El BCRA deberá regular las billeteras virtuales para permitir innovación sin arriesgar seguridad

La reforma de la carta orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei se concentra en la política monetaria, pero deja afuera una función clave: preservar la estabilidad del sistema financiero. Desde las quiebras de la dictadura y la convertibilidad hasta el corralito de 2001, el BCRA actuó siempre como prestamista de última instancia y árbitro de las crisis bancarias. Hoy ese rol se reedita frente a un nuevo desafío: la disputa entre bancos tradicionales y fintech, como Mercado Pago. También deberá resolver esto la entidad si logra la autonomía que propone el Gobierno.

Hay un aspecto importante que, por ahora, la radicalizada propuesta de reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsada Javier Milei no contempla, y que es fundamental para la vida económica y financiera del país. Cada vez que un argentino deposita su sueldo en un banco, paga con una tarjeta, solicita un préstamo o transfiere dinero desde una billetera virtual, detrás aparece un actor silencioso que sostiene el sistema: el Banco Central. Y aunque los cambios a la carta orgánica que propone Milei solo apuntan a los controles de política monetaria y estabilidad de las autoridades, una de sus funciones históricas más importantes es otra: preservar la estabilidad financiera.

Ese papel quedó especialmente expuesto durante las crisis bancarias de la Argentina y hoy vuelve a cobrar protagonismo en un escenario diferente: ya no se trata únicamente de controlar bancos tradicionales, sino de arbitrar la creciente competencia entre esas entidades y las nuevas empresas tecnológicas de pagos, encabezadas por Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre. Si el BCRA logra la autonomía por ley que propone Milei, será la entidad la que defina esta batalla histórica del sistema financiero, curiosamente sin intervención del Gobierno, pese a los efectos directos que la resolución tendrá para la economía de los argentinos. La carta orgánica del Banco Central, desde su creación en 1935, le asignó el rol de “banco de bancos”: todas las entidades financieras operan bajo su supervisión. Entre sus atribuciones están autorizar la apertura o cierre de bancos, otorgar licencias, controlar la solvencia patrimonial, verificar la liquidez, supervisar el riesgo crediticio, inspeccionar balances, aplicar sanciones, intervenir entidades en dificultades y, en casos extremos, revocar autorizaciones para funcionar.

La reforma de la Carta Orgánica de 2012 amplió su mandato para preservar no sólo la estabilidad monetaria sino también la financiera: desde entonces, el artículo 3 establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria, la financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Para cumplir esa tarea, el BCRA trabaja junto con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), a cargo de las inspecciones y auditorías permanentes. La función más delicada es evitar las corridas bancarias: los bancos prestan gran parte de los depósitos que reciben, y si todos los ahorristas quisieran retirar su dinero a la vez, prácticamente ninguno podría responder. Por eso el Banco Central actúa como prestamista de última instancia, aportando liquidez cuando una entidad enfrenta problemas transitorios, para evitar el contagio a todo el sistema. La historia financiera argentina demuestra que ese papel nunca fue sencillo. La primera gran crisis ocurrió tras la reforma financiera de 1977 impulsada por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: la liberalización del sistema permitió la proliferación de entidades con escasos controles y fuerte exposición a operaciones especulativas, y entre 1980 y 1982 quebraron más de setenta, entre ellas el Banco de Intercambio Regional (BIR), el Banco de los Andes, el Banco Oddone, el Banco Internacional y el Nuevo Banco de Italia y Río de la Plata. Muchas de esas quiebras obligaron al Banco Central a intervenir para proteger los depósitos y evitar una crisis sistémica mayor. Esos años quedaron para siempre en la memoria popular en la película “Plata Dulce”.

La segunda gran prueba llegó durante la convertibilidad. Con la titularidad de Roque Fernández y de Pedro Pou se dio la gran transformación del sistema financiero: en diez años desaparecieron, se fusionaron o fueron compradas entidades como el Banco Mayo Cooperativo (suspendido en 1998 tras graves problemas de solvencia, con fuerte impacto político y financiero), el Banco Patricios (suspendido y liquidado ese mismo año), el Banco Crédito Provincial, el Almafuerte, el Balcarce, el Israelita de Córdoba, el Comercial del Norte, el Quilmes y el de Crédito Argentino, además de bancos provinciales privatizados o absorbidos como los de Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, Río Negro, Tucumán y Chaco. En paralelo llegaron al país jugadores internacionales como Santander, BBVA, HSBC, ABN AMRO, Crédit Agricole y ScotiaBank. Pero la crisis más recordada sigue siendo la de 2001: la salida masiva de depósitos llevó al corralito, que restringió el retiro de efectivo, y luego al corralón, que transformó compulsivamente los depósitos en instrumentos de largo plazo, mientras la pesificación asimétrica alteró por completo el equilibrio patrimonial de las entidades. Aquella crisis modificó la regulación bancaria: se elevaron los requisitos de capital, liquidez y administración de riesgos, y el sistema financiero argentino pasó a ser uno de los más líquidos de América Latina. Nuevamente el BCRA debió intervenir como veedor, organizador, autorizador y controlador de los distintos procesos, desde el abandono del país del Crédit Agricole en 2002, absorbido por el Banco Macro, hasta el Bersa, adquirido en 2001 por el grupo Petersen (que luego también controló los bancos de Santa Fe, San Juan y Santa Cruz), y el BankBoston Argentina, vendido en 2006 al sudafricano Standard Bank, cuyo negocio local pasó en 2013 al chino ICBC, que continúa hoy el legado.

Más recientemente, en 2024 el británico HSBC dejó el país, absorbido por el Grupo Financiero Galicia en unos U$S 550 millones; en 2023 se fue el brasileño Itaú, comprado por el Banco Macro en unos U$S 50 millones; y en 2017 el Citi abandonó su negocio minorista, que tomó el Santander, quedándose sólo con el corporativo e institucional. Todos estos movimientos quedan en un prisma menor frente a lo que deberá enfrentar el nuevo Banco Central que surja de la reforma, si la aprueba el Congreso. La irrupción de las fintech, y en especial de Mercado Pago, generó un ecosistema que mueve millones de operaciones diarias sin ser formalmente un banco. Las billeteras virtuales permiten cobrar salarios, realizar pagos, otorgar créditos, invertir saldos en fondos comunes, operar con códigos QR, efectuar transferencias inmediatas e incluso administrar tarjetas de crédito, y el crecimiento fue explosivo: millones de argentinos usaron primero las billeteras digitales antes que una cuenta bancaria tradicional.

Ese cambio obligó al Banco Central a dictar regulaciones para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), con requisitos de registración, seguridad informática, prevención de lavado de dinero, protección de usuarios e interoperabilidad. La más trascendente fue Transferencias 3.0, que permitió que cualquier código QR fuera utilizado por cualquier billetera, eliminando los ecosistemas cerrados de los primeros años.

La competencia entre bancos y fintech se intensificó a medida que Mercado Pago captaba una parte creciente del negocio financiero. Los bancos sostienen que las billeteras ofrecen servicios equivalentes a los suyos pero bajo exigencias regulatorias menores –capital mínimo, encajes, inspecciones permanentes, seguros de depósitos y normas prudenciales que no alcanzan con igual intensidad a las fintech– y hablan de una “competencia regulatoria desigual”. Mercado Libre sostiene lo contrario: que los bancos buscan usar la regulación para proteger un mercado concentrado, cuestiona las comisiones bancarias y afirma que la innovación incorporó al sistema a millones de excluidos.

El conflicto se trasladó al terreno regulatorio, con discusiones por la interoperabilidad de los códigos QR, el uso de tarjetas de crédito en pagos digitales, las transferencias inmediatas, el acceso a la infraestructura de pagos y el tratamiento de los fondos en billeteras virtuales. El Banco Central quedó así como árbitro entre dos modelos de negocio que compiten por el mismo cliente, en una discusión que sumó un componente político con Milei: mientras el Ejecutivo impulsa una fuerte desregulación económica, el Banco Central mantiene la responsabilidad de preservar la estabilidad del sistema de pagos y evitar riesgos sistémicos. Los nuevos actores tecnológicos plantean un desafío distinto al de las viejas crisis bancarias: ya no se trata sólo de evitar quiebras de bancos tradicionales, sino de construir un marco regulatorio que permita la innovación sin comprometer la seguridad de millones de usuarios. En esa tensión se jugará buena parte del futuro del sistema financiero argentino. El Banco Central nació hace más de noventa años para controlar bancos; hoy debe supervisar un universo mucho más complejo, donde conviven entidades centenarias, plataformas digitales, billeteras virtuales y empresas tecnológicas que administran miles de millones de pesos por día. Su desafío ya no consiste sólo en emitir moneda o fijar tasas, sino en garantizar reglas claras, competencia equilibrada y la confianza indispensable para que el dinero siga circulando.

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