
La Cámara de Diputados de Corrientes busca avanzar con proyectos para prohibir el uso de celulares y bloquear señales en las unidades penales. Mientras se int
La Cámara de Diputados de Corrientes busca avanzar con proyectos para prohibir el uso de celulares y bloquear señales en las unidades penales. Mientras se intenta poner fin a las estafas telefónicas y extorsiones que se organizan desde el encierro, se enciende una discusión profunda sobre la efectividad de la tecnología, el costo financiero y, fundamentalmente, la falta de controles estrictos a los encargados de la custodia.
La Cámara de Diputados de Corrientes avanza en el tratamiento de iniciativas parlamentarias que proponen prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia, acompañadas de la instalación de inhibidores de señal. Con esta medida, Corrientes busca convertirse en la tercera provincia del país en implementar el bloqueo total de comunicaciones móviles en las cárceles, con el objetivo central de neutralizar las estafas virtuales, secuestros ficticios y extorsiones que se coordinan desde los pabellones hacia la ciudadanía.
Para evitar la incomunicación absoluta y preservar el derecho legal de los internos a estar en contacto con sus familias o abogados, los proyectos contemplan reemplazar el celular por un sistema de telefonía fija bajo estricta supervisión del servicio penitenciario. Los llamados estarían acotados a la franja horaria de 8 a 19 horas, con un máximo de cinco minutos de duración, y requerirán informar previamente la identidad y el vínculo con el destinatario, quien además será advertido de que atiende una llamada proveniente de un penal.
¿Alcanza con una ley para apagar las estafas desde las celdas?
Ahora bien, cuando llevamos esta discusión a la calle o a la mesa familiar, ¿de verdad creemos que sancionar una prohibición en el recinto legislativo resuelve el problema por sí solo? El debate que se vive en la sociedad correntina y en los medios deja en evidencia que la cuestión es mucho más profunda y compleja de lo que parece a simple vista.
Por un lado, nadie duda de la indignación y la urgencia de la ciudadanía: es intolerable que un delincuente utilice un teléfono desde una celda para seguir delinquiendo o extorsionando a comerciantes y vecinos indefensos. Sin embargo, al momento de pensar en soluciones reales, surgen preguntas inevitables que nos involucran a todos como comunidad:
El punto neurálgico: ¿quién controla a los que deben controlar? Acá es donde la discusión toca su fibra más sensible. ¿De qué sirve gastar fortunas en tecnología si los aparatos o los chips siguen entrando a los pabellones? En el debate público resuena una certeza incómoda: ningún celular, cargador o chip ingresa a una celda por arte de magia. La realidad demuestra que existe una evidente falla de controles o directamente complicidad en la custodia penitenciaria. ¿No deberíamos empezar por ser extremadamente estrictos con los guardiacárceles y aplicar sanciones ejemplares al personal que hace la «vista gorda» antes de confiar ciegamente en un bloqueo tecnológico?
¿Quién paga los inhibidores y si realmente se van a instalar? Adquirir y mantener equipos de inhibición de señal exige un desembolso millonario por parte del Estado. Si los recursos no están garantizados, ¿no corremos el riesgo de aprobar una norma bien intencionada que termine cajoneada o sin reglamentar por falta de presupuesto, como ya ha ocurrido en otras oportunidades?
La trampa tecnológica: Por otra parte, ¿alcanza con restringir una línea de teléfono? Hoy un dispositivo móvil puede conectarse a redes Wi-Fi o utilizar aplicaciones sin necesidad de poseer un chip activo. Si no se abordan los dispositivos en su totalidad ni los controles de infraestructura, los delincuentes más astutos seguirán encontrando grietas. De hecho, en provincias vecinas donde se aplicaron normativas similares, los llamados delictivos desde el encierro continuaron existiendo.
La realidad carcelaria y los derechos de comunicación: Finalmente, existe una postura que advierte sobre la sobrepoblación en los penales y la necesidad de resguardar los lazos familiares y la contención legal, garantizando que el sistema de telefonía fija funcione con total efectividad para evitar tensiones innecesarias en el sistema penitenciario.
En definitiva, la discusión pone sobre la mesa una encrucijada crucial para Corrientes: de poco servirá invertir en tecnología de avanzada o sancionar normativas estrictas si no se erradica de raíz la complicidad interna que permite el ingreso de los aparatos a las celdas. Con la iniciativa parlamentaria en marcha, la sociedad correntina sigue de cerca un debate donde se cruzan la urgencia de frenar el delito, el destino de los fondos públicos y la efectividad real de los controles del Estado.