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La defensa del imputado conocido como
La defensa de Nicolás Gabriel Soria, uno de los imputados por el presunto entorpecimiento de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, presentó este fin de semana una acción de hábeas corpus correctivo para denunciar un presunto agravamiento en sus condiciones de detención y reclamar medidas urgentes para proteger su integridad física.
El planteo fue presentado por el abogado Marcelo Eduardo Ponce ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, luego de que Soria denunciara haber sido atacado con un arma blanca de fabricación casera el pasado 2 de agosto en la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 de Resistencia, Chaco. Según la presentación, el detenido sufrió un corte en la nariz y la mejilla tras esquivar una puñalada que, asegura, pudo haberle provocado la pérdida de un ojo.
De acuerdo con la defensa, las amenazas comenzaron el viernes 31 de julio, cuando Soria habría advertido al personal penitenciario sobre el riesgo que corría.
Según la presentación judicial, el detenido pidió protección, solicitó que se informara la situación a la Justicia y reclamó una requisa luego de escuchar cómo otros internos afilaban armas caseras. Sin embargo, afirma que esos pedidos "no fueron atendidos y que tampoco quedaron registrados formalmente".
La defensa sostiene que esa omisión convirtió al Estado en responsable de no haber garantizado la seguridad de una persona bajo su custodia.
Qué medidas solicita el hábeas corpus
Además del traslado de Soria a un lugar seguro, el escrito reclama una serie de medidas urgentes:
Separación inmediata de los presuntos agresores;
Alojamiento en un sector donde no exista riesgo para su integridad;
Atención médica integral, con examen clínico y oftalmológico independiente;
Constatación y registro fotográfico de las lesiones;
Prohibición de represalias por haber realizado la denuncia;
Preservación de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al ataque y a las 72 horas previas;
Conservación de libros de guardia, registros de requisas, nóminas del personal de turno y documentación interna;
Secuestro de las armas blancas utilizadas en el pabellón;
Audiencia reservada entre Soria y el juez, sin presencia de personal penitenciario;
Garantía de comunicación confidencial con su defensa.
Asimismo, el abogado pidió que se habiliten días y horas inhábiles debido a la urgencia del caso y requirió que, si el tribunal se declara incompetente, adopte primero medidas de protección antes de remitir el expediente a la Justicia Federal de Resistencia.
El informe que deberá presentar el Servicio Penitenciario
Como parte del trámite del hábeas corpus, la defensa solicitó que se requiera el informe circunstanciado previsto en el artículo 11 de la Ley 23.098. Ese documento deberá ser elaborado por la autoridad penitenciaria y explicar las condiciones actuales de detención de Soria, las circunstancias del ataque y las medidas adoptadas posteriormente. También pidió que se convoque a la audiencia oral prevista por esa misma ley para escuchar al detenido.
Soria aseguró que el ataque fue el desenlace de varios días de amenazas dentro del penal. "Si no me corría, me sacaba un ojo", afirmó al describir la agresión.
También sostuvo que había advertido previamente al personal penitenciario sobre la existencia de armas caseras y que sus pedidos de intervención fueron ignorados.
