
El concejal de Libres del Sur anticipó sus objeciones al proyecto de modificación del régimen del servicio de pasajeros que analiza el Concejo Deliberante de Corrientes.
El concejal de Libres del Sur anticipó sus objeciones al proyecto de modificación del régimen del servicio de pasajeros que analiza el Concejo Deliberante de Corrientes.
El proyecto de ordenanza para extender la emergencia del transporte público de pasajeros ingresó esta semana al Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes y ya tuvo su primera lectura en el ámbito legislativo. La iniciativa, que propone modificar las condiciones de funcionamiento del sistema y habilitar un nuevo esquema de asignación de líneas, tendrá su instancia de audiencia pública el viernes 4 de diciembre. El oficialismo aspira a obtener su aprobación durante el período de sesiones extraordinarias, en un debate que anticipa diferencias sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo municipal y el futuro del servicio.
El concejal de Libres del Sur, en diálogo con NORTE de Corrientes, objetó el esquema que impulsa el Departamento Ejecutivo municipal para extender la emergencia del transporte público hasta por dos años y habilitar la asignación de líneas mediante permisos precarios. Sostuvo que la iniciativa posterga una nueva licitación, desalienta las inversiones empresariales y carece de información suficiente sobre el funcionamiento económico del sistema.
Romero señaló que recibió la documentación el miércoles por la tarde y advirtió que la dimensión del expediente exige un examen más exhaustivo que el permitido por los plazos iniciales. Se trata, explicó, de una iniciativa que deroga disposiciones anteriores y modifica aspectos sustanciales del régimen de transporte, por lo que anticipó la necesidad de evaluar tanto sus implicancias jurídicas como sus consecuencias sobre el servicio.
Su principal objeción apunta a la decisión política de no avanzar en un nuevo proceso de licitación pública. Para el concejal, la extensión de la emergencia y la posibilidad de que el Ejecutivo distribuya las líneas mediante permisos precarios configuran un esquema que difícilmente incentive compromisos de inversión de mediano y largo plazo.
El argumento tiene como eje la relación entre la duración de las autorizaciones y la capacidad de las empresas para afrontar mejoras estructurales. Romero consideró que, sin concesiones de cinco, diez o quince años, resulta poco probable que los prestadores asuman inversiones significativas en renovación de unidades, incorporación de cámaras de monitoreo, dispositivos de accesibilidad para personas con discapacidad motriz y sistemas de climatización. A ello sumó dos demandas recurrentes de los usuarios: mejores frecuencias y una mayor cantidad de colectivos en circulación.
Desde esa perspectiva, el edil interpretó que el modelo propuesto no ofrece condiciones para una recuperación del sistema, sino que podría consolidar sus deficiencias. Además, definió el transporte público como un derecho humano, en tanto constituye una condición indispensable para acceder al trabajo, la educación, la atención sanitaria y otras actividades de la vida cotidiana. Por esa razón, planteó que la responsabilidad municipal no debería limitarse a garantizar la continuidad formal del servicio, sino que también tendría que establecer condiciones para mejorar su calidad y accesibilidad.
Las objeciones alcanzaron también al diagnóstico que acompaña la iniciativa. "El informe presentado por el Ejecutivo comprende el período de enero a septiembre y concentra su análisis en dos variables: la cantidad de unidades afectadas al servicio y el número de viajes, con una distinción entre los pagos y los gratuitos". Para el concejal, "ese recorte resulta insuficiente para evaluar el estado real del sistema y fundamentar una nueva extensión de la emergencia", explicó Gabriel Romero a NORTE de Corrientes.
En particular, cuestionó la ausencia de información detallada sobre el esquema de subsidios provinciales y municipales, su magnitud y la distribución de los recursos destinados a sostener la actividad, considerando que cualquier discusión seria sobre la continuidad del servicio debe incorporar esos datos, dado que el financiamiento estatal constituye hoy uno de los pilares de su funcionamiento.
El edil, además, vinculó el deterioro de las condiciones económicas del transporte con la decisión del Gobierno nacional de eliminar, a comienzos de 2024, los subsidios destinados al interior del país, mientras se mantuvieron mecanismos de asistencia para el Área Metropolitana de Buenos Aires. A su entender, esa modificación alteró de manera sustancial las condiciones de sostenibilidad del sistema y trasladó mayores responsabilidades financieras a las administraciones provinciales y municipales.
En ese contexto, recordó el Decreto provincial 1176, dictado durante este año, que estableció un subsidio de $48.000 millones para las empresas de transporte de la provincia. Sin embargo, subrayó que todavía no existe información pública suficiente sobre la proporción de esos recursos que corresponde a la ciudad de Corrientes. Romero afirmó que presentó un proyecto de resolución para obtener precisiones sobre ese punto, sin que hasta el momento, según indicó, haya recibido los datos requeridos.
También se refirió al aporte municipal que permite sostener el boleto estudiantil gratuito, una política cuya continuidad consideró prioritaria. Romero pidió preservar el beneficio para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, al que atribuyó un papel central en la economía de las familias y en las posibilidades de acceso a la educación.
Otro de los puntos que despertó reparos por parte del concejal es la facultad que el proyecto otorgaría al Departamento Ejecutivo para extender por un año adicional la emergencia sin necesidad de una nueva intervención del Concejo Deliberante. Romero adelantó su rechazo a esa disposición y sostuvo que, antes de habilitar una prórroga, corresponde establecer con precisión qué circunstancias justifican la declaración de emergencia y cuáles son los límites temporales de esa herramienta excepcional.
La discusión también plantea un interrogante sobre los mecanismos de control que tendrá el Municipio sobre las empresas prestatarias bajo el nuevo régimen. Si la asignación de líneas queda sujeta a permisos precarios, será necesario determinar qué obligaciones se deberán cumplir.
Los temas que concentran el debate político en el cuerpo
La discusión sobre el transporte se inscribe, además, en un tramo decisivo de la agenda legislativa municipal. Los concejales deberán examinar en las próximas semanas tres instrumentos centrales para la administración de la ciudad: el régimen de transporte público, la Tarifaria y el Presupuesto municipal. En el caso de la Tarifaria, ya existe una convocatoria a audiencia pública, dado que su aprobación requiere el procedimiento de doble lectura.
La audiencia pública del 4 de diciembre será una instancia relevante para discutir la continuidad de la emergencia y el modelo institucional que regirá el servicio. El planteo de Romero introduce una cuestión que excede la duración de una medida excepcional: si el Municipio pretende limitarse a administrar las restricciones financieras y operativas del sistema o si está dispuesto a impulsar un nuevo marco de concesiones que permita exigir inversiones, establecer obligaciones de largo plazo y someter a las empresas a parámetros verificables de calidad.
Por ahora el concejal anticipó una posición crítica frente a la iniciativa oficial. Su cuestionamiento no se limita a la extensión de la emergencia, sino que alcanza al instrumento elegido para organizar el transporte y a la falta de información económica que, a su entender, debería preceder cualquier decisión de esa magnitud.
Tapa del Domingo 22 de Noviembre de 2026