
A medida que el año se acerca a su cierre, la Municipalidad de Corrientes tiene un número para mostrar: 18 vecinos murieron en siniestros de tránsito dentro del ejido urbano, cuando en 2025, habían sido 30.
A medida que el año se acerca a su cierre, la Municipalidad de Corrientes tiene un número para mostrar: 18 vecinos murieron en siniestros de tránsito dentro del ejido urbano, cuando en 2025, habían sido 30. Así lo informó el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, en una entrevista con EL LIBERTADOR en la que repasó qué cambió en la calle y qué le falta cambiar.Para el funcionario, la cifra es la que corresponde mirar cuando se quiere saber si una política de seguridad vial funciona. «Si querés saber si la política de seguridad vial de una ciudad es buena o mala, andá a la tasa de muertes», sostuvo.Consultado sobre las causas de la baja, el Secretario no dudó en señalar dos: «Yo creo que está muy emparentado al uso del casco y al seguimiento de los controles de alcoholemia». Ambos controles forman parte, dijo, de lo que la gestión llama «el orden posible».Su diagnóstico de partida es que las ciudades argentinas, y Corrientes entre ellas, tienen un tránsito «muy anarquizado», con tres factores centrales: la conducción nocturna bajo los efectos del alcohol en vehículos de cuatro ruedas, la moto sin casco «las 24 horas del día» y la patente ilegible. Esta última, advirtió, es un problema serio porque cuando ocurre un accidente «no sabés a quién demandarle». Aclaró que la instalación de cámaras en la ciudad apunta, entre otras cosas, a ese punto.
En materia de motos, el Secretario recordó que la exigencia alcanza a los dos ocupantes. «El casco tiene que llevarlo el que maneja y el acompañante. La falta de uno de los dos, la falta de los dos cascos es causal de secuestro», precisó. Es decir que el vehículo puede ser retirado de circulación en el operativo si falta cualquiera de los cascos.Sobre los controles de alcohol, Barrios planteó una lectura que relativiza las comparaciones entre provincias. Según explicó, Corrientes figura con muchos casos en las estadísticas nacionales porque es una de las que más mide. «Te aseguro que en otras provincias evidentemente no miden y por eso es que aparecen estadísticas tan bajas. Acá se mide, acá hacemos», afirmó, y agregó que en la Capital correntina el control de alcoholemia «es una política de Estado hace por lo menos más de una década».El límite vigente en la provincia es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En términos prácticos, según el funcionario, equivale a un vaso de vino, o a vaso y medio o dos de cerveza. Con la llegada de las fiestas de fin de año, las despedidas y las recepciones, se espera que los operativos se intensifiquen, en línea con lo que Barrios definió como la orientación general de la gestión.
Los «seguidores»: el cambio del fenómeno y el llamado a los padres
El Secretario también se refirió a los grupos de motociclistas que se reúnen en espacios públicos. Explicó que el fenómeno de los «seguidores» está ahora aplacado, pero que muchos de ellos se transformaron en supuestos «stunts», un término que, según aclaró, se usa mal. «Stunt es una persona mayor de edad que tiene una moto linda y que desarrolló la habilidad para hacer maniobras difíciles», dijo, y remarcó que esas maniobras se hacen en pista y no en la calle.Lo que ocurre en la ciudad, según su descripción, es otra cosa: chicos que «toman las avenidas, las calles, las plazas, usurpan el espacio público, amargan la vida de la gente». Identificó tres zonas que la gestión está recuperando: la plaza de Cazadores Correntinos, la plazoleta 20 de las 1.000 Viviendas y la plaza Mercosur. En esos lugares, indicó, más del 40 por ciento de los involucrados son menores de 16 años.POSTURA
Frente a ese escenario, Barrios dirigió un mensaje a las familias: «Lo que hacemos es un llamado a los padres de la ciudad para que cumplan efectivamente su rol de marcarle a los hijos lo que está prohibido y lo que está permitido en materia de conducción de vehículos, que no faciliten la irresponsabilidad», expresó.Planteó es la responsabilidad adulta que, a su criterio, está detrás de cada menor de 16 años arriba de una moto: «Para que un menor de 16 años maneje una moto, tiene que haber un padre, una madre que le compre o que le preste». Cuando ocurren accidentes, dijo, se le pide a la Policía y a Tránsito que intervengan, pero el Municipio no puede cumplir el papel de las familias. «Nosotros no somos niñeros», sentenció.No obstante, aclaró que se trata de una cuestión legislativa y, por lo tanto, «fuera del ámbito municipal».