
Las nuevas audiencias del Tribunal Oral Federal de Corrientes ponen la lupa sobre las pistas iniciales y los operativos de rastrillaje que marcaron el expediente desde el primer día.
Las nuevas audiencias del Tribunal Oral Federal de Corrientes ponen la lupa sobre las pistas iniciales y los operativos de rastrillaje que marcaron el expediente desde el primer día.
El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa su curso con una batería de testimonios cruciales en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Ceroleni, en el marco de un debate oral y público que mantiene en vilo a toda la sociedad argentina y que busca esclarecer cada uno de los oscuros recovecos de la investigación. A más de dos años y cinco meses de la sustracción del menor, y tras recientes movilizaciones en reclamo de justicia en la ciudad de Goya, las miradas de las partes vuelven a posarse con rigor quirúrgico sobre la denominada "zona cero" en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio. La agenda judicial de la semana contempla las declaraciones de nueve testigos considerados clave para reconstruir las primeras horas tras la desaparición: entre ellos se destacan el máximo responsable de Defensa Civil provincial, la propietaria del campo lindero al de la abuela Catalina —donde se localizó el botín del niño— y diversos efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales y federales que participaron tanto de los rastrillajes iniciales como de los allanamientos a los principales imputados.
La atención de los magistrados, la fiscalía y las querellas se centra de manera rigurosa en esclarecer la veracidad, la cadena de custodia y el contexto exacto en el que se produjeron los hallazgos materiales durante los primeros días de búsqueda. Aquellos procedimientos iniciales abrieron en su momento múltiples líneas de investigación, hipótesis contrapuestas y profundas sospechas sobre la posible implantación de pruebas falsas destinadas a desviar la pesquisa oficial, simular un extravío accidental en el monte y confundir a los investigadores. Entre los convocados a prestar declaración testimonial figura Bruno Lovinson, titular del Centro Operativo de Emergencias (COE) y jefe de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, cuyo aporte resultará determinante para detallar la logística, la distribución de los recursos humanos y la coordinación de los rastrillajes masivos desplegados en los campos y esteros de la zona rural desde el inicio de la emergencia.
Del mismo modo, el tribunal escuchará el testimonio técnico de Julia Soledad Bradilo, licenciada en psicología integrante del Cuerpo Forense del Poder Judicial de Corrientes, quien tuvo una intervención directa en el acompañamiento profesional, la contención y las entrevistas realizadas a los menores de edad del entorno de Loan que compartieron el almuerzo y la caminata hacia el naranjal momentos antes de que se perdiera todo rastro del pequeño. Junto a ella fue citado Armando Dalmacio Insaurralde, quien actuó como testigo formal durante ese delicado proceso de acompañamiento y entrevista a los niños, una instancia cuya validez y espontaneidad fue objeto de intenso escrutinio a lo largo de toda la etapa de instrucción.
Uno de los puntos más sensibles de la jornada girará en torno a la reconstrucción minuciosa del hallazgo del calzado de la víctima. Para ello declarará Juan Carlos Monteros, el aspirante a cabo de policía que participó activamente en el rastrillaje del viernes 14 de junio de 2024 y estuvo presente en el instante preciso en que se encontró el botín hundido en el barro, una escena que los peritos y fiscales sospechan que pudo haber sido montada de manera deliberada para plantar evidencia. En estrecha vinculación con este episodio, prestará declaración Laura Carlota Eliacopoulos, propietaria del campo lindante al predio de la abuela Catalina donde apareció el calzado. Su testimonio es considerado una pieza geográfica e institucional determinante para analizar los accesos al terreno, el estado de los alambrados, los movimientos de vehículos o personas ajenas al lugar y la delimitación exacta de las áreas que ya habían sido rastrilladas previamente sin resultados positivos.
La lista de comparecientes se completa con funcionarios policiales y testigos de actuación que intervinieron en las medidas de prueba más urgentes dispuestas en el expediente. Entre ellos se encuentran Daniela Soledad Segovia, efectiva de la Policía de Corrientes con prestación de servicios en la Comisaría de 9 de Julio, y Cristian Espina, integrante de la Policía Federal Argentina perteneciente a la seccional Goya, cuya participación permitirá contrastar el accionar y la articulación entre ambas fuerzas en el terreno.
Los chats de Elizabet Cutaia
La trama judicial del caso Loan suma nuevos y complejos ribetes institucionales a partir de la revelación de los chats, transcripciones de mensajes y registros de voz atribuidos a Elizabet Cutaia, la abogada fuertemente cuestionada y señalada por la fiscalía federal como una de las presuntas líderes del grupo acusado de entorpecer la instrucción y manipular sistemáticamente a testigos clave y menores en los albores del expediente. Las conversaciones peritadas en el marco de la causa conexa sacan a la luz los supuestos acuerdos económicos sobre pagos, el financiamiento de estadías, la meticulosa coordinación de declaraciones testimoniales estratégicas y las directrices precisas impartidas dentro de la denominada "banda del hotel". Este núcleo de aparente asistencia legal y contención, que se instaló en la localidad correntina de 9 de Julio durante las primeras semanas de búsqueda bajo el ropaje de una organización no gubernamental dedicada a la niñez, operó bajo la atenta lupa de los investigadores federales con el objetivo de condicionar relatos, fabricar coartadas, desviar la verdad material de los hechos y garantizar la impunidad de ciertos sectores vinculados al poder local.
De acuerdo con las evidencias incorporadas al legajo judicial, los intercambios telefónicos reflejan una estructura organizada con reparto claro de roles, donde se digitaba qué debían decir los familiares y allegados frente a los magistrados y los medios de comunicación, al tiempo que se buscaba aislarlos de la asistencia jurídica oficial y de las fuerzas de seguridad federales. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, el contenido de estos dispositivos electrónicos constituye una prueba contundente del modo en que se intentó construir un relato paralelo para sostener hipótesis falsas y obstruir el avance de las pericias más sensibles sobre el paradero del niño.
Lo que agrava sustancialmente la situación procesal de Cutaia y eleva el voltaje político-judicial de la causa es su doble rol profesional: según surge de los registros judiciales, la letrada también ejerce la defensa técnica de un presunto jefe narco investigado en expedientes federales de alta complejidad y crimen organizado.
Asimismo, comparecerán Marcelo Javier Quintana, quien ofició como testigo de actuación en dos allanamientos y el sargento Juan López, efectivo de la Comisaría local que estuvo en los rastrillajes.
Tapa del Miércoles 18 de Noviembre de 2026