
La jueza María Servini suspendió los aportes públicos a un puñado de agrupaciones por no entregar los registros contables del 2025. Tienen un ultimátum de 15 días hábiles para regularizar la situación.
La jueza María Servini suspendió los aportes públicos a un puñado de agrupaciones por no entregar los registros contables del 2025. Tienen un ultimátum de 15 días hábiles para regularizar la situación.
La billetera del Estado se cerró de golpe para 20 espacios políticos. En la antesala de lo que será la feroz disputa por las elecciones presidenciales del 2027, la Justicia Electoral decidió cortarles el suministro de fondos públicos a partidos que omitieron un detalle fundamental: blanquear en qué gastaron la plata durante todo el 2025.
La jueza federal María Servini fue la encargada de firmar esta penalidad que golpea de lleno a las arcas de estructuras lideradas por figuras de peso. En la lista de los sancionados que se quedaron momentáneamente sin financiamiento resaltan el Frente Renovador de Sergio Massa, la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió, Principios y Valores de Guillermo Moreno y el partido GEN. Ahora, todos los apuntados enfrentan un ultimátum judicial de 15 días hábiles para poner los papeles sobre la mesa.
Ante el anuncio de la medida, las justificaciones no tardaron en aparecer. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la titular del GEN, Margarita Stolbizer, confirmó el bloqueo de los aportes pero intentó quitarle dramatismo al asunto con una justificación administrativa. La dirigente aseguró que en su espacio "cambiaron el contador" y que, exclusivamente por ese recambio, "se demoró la presentación del balance".
La llamada de atención se ampara en la Ley 26.215, la normativa que marca la cancha sobre cómo deben financiarse las agrupaciones en el país. El texto es claro: los partidos tienen un plazo máximo de 90 días desde que termina cada período anual para detallar sus ingresos y egresos, acompañando cada movimiento con los comprobantes correspondientes. Al saltearse este paso de control con el ejercicio 2025, la Justicia apretó el botón de pausa.
El espíritu de esta exigencia no es un mero capricho burocrático. La entrega de los balances es el único mecanismo que tiene el Estado para garantizar la transparencia, rastrear la ruta del dinero y evitar que la política se financie con aportes ilegales o plata proveniente de actividades ilícitas. Para que la lupa judicial sea efectiva, la ley obliga a que cada agrupación maneje sus billetes exclusivamente a través de una cuenta en un banco oficial.
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Los otros sancionados y la mira en 2027
Más allá de los nombres más importantes, Servini barrió con un amplio abanico de todo el arco político. El listado de los que hoy tienen la caja inhabilitada incluye al Partido Libertario, Encuentro Republicano, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Autonomista, Frente Patriota Federal, Partido de La Victoria, Demócrata Progresista, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico y el Demócrata Cristiano.
El bloqueo de estos fondos llega en un momento de extrema sensibilidad para las cuentas de los dirigentes. Los aportes que reparte el Estado están diseñados para sostener la capacitación política y, sobre todo, para otorgar liquidez de cara a las campañas. Con la carrera presidencial de 2027 a la vuelta de la esquina, quedarse afuera de este sistema de financiamiento mixto (que se combina con donaciones privadas) representa un golpe logístico enorme.
La pelota ahora está en la cancha de los partidos. Si no logran ordenar sus números, identificar quiénes fueron todos sus donantes y demostrar que nadie superó los topes máximos de dinero permitidos, la suspensión de los pagos será apenas el primer paso. El juzgado electoral ya avisó que quienes no cumplan de manera completa o rompan las reglas de juego deberán enfrentar penas y sanciones mucho más severas.
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