
Una investigación detectó operaciones millonarias vinculadas con el acceso de empresas chinas a tecnología avanzada. Malasia y Singapur quedaron en el centro de las sospechas por el movimiento de servidores y capacidad informática.
Una investigación detectó operaciones millonarias vinculadas con el acceso de empresas chinas a tecnología avanzada. Malasia y Singapur quedaron en el centro de las sospechas por el movimiento de servidores y capacidad informática.
Una red de empresas y centros de datos con operaciones en Malasia, Singapur e Indonesia quedó bajo investigación por presuntamente facilitar el acceso de compañías chinas a procesadores avanzados de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. El caso involucra operaciones por miles de millones de dólares y abrió nuevas preocupaciones sobre el control de las exportaciones tecnológicas.
Según los datos financieros disponibles, Nvidia registró ingresos provenientes de China por USD 12.400 millones durante los seis meses finalizados el 26 de julio, equivalentes al 7% de su facturación global en ese período. Sin embargo, una estimación de Culper Research sostuvo que más del 20% de los ingresos de la compañía durante el último ejercicio fiscal estuvieron impulsados por clientes chinos, incluidos aquellos que contrataban capacidad informática fuera de China.
Uno de los principales puntos de atención es Malasia, que recibió más de USD 34.000 millones en inversiones para centros de datos. El país, con una población aproximada de 35 millones de habitantes, se transformó en un polo regional de infraestructura informática que también busca responder a la demanda de empresas chinas.
Entre las compañías involucradas aparece Vena Group, que construye un complejo de centros de datos en Senawang, con una superficie equivalente a 117 campos de fútbol. El proyecto cuenta con el respaldo de BlackRock y tendría entre sus futuros usuarios a Alibaba.
Otra firma bajo observación es AolaniCloud, un proveedor de servicios de computación en la nube de Singapur y socio de Nvidia. La empresa consiguió financiamiento para instalar aproximadamente USD 2.500 millones en equipos informáticos en Malasia. Su principal cliente es ByteDance, mientras que DayOne, otra compañía con operaciones en Malasia e Indonesia, concentra casi el 70% de su actividad en una sola empresa tecnológica, identificada por fuentes como la matriz de TikTok.
La investigación también puso el foco en Megaspeed, una empresa vinculada con Alice Huang. Registros examinados por The Wall Street Journal indican que organizó envíos de chips Nvidia por casi USD 12.000 millones hacia empresas chinas entre marzo de 2024 y junio de 2025. Las órdenes comprendían varios cientos de miles de procesadores, aunque no se determinó cuántos llegaron efectivamente a destino.
El trasfondo del caso son las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados. Washington comenzó a limitar el acceso chino a estos procesadores en 2022 y, en diciembre de 2023, la entonces secretaria de Comercio, Gina Raimondo, defendió la prohibición de vender los chips más avanzados a ese país.
En mayo de 2025, la administración de Donald Trump revocó un plan impulsado por el gobierno de Joe Biden que buscaba limitar las importaciones de procesadores por parte de países del sudeste asiático y otras regiones. Posteriormente, Nvidia estableció recomendaciones para que los clientes chinos no representaran más de entre el 30% y el 49% de la actividad de proveedores de servicios de nube extranjeros.
Ahora, el Departamento de Comercio estadounidense, encabezado por Howard Lutnick, estudia nuevas restricciones sobre Malasia, Indonesia y Singapur. La preocupación es que la infraestructura instalada en esos países pueda utilizarse para sortear los controles comerciales y permitir que empresas chinas accedan indirectamente a capacidad informática avanzada.
En paralelo, Malasia inició una investigación sobre Megaspeed y su filial local por posibles reexportaciones de chips. En Estados Unidos, la causa judicial también alcanzó a Yih-Shyan «Wally» Liaw y otras personas, acusadas de conspirar para enviar servidores a China a través de una empresa del sudeste asiático.
Liaw se declaró no culpable y tiene previsto enfrentar un juicio en 2027. Super Micro Computer, compañía vinculada con el expediente por el presunto contrabando de servidores, no fue acusada y aseguró haber sido víctima de las operaciones investigadas.