
La iniciativa será uno de los temas centrales de la penúltima sesión ordinaria de la Cámara baja. Propone bloquear señales móviles en las unidades penitenciarias y regular las comunicaciones de los internos mediante teléfonos fijos.
La iniciativa será uno de los temas centrales de la penúltima sesión ordinaria de la Cámara baja. Propone bloquear señales móviles en las unidades penitenciarias y regular las comunicaciones de los internos mediante teléfonos fijos.
La Cámara de Diputados de Corrientes se encamina a debatir y dar media sanción al proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las cárceles de la provincia. La iniciativa forma parte de los temas previstos para la penúltima sesión ordinaria del año y propone instalar inhibidores de señales de telefonía e internet en los establecimientos penitenciarios y establece un sistema controlado de comunicaciones los presos.
El proyecto apunta a evitar que los internos puedan organizar delitos desde las unidades carcelarias mediante dispositivos ingresados ilegalmente. Entre las modalidades que buscan combatir se encuentran las extorsiones a comercios y domicilios, las balaceras, los secuestros virtuales y la continuidad de operaciones de bandas delictivas y narcotraficantes desde el interior de las prisiones.
La propuesta, sin embargo, no plantea eliminar el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familiares, abogados, allegados y representantes de instituciones vinculadas con su reinserción social. Para eso, establece que las llamadas deberán realizarse exclusivamente mediante teléfonos fijos instalados en los establecimientos penitenciarios y bajo supervisión del personal responsable.
De acuerdo con el articulado, las comunicaciones estarán habilitadas entre las 8 y las 19, con una duración máxima de cinco minutos por llamada.
El mecanismo propuesto establece que, antes de realizar una comunicación, cada interno deberá informar sus datos personales, el número al que desea llamar, la identidad del destinatario y el vínculo que mantiene con esa persona. También tendrá que indicar la duración aproximada y si se trata de una llamada con cobro revertido.
Una operadora del establecimiento penitenciario tendrá a su cargo registrar esos datos y dejar constancia de cada comunicación. Además, quien reciba el llamado será informado de que se trata de una comunicación proveniente de una cárcel, conocerá el nombre del interno y podrá decidir si acepta o rechaza la llamada.
El proyecto también contempla mecanismos de intervención ante posibles irregularidades. Si existen sospechas fundadas de que una comunicación fue utilizada para cometer un delito, la autoridad penitenciaria deberá realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia e iniciar un sumario disciplinario.
Otro punto establece que las denuncias por posibles delitos cometidos desde las cárceles deberán preservar la identidad de quienes las realicen. La reserva deberá alcanzar los datos personales, el domicilio y cualquier otra referencia que permita identificar al denunciante.
El Ministerio de Gobierno y Justicia será la autoridad de aplicación de la futura norma y deberá gestionar acuerdos con las empresas de telefonía para garantizar su implementación. También se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para adquirir e instalar los equipos.
Un proyecto que vuelve al debate
Los fundamentos de la iniciativa advierten sobre el crecimiento de delitos que, según sus impulsores, se coordinan desde las cárceles mediante teléfonos celulares. La preocupación se concentra especialmente en las estafas telefónicas y los secuestros virtuales, además de las amenazas y extorsiones que pueden dirigirse contra personas y comercios.
La propuesta busca cerrar esa posibilidad sin dejar a los detenidos incomunicados. En ese sentido, sostiene que el Estado debe garantizar el contacto con el exterior, pero mediante canales institucionales que permitan controlar las comunicaciones y colaborar con las investigaciones judiciales cuando sea necesario.
El proyecto ya había sido presentado anteriormente, pero perdió estado parlamentario al no avanzar dentro de los plazos legislativos. Ahora vuelve a la agenda de Diputados con la intención de obtener media sanción antes del cierre del período ordinario.
Además de la regulación de las comunicaciones en las cárceles, la Cámara baja tiene otros proyectos con dictamen favorable que quedaron en condiciones de avanzar hacia el recinto.
Entre ellos se encuentran la creación de un protocolo provincial para abordar situaciones de crisis de salud mental y un programa de valorización y fomento de la producción lanera correntina.
También figuran iniciativas para declarar Patrimonio Cultural provincial a las imágenes religiosas de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, de Curuzú Cuatiá, y a la imagen de Nuestro Señor Hallado.
En materia sanitaria, se incorporan propuestas para establecer el Día Provincial de Concientización sobre la Parálisis Cerebral y otras afecciones neuromotoras y del neurodesarrollo, además de adherir a la jornada nacional de concientización sobre el linfoma, que se recuerda cada 15 de septiembre.
Por último, obtuvo despacho favorable una modificación de la legislación laboral provincial. La mayoría de estos proyectos recibió recomendaciones de cambios durante su tratamiento en las comisiones legislativas.