
Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio Espínola acompañaron la iniciativa que obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma establece un marco permanente para el sistema de prestaciones y atención.
Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio Espínola acompañaron la iniciativa que obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La norma establece un marco permanente para el sistema de prestaciones y atención.
La Ley de Discapacidad obtuvo respaldo unánime en el Senado y el voto afirmativo de los tres representantes de Corrientes: Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Mauricio "Camau" Espínola. La Cámara Alta la aprobó con 71 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones. Así, convirtió en permanente un marco normativo para el sistema de atención y prestaciones, ante el vencimiento, en diciembre, de la emergencia declarada un año atrás.
El proyecto ya había recibido 237 votos afirmativos en Diputados. Tras la aprobación en general y en particular, quedó sancionado y será comunicado al Poder Ejecutivo.
Vischi, Valenzuela y Espínola acompañaron la ley en una votación sin rechazos. Los tres acompañaron un consenso amplio ante la problemática.
El debate llegó con una fecha límite: en diciembre vence la emergencia en discapacidad, declarada por un año. La norma busca dejar atrás esa respuesta transitoria. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, habló de avanzar hacia un esquema de certeza y previsibilidad y reconoció las dificultades del sector.
Entre los puntos centrales, la ley dispone la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, mecanismo que había sido eliminado del proyecto de Presupuesto 2027. También fija los requisitos para acceder a las pensiones: contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También mantiene la Ley 26.816, sobre empleo protegido, habilita el uso de fondos del Tesoro si no alcanzan las partidas de Salud y busca evitar que los recursos por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Otro eje es la deuda acumulada con los prestadores. El Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia para presentar un cronograma de regularización y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. Los beneficiarios de pensiones por invalidez tendrán garantizado el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
El desafío de la implementación
El consenso no eliminó las diferencias sobre las responsabilidades del Gobierno. Sectores opositores cuestionaron la demora y advirtieron que quedan interrogantes sobre la reglamentación, el financiamiento y el cumplimiento. Recordaron, además, el veto presidencial anterior, rechazado por ambas cámaras, y la judicialización.
Bullrich mencionó irregularidades en pensiones y auditorías, incluidos certificados falsos, aunque reconoció que los beneficiarios debieron acreditar reiteradamente su condición. El oficialismo destacó la compatibilidad entre pensiones y trabajo registrado.
El debate también estuvo marcado por el Presupuesto 2027, que incluía cambios para derogar aspectos centrales de la iniciativa y generó cuestionamientos dentro del oficialismo. Legisladores citaron además al papa León XIV: "El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes", y reclamaron acciones concretas.
En Corrientes, el voto de Vischi, Valenzuela y Espínola expresó una posición común de sus tres bancas ante una ley cuyo impacto dependerá de su aplicación. La sanción reemplaza la emergencia por un marco permanente. Ahora, la actualización de prestaciones, el pago de las deudas y las garantías de cobertura deberán materializarse en los plazos previstos. La unanimidad resolvió el trámite legislativo. La clave estará en su aplicación.
Ludopatía: el oficialismo cambia de postura y prepara un dictamen propio
El Senado de la Nación reactivó el debate por la ludopatía y las apuestas online tras más de 700 días de demoras. La decisión libertaria llegó tras el reclamo opositor para tratar el proyecto que Diputados aprobó en noviembre de 2024 y que no tiene sanción definitiva.
El miércoles 25 de noviembre, a las 10, se reunirán las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. El temario incluye 14 expedientes, entre ellos la iniciativa del diputado Maximiliano Ferraro, aprobada con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El texto prohíbe el acceso de menores a las plataformas y restringe la publicidad de las apuestas.
El oficialismo anticipó que impulsará un dictamen propio, elaborado por el senador Agustín Coto, con mayores controles para proteger a niños y adolescentes. Propone límites publicitarios similares a los del tabaco, validación biométrica de identidad y edad mediante el RENAPER y la posibilidad de que el ENACOM dé de baja sitios que incumplan la regulación.
El cambio de postura sumó cuestionamientos: La Libertad Avanza no acompañó en Diputados el proyecto que obtuvo media sanción. En mayo, el Gobierno presentó otra iniciativa, enfocada en combatir las apuestas ilegales. La oposición reclama precisiones y advierte del tiempo perdido.
Además del texto aprobado en la Cámara Baja, hay otros 12 expedientes de otros bloques. Ferraro volvió a exigir que se vote sin más demoras. Si no se convierte en ley, el proyecto podría perder estado parlamentario a fines de febrero de 2027, salvo que el Ejecutivo lo incluya en sesiones extraordinarias.