
La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la ley que declara el Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio provincial por 180 días, con posibilidad de prorrogarse por un período igual si continúan los eventos críticos derivados de la Corriente del Niño.
La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la ley que declara el Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio provincial por 180 días, con posibilidad de prorrogarse por un período igual si continúan los eventos críticos derivados de la Corriente del Niño.
La norma contempla situaciones que puedan afectar los recursos naturales, la seguridad, la propiedad, la producción, el sistema energético, las vías de comunicación y la vida e integridad de las personas. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigencia.
Durante el debate, el diputado Norberto Ast destacó la necesidad de avanzar con la medida ante los pronósticos de precipitaciones para los próximos meses, incluso hasta abril de 2027. También mencionó la preocupación por las localidades ubicadas en zonas ribereñas, entre ellas Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina.
Por su parte, Ricardo Leconte sostuvo que, aunque habitualmente es contrario a las declaraciones de emergencia, en este caso consideró necesario acompañar la iniciativa. Advirtió sobre los posibles efectos de las lluvias en la vida de los habitantes, sus bienes, la producción ganadera, los caminos y las ciudades.
Comunicaciones telefónicas en las cárceles
En la misma sesión, Diputados otorgó media sanción al proyecto que regula las comunicaciones telefónicas de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios provinciales. La iniciativa, presentada por la legisladora Lorena Lazaroff e integrada con aportes de Ricardo Leconte, busca prevenir delitos cometidos mediante el uso ilegal de celulares desde las unidades carcelarias.
El texto prohíbe el ingreso, la tenencia y la utilización no autorizada de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación móvil dentro de las cárceles. A su vez, establece que los contactos habilitados con familiares, allegados, abogados y representantes de instituciones deberán realizarse mediante teléfonos fijos analógicos, bajo control y monitoreo del Servicio Penitenciario.
La propuesta también contempla la instalación de sistemas tecnológicos para detectar dispositivos móviles activos en las unidades penitenciarias. Entre sus disposiciones, prevé el bloqueo de los equipos no autorizados mediante sus identificaciones IMEI e IMSI, además de sanciones para los agentes penitenciarios y las personas que incumplan la futura normativa.
Al fundamentar el proyecto, Lazaroff señaló que el objetivo es evitar amenazas, estafas, extorsiones, fraudes y secuestros virtuales que pueden organizarse desde las cárceles. La legisladora remarcó que estas modalidades representan un riesgo para distintos sectores de la población, especialmente adultos mayores y jóvenes.
Armas de letalidad reducida para las fuerzas de seguridad
Otro de los proyectos aprobados durante la sesión fue el presentado por Ricardo Leconte (h), que establece un marco regulatorio para la dotación, portación y uso de armas de letalidad reducida por parte de las fuerzas de seguridad de Corrientes.
La iniciativa contempla herramientas alternativas e intermedias al uso de armas reglamentarias, con el propósito de proteger tanto a la ciudadanía como al personal policial y penitenciario durante los procedimientos.
Además, prevé la elaboración de un catálogo de dispositivos homologados por el Ministerio de Seguridad y la incorporación de mecanismos de registro y transparencia operativa, junto con disposiciones vinculadas a la protección laboral e institucional de los agentes.
Reconocimiento a un periodista correntino
Por último, la Cámara aprobó una declaración de interés para reconocer al periodista Jaime Meza, del diario El Libertador, quien obtuvo el Primer Premio ADEPA 2026 en la categoría Periodismo de Investigación por su trabajo «Del hambre al negocio: cómo el abigeato se convirtió en una industria criminal».
La investigación aborda el delito rural, sus consecuencias económicas y sociales y las estructuras delictivas que afectan a la producción provincial.
El reconocimiento se destacó en el marco de una edición que recibió 1.272 trabajos publicados entre junio de 2025 y mayo de 2026, con la participación de más de 70 jurados. En esa categoría, el segundo premio fue para un equipo de periodistas de La Nación y hubo una mención especial para una investigación de Infobae.
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