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Liderado por Italia y Dinamarca, un grupo de 22 países de la Unión Europea convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para este martes, donde analizarán la grave situación que provocó la irrupción masiva de migrantes en el enclave español, donde hubo al menos 67…
Liderado por Italia y Dinamarca, un grupo de 22 países de la Unión Europea convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para este martes, donde analizarán la grave situación que provocó la irrupción masiva de migrantes en el enclave español, donde hubo al menos 67 muertos. Reclaman medida más estrictas contra la inmigración.
La tragedia de esta semana en el enclave español de Ceuta, donde una irrupción masiva de 60.000 migrantes terminó con 67 muertos, desencadenó una severa tormenta política en la Unión Europea (UE). Los ministros del Interior de los bloque mantendrán este martes una reunión extraordinaria por videoconferencia para abordar la crisis y exigir medidas urgentes al gobierno de Pedro Sánchez.
La cita, fijada por la presidencia rotativa de la UE –en manos de Irlanda–, responde al pedido de un grupo de países liderados por Italia y Dinamarca, los más enfrentados con el líder del gobierno socialista español.
El desencadenante directo de la cumbre fue una carta conjunta promovida por una amplia mayoría de estados miembros. En la misiva, los gobiernos afirman categóricamente que tienen “el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal”. Sin embargo, tras esta aparente unidad formal se esconden profundas divisiones sobre cómo gestionar la seguridad fronteriza sin comprometer los pilares de la integración europea.
Ante la presión, Pedro Sánchez denunció este sábado que se trata de una actitud “egoísta” por parte de algunos países de la UE: “Una actitud así, motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos, no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa”.
Presión de Roma. El debate ubicó al espacio Schengen, de libre circulación, en el centro de las disputas bilaterales. La carta fue impulsada por la primera ministra italiana de derecha, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata.
Como muestra de la gravedad, Italia suspendió temporalmente las normas de libre circulación con España. Por su parte, la jefa del Ejecutivo danesa sugirió abiertamente que la UE debería considerar la suspensión de la cooperación Schengen con España si la situación no se frena.
Meloni afirmó que “la postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida hoy por un número cada vez mayor de países europeos”. El bloque partidario de restringir el tránsito sostiene que la inacción proyecta debilidad institucional frente a las redes de tráfico de personas y la presión migratoria en las fronteras.
La lista de firmantes pone de manifiesto la fragmentación política del continente. Junto a Italia y Dinamarca, suscriben el documento figuras de gran peso como el canciller alemán Friedrich Merz y los jefes de Gobierno de Hungría, Suecia y Polonia, que sustentan una línea más restrictiva contra la inmigración.
Sin embargo, las ausencias resultan clave: ni Francia ni Portugal firmaron la declaración. La postura de los vecinos directos de España contrasta con la del bloque abanderado por Roma.
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, rechazó las posturas aislacionistas al declarar que está “totalmente descartado” que España abandone el espacio Schengen, destacando la fluida cooperación bilateral. No obstante, Nuñez precisó que Francia mantendrá controles reforzados en la frontera “todo el tiempo que sea necesario”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adoptó una postura más conciliadora al valorar la reunión y abogar por “un proceso de análisis” para mejorar la “resiliencia europea”.
Von der Leyen buscó rebajar la tensión al recordar que, pese al desborde en Ceuta, “ni una sola persona llegó a España continental ni al resto de la UE”. Este dato clave fue reconocido por los propios firmantes, quienes constataron que no se registraron movimientos secundarios no autorizados dentro del territorio comunitario.
El desafío de Marruecos. La declaración hace hincapié particular en el concepto de “amenazas híbridas” e instrumentalización migratoria. “No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”, afirman. Esta formulación apunta implícitamente a la compleja relación diplomática con Marruecos y a la vulnerabilidad de las fronteras en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.
El documento agrega que “una percepción así alentaría nuevos intentos, socavaría la confianza en nuestra política migratoria común y tendría repercusiones para todos los Estados miembros”.
Entre las medidas planteadas para la sesión del martes, sugieren un apoyo operativo reforzado a través de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y el control de la migración irregular.
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