
Las audiencias en el Tribunal Oral Federal revelaron un cruce cara a cara entre una de las principales imputadas y un oficial de inteligencia, mientras crecen las sospechas sobre pistas plantadas y maniobras de encubrimiento en la investigación.
Las audiencias en el Tribunal Oral Federal revelaron un cruce cara a cara entre una de las principales imputadas y un oficial de inteligencia, mientras crecen las sospechas sobre pistas plantadas y maniobras de encubrimiento en la investigación.
EL TENSO INTERCAMBIO FUE SEGUIDO ATENTAMENTE POR LOS PRESENTES EN LA AUDIENCIA.
El debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó uno de sus episodios más tensos, inesperados y atípicos al concretarse un careo directo entre la imputada María Victoria Caillava y un suboficial de inteligencia criminal de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante la audiencia celebrada en la sede judicial de la capital correntina, la exfuncionaria municipal intentó infructuosamente que el efectivo federal la reconociera frente a los jueces como una supuesta informante en causas de narcomenudeo previas en la localidad de 9 de Julio. Frente al tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni, Caillava encaró cara a cara al cabo Cristian Raúl Espina, lo saludó por su nombre de pila buscando exhibir familiaridad y le lanzó una advertencia directa: "Vos sí me conocés y estuviste en mi casa, permitime refrescarte la memoria".
Visiblemente nerviosa pero decidida a sostener su versión, la procesada insistió en que el uniformado la había visitado de noche en motocicleta, vestido de civil y acompañado por otro agente en otro rodado similar, unos cuarenta o cincuenta días antes de que el pequeño de cinco años desapareciera en el paraje El Algarrobal. Según su relato minucioso ante los magistrados, ambos habrían dejado las motos ocultas entre el galpón y la vivienda para ingresar al comedor de su domicilio. Con esta maniobra, la defensa técnica de Caillava buscó instalar la hipótesis de que su posterior vinculación con la sustracción del menor obedecería a una supuesta venganza, represalia o pase de factura por su presunta colaboración encubierta con las fuerzas federales en el combate contra el tráfico de drogas a pequeña escala en la zona rural.
Sin embargo, el suboficial de inteligencia respondió bajo juramento de decir verdad que interactuó con numerosas personas en la localidad pero que no recordaba haberse entrevistado jamás con ella. Además, aseguró categóricamente que en sus ocho años de desempeño continuo en el área de inteligencia criminal nunca incorporó como informante a ningún civil de la zona, agregando como dato fáctico que nunca se trasladó desde la ciudad de Goya hasta 9 de Julio en motocicleta debido a la extensa distancia de casi cien kilómetros que separa ambas jurisdicciones. Ante la insistencia de la defensa y la tensión creciente en la sala, el propio testigo y los integrantes del tribunal remarcaron que cualquier eventual vínculo de cooperación o aporte de datos reservado con la fuerza federal debe ser formalmente comunicado al Ministerio de Seguridad de la Nación y al juzgado competente, desestimando de plano el argumento de la imputada y dejando al descubierto la fragilidad de su estrategia exculpatoria. El cruce dialéctico acaparó por completo la atención de los magistrados, los fiscales y las querellas, profundizando las dudas sobre los movimientos reales y los contactos ocultos que mantenían los sospechosos en los días previos y posteriores al hecho que mantiene en vilo a toda la sociedad argentina.
La extensa jornada judicial también contempló las declaraciones de otros testigos clave que reconstruyeron el caos institucional, las contradicciones y las falencias operativas de los primeros rastrillajes desplegados en la zona de El Algarrobal a partir del 13 de junio de 2024. Entre ellos prestó testimonio Bruno Lovison, director de Defensa Civil de Corrientes y referente con tres décadas de trayectoria en Bomberos Voluntarios, quien calificó al operativo de búsqueda como uno de los despliegues de mayor envergadura en la historia provincial, con el trabajo coordinado de más de veintidós perros rastreadores junto a sus guías y más de treinta mil hectáreas de campos, montes y lagunas recorridas intensivamente durante ocho días. Lovison detalló las severas dificultades técnicas vividas durante la madrugada del viernes 14 de junio, incluyendo el aterrizaje forzoso de un dron con cámara térmica a causa de los fuertes vientos y la superposición de vuelos con equipos de la Policía provincial, y concluyó de manera tajante que para el 21 de junio comunicaron a los fiscales que era evidente que el niño no se encontraba en el lugar.
En la misma línea, el sargento policial Juan Amílcar López relató cómo participó de los rastrillajes iniciales desde los alrededores del naranjal hacia la ruta nacional 123 bajo las órdenes directas del comisario Walter Adrián Maciel —también imputado en el proceso—, confirmando que la consigna inicial fue buscar a un niño extraviado y recordando el episodio de una falsa alarma difundida por estados de WhatsApp sobre un supuesto hallazgo.
El último testimonio de la jornada lo brindó el aspirante a cabo Juan Carlos Montero ratificó haber recorrido el sector norte y haber presenciado la escena barrosa donde apareció el calzado del niño bajo la mirada del propio comisario Maciel, cuya presunta implantación deliberada continúa siendo uno de los ejes centrales de las acusaciones fiscales sobre el montaje de pruebas falsas para desviar la investigación desde sus primeras horas.
Sorpresiva aparición de José Codazzi
La habitualidad de la sala de audiencias dispuesta en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional se vio alterada de manera imprevista por la presencia del abogado José Fernández Codazzi, quien arribó al recinto judicial en el transcurso de la jornada y se ubicó discretamente entre el público asistente, informaron fuentes confiables. El letrado recientemente recibió una condena en suspenso por su participación en el rapto de un menor por parte de su progenitor brasilero de éste, el llamado caso niño N.
De acuerdo a los informantes, el letrado, cuyo rol en las primeras etapas de la instrucción ha sido severamente cuestionado debido a su asesoramiento inicial a Laudelina Peña —la tía del niño que instaló la falsa versión del accidente automovilístico para desviar la investigación—, generó un inmediato revuelo entre los presentes, los familiares de la víctima y los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Ante la evidente incompatibilidad y la fuerte polémica arrastrada por su actuación profesional en el expediente principal, las autoridades del Tribunal Oral Federal de Corrientes dispusieron de manera inmediata y categórica que se retirara del recinto, impidiendo su permanencia en la sala para salvaguardar el normal desarrollo del debate oral y público. Desde el punto de vista estrictamente procesal, Codazzi había sido ofrecido oportunamente como testigo por la propia defensa técnica de Laudelina, aunque posteriormente la abogada Mónica Chirivín terminó desistiendo formalmente de su declaración testimonial ante el fuerte impacto institucional y las eventuales implicancias penales que generaría su comparecencia bajo juramento.
La inesperada reaparición del polémico profesional en el ámbito del juicio reavivó los debates sobre las presiones políticas, los traslados nocturnos hacia la capital provincial, los falsos testimonios inducidos y las maniobras de encubrimiento tejidas en el inicio de una causa que continúa revelando zonas oscuras, desvíos investigativos y presuntas complicidades corporativas vinculadas con sectores del poder local.