
Vicuña la minera de la gigante BHP y la canadiense Lundin que se prepara para construir el proyecto de cobre con el RIGI más grande adjudicó a dos empresas argentinas la construcción de tres campamentos en San Juan.
Vicuña la minera de la gigante BHP y la canadiense Lundin que se prepara para construir el proyecto de cobre con el RIGI más grande adjudicó a dos empresas argentinas la construcción de tres campamentos en San Juan. Las ganadoras son Modular Homes que tiene una planta en Pocito al sur de la capital provincia y BMI Constructora con sede en Salta. Los campamentos podrán alojar a 1.350 trabajadores que construirán el camino de acceso al proyecto. La licitación ya estaba en marcha en junio. El resultado se conoció dos días después de que el Gobierno publicara el decreto que amplió la definición de proveedor local del RIGI y abrió una disputa por el 20% de compras locales. Con el cambio las compras a filiales argentinas de grupos extranjeros podrán computarse para alcanzar ese mínimo. Proveedores mineros y petroleros advierten que las empresas de capital nacional entre ellas las pymes pierden terreno en la competencia por contratos de suministro de bienes y de ejecución de obras.La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó el cambio porque según argumentó permite incluir a empresas que producen y tributan en el país aunque su capital sea mayoritariamente extranjero. También señaló que el decreto mantiene la exigencia de acreditar el origen nacional de los bienes según las reglas del Mercosur. Fuentes al tanto de la discusión interna de la UIA comentaron que allí se puso como ejemplo a Toyota. La automotriz es japonesa pero fabrica la Hilux en la Argentina.Vicuña ya había quedado en el centro de esa discusión en junio cuando adjudicó cerca de una cuarta parte de otro campamento a un consorcio integrado por las chinas PowerChina y Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. La Federación Argentina de Proveedores Mineros cuestionó que los módulos se fabricaran en China y sostuvo que la industria argentina tenía capacidad para hacerlos. La minera señaló que las obras civiles y el montaje se harían en el país.“A priori nos preocupa y vemos una incoherencia con lo que se planteó en Rosario” dijo Leonardo Brkusic en nombre del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP). Recordó que durante las primeras rondas de negocios del RIGI gobernadores y entidades empresarias habían pedido una agenda industrial federal para que las inversiones se tradujeran en producción y empleo en el país.A dos semanas de la próxima ronda del RIGI centrada en hidrocarburos y energía fuentes empresarias apuntan que el pedido de "flexibilización" habría surgido del propio sector energético. El GAPP advierte que el cambio les da más margen a las operadoras para cumplir con el 20% de compras locales mientras sus proveedores siguen esperando una baja de los impuestos a la producción y que los beneficios del régimen se extiendan a las empresas de la cadena. Brkusic planteó dos preocupaciones concretas para los fabricantes de equipos: cómo se verificará el origen nacional y cómo se controlará la calidad del equipamiento importado. “Si el control de origen es débil puede resultar más conveniente fabricar los componentes en Asia o en otros mercados y hacer acá el ensamblado final” advirtió. El GAPP relevó que en doce proyectos mineros la participación local declarada promedia es de cerca del 47%. La cifra incluye obras y deja sin identificar cuánto se compra en equipos y componentes fabricados en la Argentina.La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) remitió la discusión a la Mesa Federal Minera que impulsó y que ya se reunió dos veces. “El objetivo es que la mayoría de las compras sean locales. Locales significa argentinas respetando las prioridades para las comunidades y provincias mineras” sostuvo su titular Roberto Cacciola. Por su parte la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) retomó el planteo de esa mesa y pidió ampliar la participación de proveedores argentinos con un criterio federal.Para las cámaras de Salta y San Juan la discusión sobre quién es proveedor local también pasa por el lugar donde se hace la inversión. Reclaman que las empresas de las provincias y las comunidades donde están los yacimientos tengan prioridad en las contrataciones. CAPEMISA de Salta advirtió que el decreto puede generar “condiciones de competencia desfavorables” para las firmas que ya invierten y generan empleo en la provincia.En San Juan CASEMICA la cámara de proveedores mineros de Calingasta llevó el planteo al plano municipal. Pidió derogar el decreto y dar prioridad en los contratos a las empresas de las comunidades cercanas a los yacimientos seguidas por las del resto de San Juan y por último las de otras provincias.En tanto el secretario de Minería Luis Lucero dio la explicación oficial: el Gobierno eliminó el requisito de que para ser considerado local un proveedor tuviera al menos el 51% del capital o de los votos en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en la Argentina porque consideró impracticable verificarlo proveedor por proveedor. La exigencia de radicación se mantiene y el cambio dijo va en línea con la política de atraer inversión extranjera.