A 32 años del atentado a la AMIA: cómo avanza la Justicia

A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje estuvo marcado el viernes último por fuertes críticas al Poder Judicial. La conmemoración, encabezada por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, reunió a familiares de víctimas, referentes comunitarios y autoridades nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei.

Durante la ceremonia, Armoza reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia y se apuntó al proceso de digitalización de los archivos y documentación de inteligencia sobre el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 que permitiría sentar al banquillo a diez ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque, sin su presencia en el país. La norma, sin embargo, fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.

Se trata de Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre ellos pesan circulares rojas de Interpol y se enviaron reiterados exhortos diplomáticos que nunca tuvieron respuesta.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

Casación fijó audiencia el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes de manera previa a resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que esta norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. Pero el defensor oficial Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre y se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.

En el medio, la Cámara Federal facultó al juez Rafecas para avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral en julio de 2020. Desde entonces no tiene magistrado titular y tuvo sucesivos cambios de jueces suplentes en los últimos años. Es uno de los cuatro juzgados de primera instancia, de un total de doce, con titularidad vacante desde hace años en Comodoro Py 2002. Fue otro de los puntos reclamados el viernes.

Los archivos de la causa y el asbesto

Respecto a los archivos y la documentación vinculada al atentado, a la que también se aludió en el acto, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA —elaborado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda de la agrupación de familiares de víctimas “Memoria Activa”— detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El proceso incluyó la numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, Policía Federal y Bomberos.

Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia, lo que obligó a realizar procedimientos de descontaminación. Tras la intervención, se realizaron muestreos enviados a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado. El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.

Ya se trasladaron al edificio de la ex ESMA los documentos de inteligencia desclasificados de la ex SIDE sobre las bases “Salta” y “EEUU” y gran parte del Fondo Dirección de Terrorismo. “A la fecha, se inventariaron un total de 475 cajas: 17 de ellas contienen documentación en formato papel y 458 contienen documentación en soporte magnético (54.272 casetes)”, consignó el informe elaborado en junio último.

El equipo mantuvo el inventariado y sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes, VHS y archivos audiovisuales. En paralelo, la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.