
Leandro Safi, reconocido especialista en Derecho Procesal, explica por qué las reglas de un juicio son fundamentales para garantizar los derechos ciudadanos.
Leandro Safi, reconocido especialista en Derecho Procesal, explica por qué las reglas de un juicio son fundamentales para garantizar los derechos ciudadanos. Analiza el impacto de la inteligencia artificial, los procesos colectivos y los desafíos para mejorar la Justicia argentina.
La discusión sobre el funcionamiento de la Justicia suele concentrarse en los tiempos de los expedientes, las resoluciones de los tribunales o las reformas de los códigos. Sin embargo, detrás de cada uno de esos aspectos existe una disciplina que determina cómo se desarrollan los juicios, qué posibilidades tienen las personas de defenderse y bajo qué condiciones deben resolverse los conflictos: el Derecho Procesal.
Su importancia excede ampliamente el ámbito de los tribunales. De su correcto funcionamiento depende que cualquier ciudadano pueda reclamar cuando considera que sus derechos fueron vulnerados, ser escuchado, presentar pruebas y obtener una decisión fundada e imparcial. También depende de que las desigualdades entre partes no se reproduzcan dentro de un juicio y de que las nuevas tecnologías se incorporen sin poner en riesgo las garantías constitucionales.
Estos fueron algunos de los principales ejes que atravesaron el XXXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, un encuentro que reunió a especialistas de distintas jurisdicciones del país y del extranjero para debatir sobre los desafíos actuales de la Justicia y las posibles reformas del sistema.
En ese marco, época dialogó en profundidad con el doctor Leandro K. Safi, abogado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), secretario letrado de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, especialista en Derecho Civil por la UNLP y en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina (UNA). Es profesor de grado y posgrado en distintas universidades, entre ellas la UNLP, la UNA, la UBA y la UNT, y autor de libros y artículos sobre materia procesal, constitucional y ambiental.
A lo largo de la entrevista, Safi explica en términos sencillos qué significa el Derecho Procesal y por qué constituye una garantía para la ciudadanía. También aborda las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial en los tribunales, la necesidad de facilitar el acceso a la Justicia de grupos vulnerables, los mecanismos alternativos para resolver conflictos y las particularidades que deben contemplarse en un país federal como Argentina.
El especialista aclara que sus respuestas y consideraciones son a título exclusivamente personal y que no representa ni actúa como vocero de las conclusiones del Congreso, respecto de algunas de las cuales incluso puede mantener diferencias.
El Derecho Procesal: las reglas que permiten defender los derechos
Para comenzar, ¿qué es el Derecho Procesal y por qué resulta importante para el funcionamiento de la Justicia y la garantía de los derechos de los ciudadanos? ¿Qué balance general deja esta edición del Congreso y cuáles fueron las principales preocupaciones que atravesaron los debates?
El Derecho Procesal es la rama del ordenamiento jurídico que regula la estructura y el funcionamiento del proceso judicial y de la prestación del servicio de Justicia para procurar la solución civilizada de los conflictos. Es el reglamento objetivo que se aplica para organizar el debate de todo juicio, regulando los pasos del trámite, los turnos del diálogo y los roles del juez y las partes sus abogados en la escena del litigio.
Su regulación incluye el inicio, el desarrollo y el desenlace del juicio, desde la demanda hasta la sentencia. Sus reglas aspiran a satisfacer las garantías constitucionales que exigen que se respete el acceso a la Justicia, el tratamiento imparcial de los pleitos, el derecho a un juicio justo, a la igualdad de partes, a ser oído, a producir prueba y a ejercer la defensa, con miras a obtener, en un plazo razonable, una decisión debidamente fundada, según las previsiones del ordenamiento, dictada por un tercero neutral el juez, que brinde una solución al problema, si no infalible, al menos razonable, con base en criterios de calidad intersubjetivamente verificables.
Fácilmente se percibe la importancia que tiene esta rama instrumental del ordenamiento respecto de la tutela de los derechos y el funcionamiento de la Justicia. El proceso judicial es la herramienta que permite defender la vigencia de todos los derechos ante la eventualidad de un incumplimiento. Dicho de otro modo, la tutela de todos los derechos depende de que exista un proceso judicial para hacerlos valer en caso de su desconocimiento.
De allí que las garantías fundamentales del debido proceso, el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva puedan considerarse derechos primarios de los ciudadanos, porque de su correcto funcionamiento depende el resguardo de todos los restantes.
Por lo demás, no solo alcanza con tener derecho al proceso, sino que este debe estar bien reglamentado.
Cuanto mejor regulado esté el trámite judicial, mejor será la calidad del debate, de la información que allí se obtenga y de la solución imparcial que se adopte, aumentando las posibilidades de acierto fáctico y jurídico de la decisión y el grado de acercamiento a la Justicia.
Por ello también se dice que la "justicia formal" del trámite es una garantía de la "justicia material" de la decisión y, a la inversa, que la injusticia del trato procesal es un indicio de la injusticia sustancial de lo resuelto.
Hay quien dice que el desvelo de todas las generaciones ha sido mejorar la prestación del servicio de Justicia, a sabiendas de la necesidad que existe de levantar la imagen social de su desempeño y de ahuyentar la angustia moral que provoca la mala resolución de las disputas.
Desde hace más de 80 años, el Congreso Nacional de Derecho Procesal viene dedicando esfuerzos a esos objetivos, generando un espacio bianual de reunión de la comunidad en la materia, a los fines de repensar los problemas subsistentes, receptar las cuestiones actuales en debate y proyectar las posibles reformas del sistema para el mejoramiento del proceso, la tutela de los derechos y el funcionamiento del servicio de Justicia.
En esta ocasión, el balance que deja esta nueva edición del Congreso, la número XXXIII, es muy positivo, no solo porque sumó un nuevo eslabón en la cadena de aquellos esfuerzos, sino porque reunió a notables profesionales de todo el país y del extranjero, que aportaron sus ponencias sobre los temas más modernos en debate, como los vinculados al impacto de la inteligencia artificial (IA) en el servicio de Justicia, las tutelas diferenciadas para personas vulnerables y la regulación de los procesos estructurales y colectivos, entre otros tópicos, con propuestas que se proyectan hacia el futuro y ofrecen insumos de interés con miras a posibles reformas legislativas.
Aprovecho para informar que las ponencias y conclusiones del Congreso pueden consultarse en las páginas web correspondientes. Dejo aclarado que las respuestas y los comentarios que procedo a formular en esta nota los realizo a título exclusivamente personal, y no como representante o vocero de aquellas manifestaciones, con algunas de las cuales puedo incluso disentir respetuosamente.
Inteligencia artificial: qué sí y qué no
Uno de los grandes temas fue el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia. ¿Hasta qué punto estas nuevas tecnologías pueden transformar el trabajo de jueces, abogados y tribunales? ¿Cuáles son las oportunidades, pero también los riesgos que deben atenderse para evitar que se vean afectados derechos y garantías?
En efecto, uno de los grandes temas actuales en debate, de preocupación internacional y también local, es el del aprovechamiento racional de las nuevas tecnologías en general y de la inteligencia artificial (IA) en particular, como forma de contribuir al mejoramiento de la prestación del servicio de Justicia.
Está fuera de discusión que el fenómeno de la IA ha irrumpido como un torrente en todos los órdenes de la vida, modificando la forma de realización de actividades tradicionalmente humanas, desde el aprendizaje y la interacción social hasta el desempeño de tareas intelectuales más sofisticadas, incluyendo la medicina, la ingeniería y el arte.
Obviamente, la disciplina del Derecho no es ajena a estos cambios. Existen estudios que indican que el 60% de los operadores del servicio ya está haciendo uso informal de esta herramienta para ayudarse de distintas formas en la realización de sus tareas, con diferente nivel de delegación de funciones a los sistemas de IA.
Dentro de esta realidad ocupa un lugar central la pregunta acerca de cuál es el punto adecuado de recepción de estas nuevas tecnologías en lo que hace a la prestación del servicio humano de Justicia.
Las posturas sobre el tema podrían describirse en abanico, desde el extremo de los llamados "tecno-optimistas", que propician la mayor penetración de las máquinas en la tarea para automatizar y acelerar la prestación del servicio, aceptando incluso cierta delegación decisoria en la IA alusiva a la idea del juez-robot, hasta el extremo opuesto de los llamados "tecno-pesimistas", que resisten el ingreso de la IA en la tarea, alertando sobre los peligros que su utilización apareja para la tutela de los derechos y garantías.
Entre esos riesgos se encuentran los vinculados a posibles desvíos por sesgos, alucinaciones, opacidades, complacencias, filtraciones y falta de rendición de cuentas, entre otros. Estas situaciones pueden comprometer garantías como las del juez natural, la igualdad, la intimidad, el debido proceso y la defensa.
Entre uno y otro extremo se ubicaría la postura de los llamados "tecno-moderados", que admite el aprovechamiento de las ventajas de la IA para mejorar la prestación operativa del servicio, pero con las precauciones y los límites que se imponen en tutela de los derechos implicados, frente a los riesgos, incluso ignorados, que pueden derivarse de su utilización desmedida.
Esta postura permitiría distinguir tres niveles de regulación sobre el tema.
El primero es el uso habilitado, que autoriza el mayor aprovechamiento de la IA en tareas de bajo riesgo, de gestión mecánica, operativa o de mera organización documental, sin impacto sustancial en la toma de las decisiones de fondo.
El segundo es el uso condicionado, que tolera el apoyo cognitivo de la IA en tareas intermedias de elaboración de ideas y proyección de escritos, a la manera de una caja de resonancia del propio pensamiento, pero bajo supervisión humana constante en el circuito, es decir, a rienda corta.
El tercero es el uso prohibido, que impide la sustitución del rol profesional por la IA, así como la delegación de la toma de decisiones jurídicas en las máquinas, por llevar eso un riesgo inaceptable. Se exige autoría y responsabilidad humana en la asunción de los juicios, llegando a reconocerse incluso "el derecho a ser juzgados por una persona humana".
Esta clasificación tripartita de tareas se deriva de instrumentos comparados en el tema, como los de la ONU, la UNESCO, la Unión Europea, el CEJA e incluso las acordadas de los superiores tribunales de Justicia locales.
En este punto de equilibrio se ubica el consenso general de la comunidad en la materia, propiciándose reglamentaciones de uso ético y razonable de la IA en el servicio de Justicia, con visión antropocéntrica y centralidad de la tutela constitucional de los derechos y garantías.
Ello requiere respetar ciertos principios generales ya consolidados en el tema, como el carácter indelegable de la función profesional, tanto de jueces como de abogados; el mantenimiento del juzgamiento humano efectivo; la no sustitución por las máquinas; la autoría personal de los juicios fácticos, probatorios y jurídicos; la supervisión humana efectiva en la iteración del circuito; la verificación de resultados y citas; la prevención contra pruebas sintéticas deepfakes; la trazabilidad, transparencia y gobernanza de datos; la confidencialidad, la no discriminación y la rendición de cuentas; y la responsabilidad profesional y personal, entre otros.
Una reflexión importante que se deriva de las conclusiones del Congreso es que, para medir la eficacia de un servicio de Justicia, no basta simplemente con aumentar la velocidad del trámite y reducir los costos del litigio, sino que deben considerarse también las variables de la calidad de las decisiones judiciales y la preservación de las garantías constitucionales del juicio.
Después de todo, y más allá de los frenos éticos, constitucionales y reglamentarios que se sugieren para el uso racional de la IA en el servicio de Justicia, podría señalarse también y esto me lo permito agregar como reflexión personal que existe un motivo más hondo para explicar esos límites.
Por más instantáneo e infalible que pudiera imaginarse el juzgamiento de los casos a través de una IA, subyace un trasfondo antropológico en el drama humano del conflicto, que también exige la actuación protagónica de las personas en el desarrollo de los juicios, como artífices de su propia suerte en el litigio.
El proceso judicial se vuelve así también un ritual de reconocimiento recíproco entre pares, como espacio de debate temporal que permite a las partes desahogar sus agravios, apaciguar los ánimos y alojar la dialéctica de sus argumentos reflexivos, haciendo madurar una síntesis que no está escrita de antemano en un algoritmo, sino que es fruto también de lo actuado en el marco del juicio.
De ese modo se posibilita llegar a una solución fundada del problema, anclada en experiencias compartidas y en nuestras dimensiones humanas de concordancia, que permiten controlar la corrección de lo resuelto y vuelven psicológicamente aceptable la derrota, por responder a criterios de calidad intersubjetivamente entendibles y verificables.
También se debatieron los procesos colectivos, las tutelas diferenciadas y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué significan estos conceptos en términos sencillos y cómo pueden contribuir a que la Justicia sea más accesible, rápida y efectiva?
Estos importantes aspectos procesales también formaron parte de los debates de este Congreso, como de otros anteriores. En términos generales, los tres temas referidos tienden a examinar las condiciones de enjuiciamiento de ciertas controversias que presentan particularidades y ameritan una regulación diferente.
En el caso de los procesos colectivos, podríamos decir que buscan facilitar el enjuiciamiento de un conflicto masivo, que afecta a muchas personas por igual, a través de un solo juicio y de la intervención simplificada de unos pocos, que actúan en virtual representación del resto, como voceros de todos ellos, sin necesidad de intervención personal de cada uno ni del otorgamiento de un mandato judicial expreso.
Se trata de iniciar ese único juicio en nombre del grupo y tratar de obtener una sentencia de tutela favorable que se extienda en beneficio de todos.
Los casos típicos de procesos colectivos remiten a conflictos masivos que afectan a muchas personas, sea porque impactan en macro bienes indivisibles, en los que converge el interés de esos muchos por ejemplo, el medio ambiente, sea porque impactan en micro bienes divisibles, pertenecientes a cada uno, pero en forma indistinguible, por estar afectados de manera pareja por ejemplo, temas de consumo.
Antes del reconocimiento de los procesos colectivos, estos conflictos no tenían acceso a la Justicia: los referidos a macro bienes, porque eran tan grandes que nadie podía arrogarse su defensa; y los referidos a micro bienes, porque eran tan pequeños que nadie se molestaba en hacer un juicio por ellos, ya que el costo del proceso era superior a la recompensa.
A partir de la reforma constitucional de 1994 se reconocieron los procesos colectivos para facilitar el acceso a la Justicia de estos pleitos, permitiéndose a ciertos legitimados extraordinarios el Defensor del Pueblo, las ONG o las personas afectadas iniciar el juicio en nombre del grupo, englobando el bien indivisible o agrupando los individuales homogéneos, para facilitar la reivindicación masiva de esos derechos.
Ahora bien, lo que se debatió en el Congreso es que, luego de esa reforma y del dictado del fallo "Halabi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en general no se han sancionado leyes reglamentarias que precisen los pormenores de este tipo de enjuiciamientos. Existe una laguna que debe ser superada para brindar mayor funcionalidad a estas tutelas.
En lo que refiere al tema de las tutelas diferenciadas, podríamos decir que, por sobre el piso de las tutelas ordinarias del proceso horizontal general, aquellas intentan nivelar las desigualdades inherentes a algunas disputas desparejas, para facilitar el enjuiciamiento de los llamados conflictos asimétricos.
Se trata de situaciones en las que una de las partes se encuentra en una situación de marcada desventaja o vulnerabilidad respecto de la otra, con riesgo de verse expuesta a ese mayor poder de fuego y afectada por ello en el ejercicio de la defensa de sus derechos.
Por existir una desigualdad de base entre las partes, se impone un trato sustancial y procesal diferenciado para el enjuiciamiento, a los fines de nivelar el piso de marcha del debate, garantizar un juicio con paridad de armas y evitar que las desigualdades de origen se repliquen en el proceso, generando un hándicap indebido para la parte mejor posicionada.
Entre los casos típicos que suelen encuadrarse bajo estas tutelas se encuentran las controversias que involucran derechos sensibles de personas vulnerables o de grupos tradicionalmente desventajados, como pueden ser los vinculados a temas de niñez, familia, género, vejez, discapacidad, enfermedades y derechos fundamentales, entre otros.
En estos casos, las garantías del acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva y la igualdad material de partes exigen tomar en cuenta esas diferencias para adoptar medidas de acción positiva cuotas benignas, tendientes a compensar el desnivel que pueda afectar el debate y generar una distorsión en la defensa de los derechos. Entre ellas pueden mencionarse la gratuidad, la accesibilidad, la flexibilidad, la oficiosidad y la celeridad.
Sobre la base de esas ideas, luego se vuelve más opinable la cuestión de los alcances y límites que deberían observarse en la materia, porque también se sugiere que, una vez niveladas las oportunidades de base, los pleitos deberían resolverse imparcialmente en función de la razón de fondo que pudiera tener cualquiera de las partes, según los hechos, las pruebas y las normas que resulten aplicables.
Finalmente, en lo que refiere a los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MARC), su temática alude al estudio de la eficacia de los trámites paralelos de solución de disputas que puedan ofrecerse en reemplazo del proceso judicial de los tribunales.
Estos trámites aluden a mecanismos resolutivos no sujetos a la decisión de un juez, como son los referidos a la mediación, la conciliación y el arbitraje, entre otros.
En general, suelen habilitarse frente a situaciones conflictivas generadas entre partes capaces, en relación con sus derechos disponibles y/o patrimoniales, que son los de libre posibilidad transaccional, por no comprometerse en ellos cuestiones de orden público general.
No obstante, hay que decir que en el Congreso se han presentado posturas tendientes a ampliar el campo de los conflictos arbitrables o dirigibles, vía consenso de partes, a mecanismos de resolución de disputas en línea (ODR), como formas de aceleración de las respuestas y para descongestionar las prestaciones del servicio de justicia.
También se ha propiciado la utilización de los MARC para facilitar el acceso a la Justicia de las personas vulnerables. Debe recordarse que las propias Reglas de Brasilia, emanadas sobre el tema, señalan que se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante su tramitación.
La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la Justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de Justicia (Reglas de Brasilia, Ac. 05/2009 CSJN).
Con todo, la eficacia de estos mecanismos alternativos solo se verá como una verdadera alternativa cuando se vuelvan tentadores para las partes, por ofrecer una salida acelerada y efectiva a los problemas, y no cuando se vivencien como una Justicia secundaria o como un obstáculo para el acceso a los tribunales.
Federalismo y particularidades
El Congreso reunió distintas realidades y experiencias del sistema judicial argentino. ¿Qué importancia tiene incorporar la mirada de las provincias, como Corrientes, donde las distancias, los recursos disponibles, la infraestructura y las características sociales suelen ser muy diferentes de las de grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires? ¿Cómo se puede avanzar hacia una Justicia más federal, que contemple esas particularidades?
Una de las grandes posibilidades de enriquecimiento que ofrece un Congreso Nacional de Derecho Procesal se encuentra en el hecho de que, al procurar el encuentro federal de los profesionales de todas las provincias, permite escuchar, conocer y comparar como dice usted las diferentes realidades y experiencias de los sistemas de Justicia de las distintas jurisdicciones, conforme las particularidades de su regulación local.
Ello así teniendo en cuenta que, como resulta sabido, mientras que las normas del derecho sustancial de fondo son las mismas y uniformes en todo el territorio del país, porque su sanción queda bajo competencia exclusiva del legislador nacional, en cambio, las normas del derecho procesal de forma son diferentes en cada jurisdicción local, porque las provincias no delegaron esa atribución al Estado nacional, encontrándose regidos esos trámites por las distintas legislaturas provinciales.
Así es que todas las cuestiones vinculadas con la organización de los procesos, la prestación del servicio de Justicia, la distancia y distribución de los tribunales, los recursos disponibles, la infraestructura y las demás características sociales y particularidades de cada jurisdicción local quedan reservadas a la regulación provincial, siendo esa una de las garantías de mayor federalidad.
Mientras los sistemas locales cumplan con las garantías procesales mínimas exigidas en todo el territorio por la Constitución Nacional, después cada jurisdicción puede organizar su servicio según su propia idiosincrasia y singularidad particular.