
Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional tras una orden del Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres. La investigación se inició a partir de datos aportados por la Uatre en articulación con el Renatre y la división específica de Arca.
Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional tras una orden del Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres. La investigación se inició a partir de datos aportados por la Uatre en articulación con el Renatre y la división específica de Arca.
Un total de once trabajadores rurales mayores de edad fueron asistidos en el marco de dos allanamientos realizados en establecimientos agropecuarios del interior correntino, en el contexto de una causa federal que investiga presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral. Los operativos tuvieron lugar en predios situados en la localidad de Felipe Yofre y en el paraje Pancho Cué, donde los efectivos constataron severas irregularidades.
Las diligencias judiciales fueron llevadas adelante por personal de Gendarmería Nacional Argentina, en cumplimiento de una orden librada por el Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres. Durante las inspecciones en ambos campos, los investigadores detectaron condiciones de extrema precariedad tanto en el plano laboral como en el habitacional, motivo por el cual se activaron los protocolos de asistencia para los once peones hallados en el lugar. Asimismo, se procedió al secuestro de documentación contable y otros elementos de prueba que resultarán clave para el avance del expediente.
El origen de la pesquisa estuvo vinculado al trabajo territorial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). A partir de la información recabada por el gremio sobre posibles vulneraciones de derechos en el sector, se articuló una mesa de fiscalización e investigación junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la División de Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
Desde las entidades intervinientes remarcaron que este tipo de resultados expone la necesidad de sostener la presencia estatal y el control en las zonas rurales de la provincia. En ese sentido, destacaron que el cruce de datos entre la representación sindical y los organismos nacionales de fiscalización permite transformar las denuncias territoriales en intervenciones judiciales concretas para erradicar el trabajo informal y proteger la integridad de los obreros del campo.