
Los fallos Aguirre y Galletta reabren el debate por los haberes de 2021 a 2024, pero muestran que declarar inconstitucional una fórmula no garantiza una misma respuesta ni un aumento automático para todos.
Los fallos Aguirre y Galletta reabren el debate por los haberes de 2021 a 2024, pero muestran que declarar inconstitucional una fórmula no garantiza una misma respuesta ni un aumento automático para todos.
Cada anuncio de aumento jubilatorio deja una pregunta entre quienes cobran: ¿el haber subió, pero por qué puedo comprar menos? La respuesta depende del porcentaje, pero también de cómo se calcula y de si acompaña el costo de vida.
El debate volvió con dos fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social: "Aguirre, Jorge Alberto c/ ANSES" y "Galletta, Carmen c/ ANSES". Ambos cuestionaron la Ley 27.609, aplicada entre 2021 y junio de 2024, pero resolvieron de manera distinta. La diferencia importa para jubilados, pensionados y quienes tienen juicios en trámite.
La Ley 27.609 comenzó a aplicarse en marzo de 2021. Estableció aumentos trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Su fórmula combinaba dos componentes: la variación de los salarios y la evolución de los recursos tributarios de la ANSES por beneficiario. En el cálculo salarial se consideraba el índice general de salarios del INDEC o el RIPTE, el que resultara mayor. Los dos componentes tenían igual peso. La inflación no ingresaba directamente como una variable de la fórmula.
Si los precios aumentan con rapidez y la movilidad se calcula con otras variables, el haber puede perder capacidad de compra. No hace falta que la jubilación baje en pesos, basta con que aumente menos que el costo de vida. El impacto aparece en alimentos, medicamentos, servicios y transporte.
El DNU 274/2024 cambió el sistema y estableció una transición entre abril y junio de 2024. Desde julio, las prestaciones se actualizan mensualmente según el IPC, con dos meses de desfase. Por eso, los fallos examinan la fórmula anterior hasta junio, aunque el nuevo régimen empezó ese mismo julio.
En "Aguirre", la Sala III declaró inconstitucional la fórmula entre octubre de 2023 y junio de 2024. Ordenó comparar, en la liquidación, los aumentos recibidos con la variación del IPC en esos meses y pagar las diferencias que resulten, con intereses. Dejó para esa etapa el análisis de los topes y rechazó los demás planteos de inconstitucionalidad.
La Sala II, en "Galletta", abarcó enero de 2021 a junio de 2024. Declaró inconstitucional la Ley 27.609 y ordenó aplicar en ese caso la fórmula de la Ley 27.426: 70% de IPC y 30% de RIPTE. Después debía empalmarse con el régimen del DNU 274/2024. La Cámara calculó que, entre marzo de 2021 y marzo de 2024, la fórmula cuestionada acumuló 553,55%, frente al 1.129,07% del IPC, y estimó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%. Esa comparación no equivale al aumento individual de cada jubilado.
Hay una diferencia: declarar inconstitucional la Ley 27.609 no equivale a ordenar el IPC puro. En "Galletta", la Cámara eligió la fórmula de la Ley 27.426, que combina precios y salarios. El fallo reconoce el deterioro, pero el recálculo no supone reponer la inflación. El resultado depende de aplicar esa pauta a cada haber y descontar lo ya cobrado.
"Galletta" también trató los topes, los intereses y la prescripción. Declaró que el tope de la Ley 24.463 sería inconstitucional si al liquidar el beneficio produjera una quita igual o superior al 15%. Fijó intereses a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central y admitió la prescripción opuesta por ANSES, que puede limitar el retroactivo.
La comparación muestra el punto central: ambas salas cuestionaron la misma fórmula, pero con distinto período y pauta de cálculo. "Aguirre" ordenó comparar con el IPC el tramo de octubre de 2023 a junio de 2024. "Galletta" abarcó desde enero de 2021 y dispuso usar la fórmula anterior, que combina inflación y salarios. Por eso, decir simplemente que "la Cámara declaró inconstitucional la movilidad" no explica qué debe calcularse en cada caso.
¿Todos los jubilados recibirán automáticamente un aumento? No. Las sentencias resuelven los reclamos de quienes demandaron. No modifican todos los recibos ni ordenan a ANSES recalcular las jubilaciones de la población. Cada beneficiario debe analizar su situación y, si corresponde, reclamar por la vía adecuada. En los juicios en trámite estos precedentes pueden ser invocados, pero la solución depende del expediente y del criterio del tribunal.
Tampoco se puede anticipar el resultado sin una liquidación. Importan la fecha de adquisición del beneficio, las movilidades percibidas, los bonos y anticipos cobrados, los topes y la prescripción. En "Galletta" deben descontarse los importes ya abonados para evitar una doble percepción. El porcentaje de pérdida mencionado por una sentencia no es el aumento que automáticamente recibirá cada jubilado.
El debate tampoco está cerrado. La Cámara tiene tres salas, cuyos criterios pueden diferir al resolver cada causa. Sus sentencias son antecedentes relevantes, pero no establecen automáticamente una regla general para todos los tribunales ni reemplazan un pronunciamiento de la Corte Suprema. La Corte todavía no dictó una decisión general sobre la constitucionalidad de la Ley 27.609.
Estos fallos dejan dos enseñanzas. La movilidad debe evaluarse por sus efectos reales y no solo por la fórmula escrita en una ley: un mecanismo puede parecer razonable en abstracto y resultar insuficiente ante una inflación persistente. Además, declarar inconstitucional una fórmula no resuelve por sí sola cómo recomponer el haber. También hay que definir qué pauta usar, durante cuánto tiempo y con qué límites.
Para cada jubilado importa saber qué fórmula se aplicó, durante qué meses, qué aumentos y bonos ya cobró, y cómo inciden los topes y la prescripción. Solo con esos datos se puede establecer si existe una diferencia reclamable.
La movilidad no es una cifra abstracta, vincula el ingreso de las personas mayores con el costo de su vida cotidiana. Cuando ese vínculo se rompe, el deterioro aparece en decisiones concretas, qué comprar, qué tratamiento postergar o qué gasto dejar para después. Por eso, discutir la constitucionalidad de una fórmula también es discutir cómo se protege, en los hechos, el derecho a una jubilación digna.
"Aguirre" y "Galletta" son pasos, aunque no idénticos ni definitivos. Muestran que la pérdida del poder adquisitivo puede recibir una respuesta judicial, pero también exigen explicar los límites de cada sentencia. No todos cobrarán lo mismo y ningún fallo de Cámara produce un reajuste general automático. El resultado depende del expediente, las normas aplicables y una liquidación concreta.
La pregunta de fondo sigue vigente: ¿qué sistema de movilidad puede sostener el ingreso de quienes ya no pueden compensar la inflación con un salario? La respuesta requiere reglas previsibles, información accesible y mecanismos que acompañen la realidad económica. Mientras tanto, estos fallos ofrecen herramientas para casos concretos. Para que se traduzcan en una diferencia efectiva, cada jubilado debe reclamar.
Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria