
La norma reemplaza el esquema de emergencia, que vencía el 31 de diciembre, por un régimen permanente que garantiza pensiones, cobertura médica y actualización de los aranceles de los prestadores.
La norma reemplaza el esquema de emergencia, que vencía el 31 de diciembre, por un régimen permanente que garantiza pensiones, cobertura médica y actualización de los aranceles de los prestadores.
DATO: Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones y tan solo la ausencia de la senadora Fernández Sagasti, con licencia por maternidad. La norma, que llegó de Diputados con un fuerte respaldo y fue sancionada sin cambios, deja atrás el esquema de emergencia, que vencía el 31 de diciembre, y lo reemplaza por un régimen estable que mantiene las pensiones, la cobertura médica y la actualización de los aranceles de los prestadores.
La sanción se concretó después de semanas de tensión dentro del oficialismo. Bullrich firmó el dictamen sin modificaciones, aunque algunos sectores del Gobierno le pedían lo contrario, y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó resistir hasta último momento para evitar que la ley saliera.
El debate estuvo atravesado por la visita del papa León XIV. Desde la oposición, y también desde sectores aliados, se sostuvo que el mensaje empujó la discusión, con críticas a que el Gobierno había postergado el tema. La tensión de Bullrich con la Casa Rosada por este proyecto no empezó este jueves, ya había reclamado que lo que el Gobierno envió en el Presupuesto 2027 a Diputados era distinto del contenido de la ley que se estaba negociando, y esa diferencia terminó resolviéndose con la eliminación de los artículos 36 al 41 del texto original en el dictamen de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Después, en el Senado, la senadora firmó el dictamen sin modificaciones. Cualquier cambio habría obligado a que el proyecto volviera a Diputados, la cámara de origen, donde había salido con un respaldo amplio, y habría forzado a que no se aprobara en el período ordinario, que termina el 30 de noviembre. El dictamen reunió 25 firmas y la senadora Alicia Kirchner admitió que era "imprescindible" firmarlo por su inminente vencimiento. Estimó que el costo para 2028 será de $1,2 billones según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y que las compensaciones pendientes a prestadores suman unos $278.300 millones.
El texto replica prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27793, la de emergencia, pero elimina su carácter transitorio. La pensión no contributiva equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo, se actualiza con la movilidad previsional y es compatible con un empleo formal o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Se exige el Certificado Único de Discapacidad. La norma garantiza la cobertura médica del programa Incluir Salud para quienes cobran la pensión y establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no puede ser inferior, en términos reales, a la del año anterior. Los aranceles de los prestadores se actualizan con el índice de movilidad y un estudio de costos, y el Estado debe notificar el cronograma de pago en 30 días y cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos.
DESREGULACIÓN DEL CABOTAJE
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que busca desregular el sistema de la marina mercante, permitiendo la operación de buques nacionales y extranjeros para el traslado de mercancías entre puertos argentinos. Esta medida tiene como objetivo reducir los costos logísticos del transporte automotor en largas distancias.
La iniciativa, promovida por los senadores Carolina Moises y Silvana Schneider, recibió el respaldo de los gobernadores del norte del país y del Gobierno nacional y fue aprobada con 42 votos a favor. Los gremios de camioneros, navieros y armadores locales han expresado su rechazo a la iniciativa argumentando que la mayor presencia de buques extranjeros podría afectar el empleo argentino.
Sancionaron legislación de propiedad privada
El Senado convirtió el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales y establece un mecanismo de desalojos "exprés" para los campos y viviendas usurpadas. El proyecto se aprobó por 42 contra 26 votos que fueron aportados por el oficialismo y bloques aliados. Además de la Libertad Avanza votaron a favor la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal, y Movimiento por Misiones. En tanto, lo hicieron en contra el bloque justicialista, Moveré Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero, y Justicia Social.
El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno, ya que primero debió eliminar los cambios en la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego, y luego en Diputados, ante el temor de que se pueda derogar el DNU70/23, se restituye la Ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar. De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la Ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
El Senado sancionó con 47 votos -22 en contra- el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y Efta (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó "en reserva" el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.
FALLO CONTRA EL DNU DE JAVIER MILEI
Restituyen controles estatales sobre sobre aumentos de prepagas
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno había eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia. La decisión fue adoptada en un amparo contra Swiss Medical SA iniciado por una afiliada que cuestionó los aumentos aplicados por la empresa luego de la entrada en vigencia del DNU. En su presentación, MB explicó que estaba adherida al plan SM02 y que entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 la cuota había aumentado un 110%: pasó de $136.161,21 a $301.218,02. Sostuvo que, de haberse mantenido el esquema de regulación anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%. La mujer reclamó que se dejaran sin efecto los aumentos dispuestos por Swiss Medical a partir del decreto presidencial.
En primera instancia el amparo había sido rechazado, sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del IPC. Tanto Swiss Medical como el Estado nacional apelaron ante la Corte Suprema. Al analizar el planteo, los jueces del máximo tribunal retomaron su doctrina sobre los límites constitucionales para que el Poder Ejecutivo dicte normas de carácter legislativo mediante DNU.
Tapa del Sábado 21 de Noviembre de 2026