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El oficialismo confía en el apoyo de los gobernadores para avanzar en la Cámara alta. Sin embargo, los tiempos apremian y los números están muy justos.
El oficialismo confía en el apoyo de los gobernadores para avanzar en la Cámara alta. Sin embargo, los tiempos apremian y los números están muy justos.
En una verdadera carrera contra el reloj, el Gobierno nacional avanza con las negociaciones políticas en el Senado de la Nación con el claro objetivo de suspender o eliminar las elecciones PASO antes de fin de año. Para lograr esta vital reforma, el oficialismo, impulsado por el jefe de Gabinete Diego Santilli, busca asegurar en los próximos días el apoyo clave de los gobernadores y bloques aliados para modificar el sistema electoral.
El ala política de la Casa Rosada desborda de optimismo y asegura que a partir de la próxima semana comenzarán a escucharse expresiones públicas a favor por parte de los dirigentes del interior. El proyecto clave comenzará a discutirse formalmente dentro de una semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el legislador fueguino Agustín Coto.
Para lograr la aprobación en el recinto, el oficialismo necesita alcanzar el número mágico de 37 votos. Actualmente, el bloque violeta cuenta con 21 integrantes, por lo que inició un intenso diálogo con la Unión Cívica Radical (UCR), que tiene 10 bancas, y con el PRO, que aporta otras 3. Mientras que desde el espacio amarillo insisten en que las primarias sigan existiendo, pero dejen de ser obligatorias, el radicalismo aún no exhibió una postura definida.
Pese a la confianza de Santilli, la interna dentro del oficialismo sumó un capítulo de tensión. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encendió las alarmas hacia adentro al advertir que los votos para suspender las primarias aún no están garantizados, desafiando a la Jefatura de Gabinete a que muestre los respaldos reales.
El gran enemigo del Gobierno en esta jugada parlamentaria es el almanaque. El período de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre, por lo que ya se descuenta que se convocarán a sesiones extraordinarias por tercer año consecutivo.
A esta presión legislativa se le suma la de la Justicia Electoral, que el pasado 8 de septiembre dejó en claro que el Congreso se encuentra en una fecha límite para cambiar las reglas de juego y exigió mediante una acordada que cualquier modificación "sea sancionado con anticipación suficiente para poder implementarlo", respetando los estándares internacionales.
