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El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat explicó qué puede suceder con la presentación que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretende realizar en la ONU para que se dé marcha atrás en su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El letrado reconoció que puede llevar meses o años que la Corte Interamericana tome una decisión al respecto.
El especialista comentó que de darse una resolución, tendría carácter de “rectora”, ya que la Argentina “debería cumplir atendiendo a que ha ratificado, cuando ratificó los textos de ambos pactos, el regional y el internacional, también ratificó los protocolos que acompañan a los mismos que son facultativos”. Apuntó que “esto significa que las decisiones de sus órganos jurisdiccionales son ejecutorias en territorio nacional”.
Sin embargo, reconoció que “lamentablemente, en el caso Fontevecchia, la actual Corte Suprema ha convertido a esas resoluciones en potestativas, es decir, las cumple si le gustan y si no le gustan no las cumple”. “Esto obviamente provoca una alteración bastante profunda en el significado de la adhesión a los pactos de Naciones Unidas y de la OEA”, manifestó Barcesat, quien también advirtió que “los plazos de funcionamiento de ambas comisiones, la del pacto regional y la del pacto internacional, son bastante extensos en general”.
“Ahora estamos en una situación lamentablemente peor”, aseveró, en cuanto a la justicia, exponiendo que “es una movida que va a tener alto impacto político, sin dudas, pero que no se va a trasladar ese impacto político a la fase institucional”. En relación a esto, celebró que “toda medida que ponga en conocimiento de la opinión pública la situación de estos procesos vergonzosos, que caen bajo la regla general del lawfare, es decir, de la guerra o persecución judicial y que enderezan contra lo que ellos denominan eran enemigos políticos”.
El letrado presumió que la presentación de los abogados de la ex presidenta “es global, abarca la condena privativa de libertad y la llamada accesoria, que en realidad es la principal, que es la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos o función pública, de manera que no se puede, por así decir, seccionar, dividir y establecer una habilitación electoral y no así el levantamiento de las condenas”.
En el caso de plantear un proyecto de ley de amnistía, Barcesat expuso que “no es una improvisación” y que “la propuesta es primero un facultamiento constitucional y segundo, está amparado en precedentes históricos, no casos similares, pero no hay un caso más paradigmático de persecución judicial que esa condena en el en la causa vialidad nacional, que tiene tres inocultables inconstitucionalidades”.
El abogado también expuso que “en ningún foro, en ningún debate académico o político podría alguien sostener con seriedad la validez de la sentencia condenatoria que pesa al momento sobre Cristina Fernández de Kirchner”.
