
La jueza Marisol Ramírez, de Santo Tomé, explicó cómo identificar la violencia psicológica, las dificultades para probarla y las herramientas legales disponibles para proteger a las víctimas. También advirtió sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres del interior.
La jueza Marisol Ramírez, de Santo Tomé, explicó cómo identificar la violencia psicológica, las dificultades para probarla y las herramientas legales disponibles para proteger a las víctimas. También advirtió sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres del interior.
En el marco de una serie de entrevistas que diario época presentará durante noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la jueza Marisol Ramírez analizó uno de los problemas que representa mayores desafíos para la Justicia: la violencia psicológica contra las mujeres.
Se trata de una forma de maltrato que, a diferencia de las agresiones físicas, no siempre deja señales visibles, pero puede provocar daños profundos en la salud emocional, la autonomía y el desarrollo personal de quienes la padecen.
En una entrevista en profundidad, la actual magistrada de la localidad de Santo Tomé, diplomada en género por la Corte Suprema y capacitadora judicial, abordó las conductas que permiten reconocer este tipo de violencia, las dificultades que aparecen al momento de acreditarla judicialmente y los criterios que deben orientar la actuación de los organismos receptores de denuncias y de los jueces.
También explicó qué medidas de protección pueden adoptarse, por qué muchas víctimas demoran en denunciar y cuáles son las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres que viven en localidades pequeñas, zonas rurales y parajes del interior de Corrientes.
El propósito de la conversación es acercar a la comunidad herramientas para comprender de qué se habla cuando se menciona la violencia psicológica, cómo puede manifestarse en la vida cotidiana y por qué su reconocimiento tiene una importancia jurídica y social que va mucho más allá de la existencia o no de lesiones físicas.
Ramírez es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), diplomada en género por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y capacitadora judicial. Es también replicadora del Programa Justicia y Sociedad Civil, mediadora y socia del Centro de Estudios Procesales (CEP).
Actualmente se desempeña como jueza de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé. Además, preside la Asociación Cultural Sanmartiniana de esa ciudad y desarrolla una faceta artística como poeta, con dos libros publicados.
A lo largo de la entrevista, la magistrada explica los alcances de las normas nacionales y provinciales que protegen a las mujeres, la importancia de la amplitud probatoria y la necesidad de que el Estado garantice un acceso efectivo a la Justicia. Sus respuestas también ponen el acento en una cuestión central: comprender que la violencia no debe naturalizarse y que modificar las conductas sociales que la reproducen constituye una responsabilidad colectiva.
Una violencia que no siempre se ve
La violencia psicológica no siempre deja marcas visibles y, muchas veces, es difícil de reconocer incluso para quien la padece. ¿Cuáles son las conductas más frecuentes que permiten identificarla y cuándo adquieren relevancia jurídica?
En efecto, la violencia psicológica perpetrada contra las mujeres, en la mayoría de los casos, no deja marcas visibles, como acostumbra reflejar la violencia física. Sin embargo, está reconocido que es el tipo de violencia más frecuente que emplea el agresor a través de mecanismos de dominación, con la finalidad de someter a su víctima.
Cuando estamos hablando de violencia psicológica, nos referimos a la violencia que genera un daño a nivel emocional, afectando la salud psíquica de quien la padece. Es un daño que va erosionando la autoestima, deteriorando el desarrollo personal y que implica una degradación incesante en el control privativo de las acciones o comportamientos.
Las conductas más frecuentes que permiten identificar a la violencia psicológica son, entre otras: las amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, culpabilización, vigilancia constante, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, etc. Son acciones que se encuentran mencionadas en el artículo 5 de la Ley N°26.485, denominada Ley de Protección Integral a las Mujeres.
La violencia psicológica adquiere relevancia jurídica cuando constituye una conducta que afecta o pone en riesgo la integridad psíquica de la mujer, menoscabando su autonomía, libre determinación, dignidad y libertad.
Cómo se prueba lo que sucede en la intimidad
¿Qué dificultades enfrenta la Justicia para acreditar este tipo de violencia? ¿Qué elementos se tienen en cuenta cuando no existen lesiones físicas ni pruebas materiales evidentes?
Entiendo que una de las dificultades que enfrenta la Justicia para acreditar este tipo de violencia tiene que ver con el ámbito espacial en el que ocurren.
En la mayoría de los casos, se materializa en ambientes privados, concretándose en la intimidad de las relaciones, ya sean familiares o de pareja, donde no se cuenta con la presencia de personas que oficien de testigos directos. Y, en el caso de contarse con ellos, es habitual que intenten deslindarse, manifestando que son "temas de índole privado", por lo que no corresponde intromisión.
Cuando no existen lesiones físicas ni pruebas materiales evidentes, como podrían ser los registros documentales o fílmicos, se tiene que considerar una serie de circunstancias, por cuanto la orfandad probatoria no implica que el hecho no haya existido, sino que, en todo caso, implica una dificultad para reunir los elementos en este tipo especial de violencia.
Un dato preponderante es el relato de la víctima. Ese relato es el punto de partida de la investigación y, a su vez, genera en los órganos receptores de denuncia la obligación de adoptar una serie de actitudes al momento de su recepción, como una escucha activa, empatía y sensibilidad para comprender el contexto que se le está anoticiando, deslindarse de todo prejuicio que coloque a la denunciante en una situación de culpa o vergüenza, no revictimizarla, respetar su privacidad, etc.
En ese sentido, hay que destacar que el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes cuenta con un "Protocolo de Actuación para la atención de víctimas de violencia", establecido en el punto 13 del Acuerdo N°25 del año 2013.
No podemos perder de vista que los hechos anoticiados por la víctima deben ser analizados desde una óptica amplia, con la colaboración de las ciencias interdisciplinarias, como las ciencias médicas, psicología y trabajo social, y con perspectiva de género.
A más de lo que vengo diciendo hay que poner énfasis en que la Ley 26.485, que es una ley nacional de orden público, garantiza en su artículo 16, inciso i, la amplitud probatoria, considerando las particulares circunstancias en las que se desarrollan este tipo de violencias. Esto se debe a que, como lo enunciara anteriormente, transcurren en la intimidad del hogar, resultando difícil la obtención de elementos probatorios, por lo que debe estarse por un criterio amplio en favor de la producción, admisión y eficacia de las pruebas.
Además, el artículo 30 de la misma ley le otorga al juez amplias facultades durante el proceso para la obtención de la verdad material y, por su parte, el artículo 31 vuelve a remarcar el principio de amplia libertad probatoria, resaltando que deben evaluarse las pruebas de acuerdo con el principio de la sana crítica, en que se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Factores que inciden en denunciar
Muchas víctimas conviven durante años con situaciones de manipulación, amenazas, humillaciones o control. ¿Qué factores suelen demorar la decisión de denunciar y cómo puede intervenir la Justicia para evitar que la situación se agrave?
Así es, muchas mujeres conviven durante largo tiempo con su agresor, incluso hasta pierden la vida en manos de su victimario, engrosando tristemente la estadística de femicidios perpetrados en nuestro país. Como también es cierto que existen mujeres que, en algún momento, hacen un "clic" y deciden denunciar.
Los factores que influyen en esa demora en la toma de decisiones por parte de la víctima, podríamos decir que son varios. Hay una amplia gama de componentes psicológicos, económicos y sociales que van, de alguna manera, sedimentando en el accionar de la mujer y, a su vez, limitando gradualmente su capacidad de decisión.
Por ejemplo, uno de los factores psicológicos que más se detecta es el de naturalizar la violencia. Es usual que una mujer que desde niña creció dentro de un hogar violento, donde se utilizó la violencia verbal como un modo de comunicación entre sus integrantes, considere como normales las humillaciones, amenazas y hostigamientos.
Además, no debemos perder de vista que, tratándose de una violencia que daña la psiquis, esto le genera una pérdida de autoestima, al punto tal que normalice el maltrato del que está siendo objeto.
Dentro de los factores económicos, podemos encontrar que una de las causas más limitantes a la hora de denunciar es la fuerte dependencia económica de la víctima para con el agresor. La circunstancia de que la mujer no se encuentre inserta en el mercado laboral, que tenga hijos a su cargo y que no tenga una vivienda, son elementos que la condicionan fuertemente.
El temor a que el agresor tome como represalia dejar de asistirla económicamente o a que pierda esa estabilidad familiar es lo que la restringe en muchas ocasiones.
Así también, uno de los factores sociales que la limitan es el temor a sufrir algún cuestionamiento por parte de su familia o del entorno social en el que interactúa.
Para evitar que la situación se agrave, ante una denuncia de esta índole, la Justicia está obligada a tomar medidas urgentes en protección de la víctima, conforme lo autoriza el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, como así también la Ley Provincial N°5019 de Protección Familiar contra la Violencia.
Una vez que una mujer denuncia violencia psicológica, ¿qué medidas puede disponer la Justicia para protegerla? ¿Cómo se evalúa el riesgo cuando no hay agresiones físicas?
En la Provincia de Corrientes, aparte de la Ley N°26.485, de aplicación en todo el ámbito nacional, también, como dijera precedentemente, contamos con la Ley Provincial 5019, que expresamente reconoce en su artículo 1 al maltrato psíquico como una situación que admite la denuncia y establece un procedimiento urgente por parte del juez, quien debe adoptar medidas cautelares en protección de la víctima.
Dentro de esas medidas se encuentran la exclusión del hogar, la prohibición de acceso del agresor, ya sea al domicilio de la persona damnificada, a su lugar de trabajo o lugar de estudio; y el reintegro de la víctima al domicilio.
Asimismo, el juez puede decretar de manera provisoria, en el caso de existir niños, niñas y adolescentes, cuestiones sobre alimentos, derecho de cuidado y de comunicación de los hijos.
Por su parte, el artículo 709 del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia contiene un catálogo mucho más amplio de medidas protectorias, que es importante acentuar que son meramente enunciativas y que el magistrado puede disponer otras medidas que estime puedan corresponder, para asegurar el cuidado y protección de la víctima.
Cuando no hay violencia física, el riesgo se evalúa teniendo presente la entrevista psicológica, antecedentes anteriores, informes recabados y, sobre todo, considerando las premisas sobre la amplitud probatoria.
Dificultades de acceso a la Justicia
Desde una mirada federal, ¿qué particularidades presenta la atención de estos casos en las localidades del interior de Corrientes? ¿Existen dificultades adicionales vinculadas con la distancia, el acceso a profesionales especializados o el desconocimiento de los mecanismos de protección?
En atención a esos interrogantes, entiendo que una mujer que vive alejada de los centros urbanos, como en zonas rurales o parajes en la provincia de Corrientes, se encuentra con cierta dificultad debido a la distancia territorial para efectuar la denuncia.
En muchos lugares, las dependencias policiales y/o judiciales, al encontrarse alejadas de sus domicilios, generan erogaciones económicas para su desplazamiento que no pueden afrontar y que dificultan el acceso a la Justicia.
Cuando hablamos de acceso a la Justicia, nos estamos refiriendo a un derecho fundamental que implica que el servicio de Justicia llegue efectivamente, en este caso, a las mujeres.
Debemos enfatizar que es un deber del Estado argentino implementar políticas públicas para remover los obstáculos con que puedan enfrentarse las víctimas, por cuanto importa garantizarles sus derechos humanos.
Y dentro de esa implementación de políticas públicas que asumió nuestra República con la suscripción de tratados sobre derechos humanos, conforme lo enuncia el artículo 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, se encuentra, a manera de cita, el artículo 9 de la Ley 26.485, que contempla la capacitación permanente de los funcionarios judiciales, policiales y de seguridad sobre materia de género, como también lo establece la Ley Micaela, en el afán de capacitar de manera obligatoria a los agentes estatales.
Aquí es importante resaltar la necesidad de contar con profesionales especializados, por cuanto se requiere poseer conocimientos específicos para advertir y dimensionar la situación de violencia que se les comunica.
También es cierto, y debe difundirse porque muchas veces es desconocido, que existen diversos órganos receptores de denuncias que una mujer inmersa en una situación de violencia puede acudir, como ser: autoridades policiales, Ministerio Público, juzgados y organismos administrativos de protección integral de derechos que se encuentren más cercanos al domicilio de la víctima.
En esa tesitura, me veo en la obligación de referir, en mi calidad de replicadora, que el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes cuenta con un programa dependiente del Superior Tribunal de Justicia denominado "Justicia y Sociedad Civil" aprobado por Acuerdo N°18, en el año 2011 que, entre los objetivos que se trazó, está el de capacitar a la sociedad sobre derechos fundamentales.
Y en esa misión, los replicadores del programa, a instancias generalmente de los establecimientos educativos, se desplazan a localidades y parajes a concientizar sobre diversos temas, como ser derechos de la mujer, Ley Micaela, derechos de niños, niñas y adolescentes, etc.
Desafío, cambiar patrones culturales
Para finalizar, ¿qué reflexión considera importante transmitir a la sociedad respecto de la violencia contra las mujeres y la necesidad de prevenirla?
Por último, quiero remarcar la importancia de modificar los patrones socioculturales que mantienen y perpetúan la violencia contra la mujer, en sus diferentes tipos y modalidades.
No se nace violento, la violencia es una conducta que se aprende; y es hora de cambiar, de "desaprender" y de evolucionar.
No debe ser una utopía la célebre frase de Rosa Luxemburgo, sino que debemos encaminarnos a concretarla: "Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres".