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Esta semana terminaron las sesiones del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) por sus siglas en inglés, en el que los países revisan la evolución de la implementación de la Agenda 2030, programa de acción aprobado en la Asamblea General en septiembre 2015 por los países del mundo…
Esta semana terminaron las sesiones del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) por sus siglas en inglés, en el que los países revisan la evolución de la implementación de la Agenda 2030, programa de acción aprobado en la Asamblea General en septiembre 2015 por los países del mundo que asumieron el compromiso de implementarla a través de la presencia de los presidentes y primeros ministros. Entre los firmantes estaba Argentina, representada por la Presidente y esto implicó asumir la Agenda como la ruta para el Desarrollo a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODG).
A partir del 2016, anualmente en julio, los países se reúnen en el Foro Político de Alto Nivel para revisar y analizar la marcha de la implementación. Algunos países presentan Informes Nacionales Voluntarios (VNR), pero todos participan en las consideraciones sobre un grupo de ODGs, que se analizan cada año. Los gobiernos acuerdan una Declaración Ministerial que plantea la visión ese año y las perspectivas futuras.
Argentina, hasta la asunción del gobierno de Milei, tenía un área en la jefatura de gabinete que promovía, controlaba y supervisaba la implementación de la Agenda en todo el país, coordinando la actividad de los distintos ministerios y áreas gubernamentales y también las actividades de las provincias. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil también interactuábamos y hacíamos aportes y reclamos. Los años que Argentina presentó VNR, siempre las organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros actores involucrados pudieron adjuntar informes alternativos con la visión propia de las ONGs y esas organizaciones que incluían acuerdos y divergencias con las opiniones del gobierno.
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Con el advenimiento del gobierno de la LLA, Argentina se retiró de la Agenda 2030, ya que considero se refería a temas y prioridades que el gobierno no compartía como la defensa de los Derechos Humanos, de la igualdad de género, las inequidades entre países y dentro del país, y otros aspectos que el Gobierno niega existen y considera meros intereses de sectores no reconocidos ni considerados por ellos. Esto significa que desde hace tres años no contamos con estadísticas y datos según plantea la Agenda 2030. Si coinciden, no necesariamente abarcan todo el país, ni permiten comparar con la situación previa. Esto dificulta medir la evolución de los ODS, por ejemplo, en temas como la pobreza, el hambre, la cobertura de salud, entre otros. La comparación de la evolución de los indicadores es fundamental para poder avanzar con antecedentes y no meramente a ciegas. Esto implica que el gobierno no es más responsable de lograr el cumplimiento de los ODS y así se libera de ser tenido en cuenta, tanto ya sea para reconocer avances o retrocesos y medirlos. A su vez, esto permite ajustar la modalidad de la implementación para adecuarla a fin de mejorar y acercarse al resultado propuesto. Desde la interrupción del seguimiento de la implementación esto es imposible; algo que permite ignorar los retrocesos y que le conviene al Gobierno, que de esa forma elude cualquier forma de rendición de cuentas.
El lema de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás” y, en realidad, este Gobierno deja a mucha ciudadanía atrás. Por eso, no reconocer la Agenda 2030 es una forma de no ocuparse de identificar quiénes se quedan atrás y menos averiguar por qué.
Entre quienes quedan atrás, el grupo más importante es el de las personas adultas mayores, que en su gran mayoría están jubiladas o retiradas de la actividad productiva. El aumento de la pobreza en este grupo incluye a quienes no cubren con los ingresos la canasta básica de alimentos, pero que también tienen necesidades de atención de la salud que no pueden atenderse o lo hacen en forma muy precaria, porque la obra social que las cubre, el PAMI, está atravesando una disminución de fondos que limita las prestaciones tanto de diagnóstico y tratamiento, como de provisión de medicamentos. Se redujo el tipo de medicamentos gratuitos y también el porcentaje del costo que cubre en los que incluye la cobertura. La característica es que quienes cobran la jubilación mínima, que son alrededor de más del 60% de todas las personas jubiladas, entre quienes las mujeres predominan ampliamente, no saben si comprar alimentos o medicamentos porque los ingresos no les alcanzan para ambos.
En el área de la salud en general, un importante grupo de la población queda atrás. El aumento del desempleo, así como la insuficiencia de los ingresos, obliga a esta población a recurrir a los servicios públicos de salud. Ya sea porque junto al empleo perdieron la cobertura de la seguridad social o porque no pueden pagar los aportes extras que les cobran en la seguridad social, los servicios públicos están sobrecargados, con largas listas de espera para realización de estudios u operaciones y demoras para recibir tratamientos y medicamentos. Esto tiene un impacto en el agravamiento de enfermedades e incluso de la muerte, además de quedar con secuelas que se hubieran evitado si la atención hubiera sido adecuada.
Abandonar la Agenda 2030 es un mecanismo de impunidad del Gobierno. Las denuncias legales existen y son un recurso; poco efectivo, porque el Poder Judicial no es independiente del poder político, entonces es impune y no cumple plenamente la función de control y defensa de la ley.
