Radio Online
El desarrollo hidrocarburífero atraviesa una instancia judicial decisiva en el ámbito internacional. Mientras se define el alcance de la disputa, las empresas involucradas avanzan con la preparación de una explotación que podría comenzar en los próximos años.
El desarrollo hidrocarburífero atraviesa una instancia judicial decisiva en el ámbito internacional. Mientras se define el alcance de la disputa, las empresas involucradas avanzan con la preparación de una explotación que podría comenzar en los próximos años.
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas, quedó en el centro de una disputa internacional el 10 de noviembre de 2026, cuando Argentina y el Reino Unido comenzaron a exponer sus posiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania. El Gobierno argentino solicitó medidas provisionales para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en el área mientras se resuelve la controversia jurídica, en un escenario marcado por la disputa de soberanía y por el cronograma de perforaciones previsto para 2027.
La presentación argentina estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de Cancillería y agente del país ante el tribunal. Durante su exposición, aclaró que el objetivo no es que el organismo internacional determine a quién pertenecen las islas, sino que establezca medidas para evitar decisiones unilaterales sobre los recursos naturales mientras continúa el procedimiento de fondo.
La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido vulneran las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). También invoca las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocieron la existencia de la disputa de soberanía e instaron a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras se desarrollaban las negociaciones.
En concreto, la delegación solicitó cuatro medidas: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera mediante Sea Lion, evitar el otorgamiento de nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y adoptar medidas para proteger el medio marino.
El riesgo ambiental y las consecuencias para el Atlántico Sur
Uno de los principales argumentos presentados por Argentina estuvo relacionado con las posibles consecuencias ambientales de una explotación petrolera en la zona. Oyarzábal recordó que en abril de 2015 se produjo una falla en un preventor de reventones de un pozo exploratorio ubicado aproximadamente a 30 kilómetros al sur del yacimiento.
Además, la delegación citó un plan de contingencia de una de las empresas licenciatarias que estimó en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón en Sea Lion llegara a aguas argentinas no disputadas dentro de los 30 días posteriores al incidente.
El planteo apunta a que Argentina podría afrontar consecuencias ambientales derivadas de una actividad sobre la que sostiene que no tiene jurisdicción ni control. Por ese motivo, solicitó que el tribunal contemple medidas preventivas para preservar el ecosistema marino.
La controversia también incluyó cuestionamientos sobre el destino de los ingresos que podría generar el petróleo. Durante la audiencia, la representación argentina hizo referencia a documentos británicos de 1991 en los que el entonces ministro de Hacienda del Reino Unido sostenía que los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera debían corresponder al Tesoro británico.
A ese antecedente se sumó información presentada sobre julio de 2026, cuando se habría confirmado que las autoridades isleñas contemplaban compartir parte de esos ingresos para compensar gastos de defensa.
Otro elemento mencionado fue el Informe Anual 2025 de Navitas Petroleum, que informó la existencia de una cobertura de seguro contra riesgo político por 1.000 millones de libras esterlinas a favor de los prestamistas del proyecto. Este instrumento constituye uno de los elementos financieros relevantes para analizar las condiciones bajo las cuales se busca avanzar con la explotación.
La delegación británica estuvo encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, acompañada por un equipo de seis abogados. Su principal argumento fue cuestionar la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intervenir en la controversia.
El Reino Unido defendió el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y sostuvo que las medidas solicitadas por Argentina podrían provocar consecuencias económicas devastadoras para la población isleña. Según su exposición, una suspensión de las actividades comprometería miles de millones de libras en ingresos potenciales.
También cuestionó los argumentos ambientales argentinos al señalar que el país autorizó más de 400 pozos en el mar argentino. En respaldo de su posición política, la delegación recordó el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes apoyó mantener el estatus británico de las islas, con una participación del 92%.
Uno de los puntos centrales de la discusión es el calendario operativo de Sea Lion. Argentina advirtió sobre la posibilidad de que las perforaciones comiencen en enero de 2027, mientras que la representación británica sostuvo que no se iniciarían antes del 21 de marzo de ese año. La extracción de petróleo, de acuerdo con el planteo del Reino Unido, no comenzaría antes de marzo de 2028.
En ese escenario, la plataforma semisumergible Noble Endeavour ya fue contratada para las operaciones previstas. Las tareas de exploración en el área se desarrollan desde 1998 y el proyecto se encuentra en una etapa en la que las decisiones judiciales pueden tener consecuencias directas sobre su planificación.
La intervención del TIDM se limita a las medidas provisionales solicitadas por Argentina. La controversia de fondo deberá continuar mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar, debido a que ambos países eligieron distintos mecanismos para resolver sus diferencias: Argentina optó por el Tribunal del Mar y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia.
Las partes ya designaron a sus árbitros y tenían previsto avanzar el 12 de noviembre con las consultas para completar la integración del tribunal arbitral.
La audiencia ante el TIDM continuará el 11 de noviembre, con una segunda ronda de exposiciones de ambas delegaciones. La decisión sobre las medidas provisionales determinará si se ordenan todas las restricciones solicitadas por Argentina, si se dispone una solución parcial o si se rechaza el pedido.
