La baja de recaudación complicó una meta con el FMI y ahora el Gobierno necesitará una nueva ronda de ajuste

Una combinación de recaudación más débil de lo esperado y un ajuste de gastos que no llegó a compensarlo derivó en un primer incumplimiento de la meta de superávit con el FMI del primer semestre del año por lo que el Gobierno podría verse forzado a una nueva ronda de recortes para alcanzar el objetivo anual.Junio terminó con déficit fiscal por primera vez en el año explicado por un ingreso tributario faltante por la postergación de la fecha de pago del impuesto a las Ganancias y mayores gastos presupuestarios para el pago de aguinaldos de los asalariados públicos y en subsidios a la energía.El primer semestre del año de todas formas finalizó con un superávit primario -que es la métrica que observa el FMI- y que excluye de la cuenta al pago de intereses de deuda equivalente a 06% del PBI. Para todo el año necesitaría alcanzar un 14% del Producto. Pero también existen metas intermedias que aunque no son concluyentes suelen ser observadas en las revisiones técnicas trimestrales. La consultora Outlier estimó que si bien el número general de superávit primario estuvo por encima del umbral establecido en el programa con el FMI la cuenta debe descontar los "ingresos extraordinarios" que no son computados por el organismo como por ejemplo los que tuvo a principios de año el Gobierno por la privatización de las represas del Comahue. Outlier señaló que el resultado primario acumulado entre enero y junio alcanzó los $733 billones (065% del PBI) aunque al descontar los recursos extraordinarios se reduce a $63 billones (055% del PBI) por debajo de la meta de $686 billones prevista para el primer semestre en el programa con el FMI.En ese sentido la consultora Outlier remarcó que ese objetivo incluso ya había sido flexibilizado respecto de la revisión anterior del acuerdo que contemplaba una meta de $86 billones.Según Outlier la meta anual de $1626 billones equivalente a alrededor de 14% o 15% del PBI se mantuvo sin cambios. En ese contexto advirtió que el segundo semestre debería generar un superávit primario superior al del primero para alcanzar el objetivo por lo que consideró que la meta "ahora es muy exigente".La diferencia con la meta fue de unos $570.000 millones estimó el Centro de Economía Política (CEPA). "Al proyectar la estacionalidad del año pasado el Tesoro lograría acumular un total de $1052 billones al cierre de 2026 faltando $574 billones para alcanzar la meta anual exigida por el organismo" dijo ese centro de estudios. Puesto en otros términos: si en el primer semestre el superávit primario fue de $63 billones de pesos en la segunda mitad del año debería ser de casi $10 billones para conseguir el objetivo de excedente fiscal pactado. Para Outlier en tanto "el ancla fiscal está bajo presión" debido a una actividad económica que evoluciona por debajo de lo previsto y a una recaudación tributaria más débil en particular en IVA y el impuesto sobre créditos y débitos bancarios.La consultora agregó que también incidieron los efectos de medidas adoptadas durante 2025 como el adelantamiento de las declaraciones de ventas de granos durante aquella ventana temporal de retenciones más bajas algo que restó recursos fiscales en 2026. A su juicio el deterioro de las cuentas públicas "limita la capacidad para seguir bajando impuestos" y aumenta la necesidad de que la actividad económica recupere dinamismo.En la misma línea LCG recordó que el Gobierno renegoció con el FMI la meta de superávit primario para este año que pasó de 22% a 14% del PBI. Sin embargo sostuvo que la persistente caída de los ingresos públicos obliga a profundizar el ajuste del gasto para cumplir con ese compromiso.Para la consultora más allá de la decisión oficial de respetar las metas pactadas "la magnitud la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario" podrían representar un costo político para el Gobierno. Como señal de esa tensión mencionó que el Ejecutivo optó por una reducción limitada de las retenciones concentrada en trigo y cebada postergó la baja para la soja y sus derivados hasta 2027 y demoró hasta noviembre la implementación del Fondo de Afectación Laboral (FAL) medidas que apuntan a preservar recursos fiscales en el corto plazo.