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La propuesta, que todavía se encuentra en evaluación, forma parte de un paquete de medidas orientadas a revisar las condiciones de acceso de ciudadanos extranjeros a prestaciones financiadas por el Estado.
La propuesta, que todavía se encuentra en evaluación, forma parte de un paquete de medidas orientadas a revisar las condiciones de acceso de ciudadanos extranjeros a prestaciones financiadas por el Estado.
El Gobierno nacional analiza avanzar con una iniciativa para que los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina deban afrontar el costo de determinados servicios públicos de salud y educación. La propuesta, que todavía se encuentra en evaluación, forma parte de un paquete de medidas orientadas a revisar las condiciones de acceso de ciudadanos extranjeros a prestaciones financiadas por el Estado.
La discusión se centra principalmente en la atención médica de personas no residentes y en el acceso a la educación superior, dos áreas que desde hace años generan debate entre funcionarios, especialistas y gobiernos provinciales.
La idea que estudia el Ejecutivo contempla la posibilidad de que los extranjeros que ingresen al país de manera transitoria o que no acrediten residencia permanente deban pagar por determinadas prestaciones de salud en hospitales públicos y por el acceso a instituciones educativas financiadas por el Estado.
Según trascendió, el objetivo es priorizar los recursos públicos para los ciudadanos argentinos y los residentes permanentes, además de reducir el gasto que implica la atención de personas que viajan al país para acceder a estos servicios.
No obstante, la iniciativa aún no fue presentada oficialmente y resta definir su alcance, los mecanismos de implementación y las excepciones que podrían contemplarse.
En materia sanitaria, varias provincias ya implementaron esquemas de cobro para extranjeros no residentes. En esos casos, las medidas suelen excluir las urgencias y emergencias médicas, que continúan brindándose de manera inmediata, mientras que los tratamientos programados o las consultas pueden estar sujetos al pago correspondiente.
El Gobierno considera que una política de este tipo permitiría recuperar parte de los costos que hoy afronta el sistema público de salud. Otro de los puntos en análisis es el acceso de extranjeros no residentes a universidades e instituciones educativas públicas.
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