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La cantidad de personas en edad de trabajar que cobra un seguro de desempleo es la más alta desde la pandemia: el beneficio, que se abona por un periodo que puede durar entre dos y doce meses, está destinado únicamente a quienes perdieron su trabajo en el sector formal privado.
La cantidad de personas en edad de trabajar que cobra un seguro de desempleo es la más alta desde la pandemia: el beneficio, que se abona por un periodo que puede durar entre dos y doce meses, está destinado únicamente a quienes perdieron su trabajo en el sector formal privado. Para afrontar estos gastos el gobierno actual tuvo que aumentar el presupuesto de $ 47 mil millones a $ 403 mil millones entre 2023 y 2026. Cómo impacta la caída sectorial de actividades en esta cifra.
La cantidad de trabajadores que actualmente cobra un seguro de desempleo es la más alta desde la pandemia: de acuerdo con las estadísticas de seguridad social, para junio de este año eran 116.641: casi 13 mil más que en 2025 y el doble que al final en 2023 (59.745), al inicio de la gestión de Javier Milei. Las altas anuales experimentaron un pico en 2024 con más de 174 mil solicitudes, el número más elevado desde 2010. En 2025 ese número bajó a 153 mil, lo que de todas maneras fue la cifra más abultada desde 2019. En el primer semestre de 2026 otras 90 mil ingresaron al sistema.
La explicación del incremento está en la caída del empleo registrado. Y esa disminución en la cantidad de trabajadores formales, de alguna manera, complica los planes de reducción del gasto público y equilibrio fiscal: entre 2023 y 2026, según constató PERFIL en el presupuesto abierto, la partida destinada al pago de este beneficio pasó de $ 47 mil millones a $ 403 mil millones, lo que representa un incremento del 756%. El valor promedio de la prestación creció bastante menos (se paga de acuerdo al salario que hayan tenido los beneficiarios, por lo que no es un monto fijo): escaló de los $ 53 mil a los $ 316 mil, un 496%.
Tal como describe la página web oficial, el seguro de desempleo está dirigido a trabajadores asalariados registrados legalmente despedidos sin justa causa o por fuerza mayor, “o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que trabajan, y a trabajadores detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y posteriormente despedidos”. El beneficio se cobra por un plazo de entre dos y doce meses –lo que dependerá de la cantidad de meses trabajados y aportados–, que se extiende por unos seis meses más si la persona es mayor de 45 años. No incluye a exempleados que desempeñaran funciones en condiciones de informalidad o que hayan pertenecido a la Administración Pública (nacional, provincial o municipal), a establecimientos privados de enseñanza o al cuerpo docente de las universidades.
Sobre la composición por actividad, género y edad, las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los que cobran este seguro son hombres (79 mil) y que la edad más frecuente es entre los 35 y los 49 años. El área de la industria manufacturera lidera la cantidad de solicitudes (más de 22 mil en el primer semestre del año) seguida por el comercio (más de 20 altas en seis meses) y construcción (con casi 14 mil requerimientos).
“Entre 2023 y 2025, los cambios en el mercado de trabajo fueron acotados, pero entre quienes estaban desocupados creció el pasaje hacia el autoempleo informal”, señala en un documento el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. La institución especifica que, mientras disminuyeron las posibilidades de acceder desde la desocupación a puestos asalariados formales o públicos, “también aumentaron los movimientos desde empleos más protegidos, como el empleo formal privado o el público, hacia actividades informales por cuenta propia”. El estudio abarca el periodo comprendido entre 2010 y 2025, y si bien destaca que la movilidad laboral reciente “no parece expresar una ruptura drástica respecto del ciclo inicial”, sí una “reorientación regresiva de las trayectorias: el sector microinformal refuerza su papel como destino de trabajadores desocupados y ocupados que necesitan generar ingresos, en un contexto de bajo dinamismo de los sectores formal y público”.
El Centro de Economía Política Argentina explica que el incremento de monotributistas no debe leerse como “un aumento del espíritu emprendedor”, sino como una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos o suplir la pérdida de puestos de trabajo. “Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 216.321 empleos privados registrados (-3,4%), y se dieron 165.542 altas en el régimen de monotributo (+8%), confirmando que los empleos perdidos son reemplazados parcialmente con actividades desprotegidas”.
Según el economista Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG), el empleo formal de las ciudades es el más perjudicado con este modelo. “La industria cae más de 11%, la construcción más del 22%, y el comercio es un serrucho, pero hacia la baja: esos sectores encadenan empleos formales que se pierden, y por eso el seguro de desempleo sube”, afirmó en comunicación con este medio. De acuerdo con el Observatorio de la UCA, entre 2023 y 2025 los principales motores del crecimiento fueron precisamente las actividades primarias, las financieras, y la minería y canteras. Entre 2010 y 2015 el informe señala que, en cambio, se destacaron la industria manufacturera, el comercio y el transporte.
“La transición que propone el Gobierno entre estos empleos y el de los extractivismos de la cordillera no existe en verdad”, agregó. Por ahora, “el único derrame que vemos entre esas actividades de cordillera y actividades urbanas es en la intermediación financiera que disfruta de un dólar más o menos estable”. Y opinó que “el modelo es esto y entendemos que no vamos a ver otra cosa”. El IAG destacó en su último reporte semanal que “la sangría no para: en el último año se perdieron 141.700 puestos registrados en relación de dependencia”.
A futuro, este modelo “asegura que la calidad de vida de los jubilados será peor que la actual”, explica un informe de IDESA que advierte que mientras la economía crece “motorizada por el campo, la energía y la minería”, la actividad urbana está estancada. La pérdida de puestos de trabajo formales repercute en la cantidad de aportantes y a mediano y largo plazo en quienes podrán acceder a una jubilación, aunque sea mínima, ya que se eliminó la posibilidad de completar los aportes mediante una moratoria. Para 2026, el análisis proyecta que “habrá 110 mil jubilaciones contributivas y 123 mil altas de jubilaciones con moratoria y PUAM”, por lo que la cantidad de jubilaciones caerá un 45% respecto a 2024.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de una jubilación mínima, y en julio fue de $ 399.591 con bono de $ 70 mil incluido.
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