
La Casa Rosada busca concentrar el debate parlamentario en un grupo reducido de iniciativas durante noviembre y diciembre. Sin embargo, las diferencias con la oposición y los bloques aliados complican el avance de otras propuestas.
La Casa Rosada busca concentrar el debate parlamentario en un grupo reducido de iniciativas durante noviembre y diciembre. Sin embargo, las diferencias con la oposición y los bloques aliados complican el avance de otras propuestas.
El Gobierno de Javier Milei intensificará su actividad legislativa durante las últimas semanas de noviembre y las sesiones extraordinarias de diciembre, con el objetivo de avanzar en la suspensión de las PASO, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la iniciativa sobre la soberanía de Malvinas y el Presupuesto 2025. La estrategia oficialista, que involucra a la Casa Rosada y a las autoridades de ambas cámaras del Congreso, apunta a conseguir los votos necesarios para aprobar estas iniciativas antes del cierre del año, mientras una decena de proyectos podría quedar postergada hasta 2027.
El primer movimiento tendrá lugar el martes 17 de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada por el legislador libertario Agustín Coto, se reúna para avanzar con el debate de la reforma política. El oficialismo pretende obtener dictamen y llevar la iniciativa al recinto el jueves 26, con la intención de conseguir la media sanción para la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
La iniciativa cuenta con el impulso de Karina Milei, una de las principales referentes del armado político del Gobierno. No obstante, el tratamiento también expone diferencias dentro del oficialismo, donde existen cuestionamientos sobre el nivel de prioridad que otros sectores le asignan al proyecto. En ese escenario, Patricia Bullrich aparece vinculada a una postura que no tendría la suspensión de las primarias entre sus principales objetivos legislativos.
La discusión requiere una mayoría de 129 votos afirmativos para modificar las normas electorales, por lo que el oficialismo deberá sostener las negociaciones con los bloques aliados. Desde Unión por la Patria, el jefe de la bancada en Diputados, Germán Martínez, mantiene su rechazo a la eliminación de las PASO.
En paralelo, el miércoles 18 de noviembre, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para tratar dos iniciativas: la Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La primera cuenta con perspectivas favorables para avanzar, aunque uno de sus puntos genera controversias entre los legisladores.
Las objeciones se concentran en el Título VII del proyecto vinculado con Malvinas, debido a los posibles efectos que sus disposiciones podrían tener sobre la libertad de expresión y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Las diferencias podrían condicionar el debate, pese a que la iniciativa se encamina a obtener la aprobación de la Cámara baja.
Otro de los asuntos centrales será el Presupuesto 2025, cuyo tratamiento está previsto para el miércoles 25 de noviembre en Diputados. Al momento de la publicación, el proyecto todavía no contaba con dictamen, mientras el oficialismo buscaba acercar posiciones con los espacios que pueden resultar determinantes para alcanzar la mayoría.
El debate presupuestario concentra varios reclamos de los bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. Las demandas incluyen el reconocimiento de deudas por coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayores recursos para Discapacidad y universidades, financiamiento para concesiones viales, aportes a las cajas previsionales provinciales y rebajas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La negociación política quedó en manos de distintos referentes del oficialismo, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que participa de las conversaciones para reunir los respaldos parlamentarios. También intervienen Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo «Lule» Menem, dentro de la estrategia política del Gobierno.
Una vez que el Presupuesto avance en Diputados, el oficialismo buscará completar su tratamiento en el Senado durante diciembre. La aprobación de la ley representa una prioridad para la administración de Milei, tanto por su impacto sobre la planificación económica como por la señal de previsibilidad que pretende transmitir a los mercados.
Mientras concentra sus esfuerzos en las iniciativas consideradas prioritarias, el Gobierno enfrenta dificultades para impulsar otras propuestas que ya atravesaron alguna instancia parlamentaria. Entre ellas aparece el Super RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados y contempla beneficios fiscales durante 30 años para grandes inversiones en nuevas industrias, con sectores como los centros de datos y la inteligencia artificial entre sus posibles destinatarios.
El principal obstáculo es el reclamo de los bloques aliados para incorporar mecanismos que favorezcan a los proveedores locales. Esa condición abrió una negociación que podría demorar su tratamiento en el Senado.
Una situación similar atraviesa la Ley de Biocombustibles, aprobada en la Cámara alta, pero sin consenso para avanzar en Diputados. El conflicto enfrenta intereses productivos regionales: por un lado, los productores de Córdoba y Santa Fe y, por otro, las pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, que reclaman mayores garantías de protección. El legislador Carlos Gutiérrez cuestionó las dificultades para destrabar el dictamen.
También permanece sin avances concretos la nueva Ley de Salud Mental, que ya fue aprobada en el Senado, pero todavía no comenzó su discusión en comisión en la Cámara baja.
En materia de discapacidad, la iniciativa cuenta con un amplio consenso en Diputados, aunque todavía debe atravesar el tratamiento en el Senado. Su avance también está condicionado por las negociaciones presupuestarias y las diferencias sobre el financiamiento necesario para sostener las prestaciones.
A ese conjunto se suman el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada Ley Hojarasca. Las tres iniciativas consiguieron media sanción en Diputados, pero continúan sin dictamen en el Senado, lo que reduce sus posibilidades de ser aprobadas antes de finalizar el año.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes tampoco muestra perspectivas claras de tratamiento inmediato. La falta de avances parlamentarios lo ubica entre las propuestas que podrían perder impulso durante el cierre del período legislativo.
Por su parte, la Ley de Ludopatía enfrenta resistencias de las provincias, que cuestionan las restricciones previstas para la publicidad de las apuestas legales. Los gobiernos provinciales advierten sobre el posible impacto de esas medidas en sus recursos, un punto que dificulta la construcción de acuerdos para avanzar con la iniciativa.