
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. El texto garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas…
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. El texto garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, el nomenclador universal de prestaciones y la compatibilidad con el empleo formal. Ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo.
El Senado de la Nación sancionó este jueves una nueva ley de discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra. La norma establece un sistema permanente de protección para las personas con discapacidad y deja atrás el régimen de emergencia, que vence el próximo 31 de diciembre.
El proyecto aprobado mantiene varios de los principales puntos reclamados por la oposición durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de que el Gobierno nacional aceptara modificaciones al texto original. Entre ellos, se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización para evitar la pérdida del poder adquisitivo, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
Durante el debate, el senador libertario Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto, defendió la iniciativa y sostuvo que la salida de la emergencia requiere establecer reglas permanentes que brinden previsibilidad tanto a los beneficiarios como a los prestadores.
En la misma línea, la senadora Ivanna Arrascaeta afirmó que la discapacidad no debe responder a diferencias partidarias y planteó la necesidad de construir un sistema estable, con recursos asignados y mecanismos de control.
Qué establece la nueva ley
Entre los principales puntos, la normativa ratifica las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. También establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
Uno de los aspectos centrales es que mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con discapacidad podrán conservar el beneficio aunque tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud, tanto para titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como para personas con discapacidad.
La norma también contempla partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y establece que el Tesoro nacional deberá cubrir eventuales faltantes. Asimismo, dispone que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
En cuanto a los prestadores, establece que, si existen deudas pendientes al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones en un plazo máximo de 90 días.
Otro capítulo de la normativa establece mecanismos de fiscalización periódica a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Las auditorías contemplarán el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante incumplimientos objetivos, se podrá disponer la suspensión preventiva de un beneficio, aunque el procedimiento deberá garantizar el derecho de defensa, la notificación correspondiente y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Durante el debate, la senadora Alicia Kirchner expresó su preocupación por la capacidad operativa de las oficinas de ANSeS para implementar los controles. También advirtió sobre la necesidad de garantizar recursos y personal suficiente para atender a los beneficiarios en todo el país.
Por su parte, la radical Mariana Juri pidió que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para sostener el sistema y advirtió que la sanción de la ley no debe ser el punto final de las medidas.
La reglamentación, el próximo paso
Con la aprobación del Senado, la iniciativa quedó convertida en ley. Sin embargo, todavía resta que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación y defina los mecanismos para poner en funcionamiento las disposiciones.
El Gobierno conserva la facultad de aplicar vetos parciales o totales, aunque la votación unánime en la Cámara alta representa un amplio respaldo político al texto consensuado.
Durante el cierre del debate, la senadora Patricia Bullrich destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores y reconoció que tanto el oficialismo como la oposición tenían parte de razón en la discusión sobre el funcionamiento del sistema.
De esta manera, el Congreso aprobó un nuevo marco normativo que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y pensiones por discapacidad, con financiamiento específico y mayores controles, en reemplazo del esquema de emergencia que finaliza a fin de año.