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El tiempo que pasa entre el descubrimiento de un yacimiento minero y el arranque de la fase productiva de una mina se estiró en todo el mundo hasta límites que hace veinte años eran impensados.
El tiempo que pasa entre el descubrimiento de un yacimiento minero y el arranque de la fase productiva de una mina se estiró en todo el mundo hasta límites que hace veinte años eran impensados. Un estudio de S&P Global Market Intelligence que analizó 232 proyectos mineros en todo el mundo muestra que para los que todavía no arrancaron aunque ya cuenten con estudios de factibilidad el plazo trepa a casi 30 años cinco veces más que en los años 90.Y el freno en la enorme mayoría de los casos no es geológico ni financiero sino que se explica en la demora en la obtención de los permisos que se requieren para iniciar una operación minera. Es un ítem que puede variar según los países pero en general se presenta como un problema extendido. Es según este relevamiento el principal factor detrás de los retrasos en las minas que debían arrancar en 2026 en cualquier parte del mundo.En ese sentido se observa en el documento que en los últimos cuatro años buena parte de las principales jurisdicciones mineras del planeta lanzó reformas para intentar destrabar sus propios cuellos de botella regulatorios. Dentro de ese mapa global de reformas que releva el informe Argentina aparece con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) lanzado en 2024.Según describe el propio estudio el RIGI estandarizó el complicado proceso de permisos centralizó la revisión técnica y fijó plazos estrictos para el Estado además de sumar incentivos monetarios para los nuevos proyectos.Se ubica así en la misma línea que reformas de otros países: Australia reemplazó en 2025 las revisiones duales (federal y estatal) por una vía única donde sistemas estatales acreditados evalúan en nombre del gobierno federal. Canadá acotó en 2024 el alcance de sus evaluaciones de impacto federales para reducir superposiciones con las provincias. Chile promulgó este año su ley de “Permisología” que busca recortar entre 30% y 70% los plazos unificando 380 permisos distintos en una ventanilla digital única. La Unión Europea fijó con su Ley de Materias Primas Críticas (2024) que los proyectos de extracción deben resolverse en 27 meses. En tanto Arabia Saudita creó una autoridad de licencias única con aprobaciones en 30 a 90 días y Estados Unidos sumó en 2025 a los proyectos de minerales críticos al programa FAST-41 vigente desde 2015 que apunta a simplificar los procesos de aprobación de proyectos.La letra chica: lo que el RIGI no resuelve Ahora bien el propio informe subraya que ninguna reforma por ambiciosa que sea elimina el factor que en la práctica termina definiendo si un proyecto avanza o se cae: el sentimiento público o "licencia social" la rendición de cuentas política y los reclamos de comunidades locales y pueblos indígenas. En Argentina además esa advertencia tiene un capítulo local propio. El RIGI opera a nivel federal pero los permisos ambientales y mineros como el uso de agua gestión de residuos aprobación de planes de explotación siguen siendo competencia de las provincias.Eso genera una doble instancia de aprobación: el marco nacional da previsibilidad fiscal y cambiaria por 30 años pero no puede saltear los procesos provinciales que en varios casos vienen generando tensiones con las exigencias de contenido local y con los tiempos administrativos de cada jurisdicción. En otras palabras: Argentina hizo su reforma en sintonía con lo que está haciendo el resto del mundo minero. Pero el mismo estudio que celebra esas reformas advierte que agilizar el papeleo federal no alcanza si después el proyecto se traba en la escala provincial o en el rechazo de una comunidad algo que ya viene marcando la agenda en varias provincias mineras del país. Ahí aparece de hecho un matiz que deja al caso argentino en una posición más frágil que la de otros países con el mismo problema de fondo. Australia y Canadá tenían exactamente la misma arquitectura de doble competencia entre la nación y los estados o provincias que Argentina pero sus reformas atacaron directamente esa superposición. Australia unificó la revisión en una sola vía con los estados evaluando en nombre del gobierno federal; Canadá acotó el alcance de sus evaluaciones federales para no pisarse con las provinciales. El RIGI en cambio no tocó esa capa: es un régimen de estabilidad fiscal aduanera y cambiaria a nivel nacional que no reorganiza ni unifica los permisos ambientales de agua o de explotación minera que siguen siendo enteramente provinciales.
