colonial en su territorio como es la base militar británica en Malvinas, el solo hecho de que se pueda analizar la desafección de tierras destinadas a funciones militares esenciales para entregarlas al mercado inmobiliario y a emprendimientos turísticos. La eventual venta de la Base Naval sería un símbolo inequívoco de una Argentina desarmada y de un Estado que abdica de su responsabilidad primordial: la defensa del territorio nacional.
A contramano del mundo. La contradicción argentina es, al mismo tiempo, evidente y paradojal. Mientras el escenario global, descrito exhaustivamente por los investigadores de Uppsala y por los editores de The Economist, experimenta un retorno violento de los conflictos interestatales, y las grandes potencias —entre las que se incluye a nuestro ocupante colonial— se preparan para la guerra convencional, la Argentina de Milei decide voluntariamente desarmarse y desprofesionalizar a su instrumento militar. La “gendarmerización” de nuestras Fuerzas Armadas, instruida desde Washington y acatada sin matices por ministros como Petri y Presti, sumada al “loteo” de nuestra infraestructura estratégica y al vacío de planeamiento nacional, nos sitúan en una fase de indefensión crítica.
Seguir por esta senda de improvisación estratégica no es solo un error coyuntural. Es una irresponsabilidad histórica que desoye las lecciones de Malvinas; y que deja a la Nación a merced de un mundo cada vez más arbitrario, pugnante y propenso a la guerra entre Estados.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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