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El Consejo de la Magistratura de Córdoba concluyó este martes la etapa final del concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir la vacante de juez electoral de la provincia, una posición estratégica que queda libre con la jubilación de Marta Vidal, luego de casi…
El Consejo de la Magistratura de Córdoba concluyó este martes la etapa final del concurso público de antecedentes y oposición destinado a cubrir la vacante de juez electoral de la provincia, una posición estratégica que queda libre con la jubilación de Marta Vidal, luego de casi tres décadas al frente del juzgado ubicado en calle Caseros 684 de la capital cordobesa.
Tras dos jornadas de entrevistas personales a los 17 postulantes que llegaron a la instancia decisiva, el organismo realizó esta tarde el acto presencial y virtual en el que notificó las calificaciones correspondientes a antecedentes y entrevistas, decodificó las pruebas escritas de oposición y confeccionó la orden de méritos definitiva, surgida de la sumatoria de las tres etapas del concurso.
El resultado ubicó a Guillermo Arias en el primer lugar del orden de méritos, con lo cual quedó a las puertas de convertirse en el próximo juez electoral de Córdoba y en el sucesor de Vidal. Se trata del histórico secretario legislativo de extracción peronista. Con más de dos décadas en el cargo, atravesó las gestiones de Juan Schiaretti, Martín Llaryora y ahora de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Especialista en derecho parlamentario, en los últimos años sumó experticia en materia electoral. Arias ya ejercía su cargo cuando la Legislatura abordó la reforma electoral derivada de la crisis de 2007.
De esta manera, el gobernador Martín Llaryora recibirá una nómina que no puede ser modificada y deberá elevar a la Legislatura Unicameral el pliego del postulante que encabezó la clasificación para solicitar el correspondiente acuerdo legislativo.
Un cargo de alto impacto político
El nombre que encabeza la orden de méritos tiene una relevancia institucional que excede lo estrictamente judicial. Quien resultó primero en la lista quedará al frente del Juzgado Electoral provincial, organismo encargado de organizar las elecciones provinciales, supervisar el desarrollo de los procesos electorales y resolver los conflictos que se susciten en la competencia política en el territorio cordobés.
No se trata de un cargo más dentro del Poder Judicial. Su influencia atraviesa cada turno electoral y, por esa razón, el concurso fue seguido con atención tanto por el oficialismo provincial como por la oposición, además de los distintos sectores de la Justicia.
Conforme al mecanismo previsto por la Ley 8.802, la orden de méritos es inalterable. Una vez publicada, el gobernador deberá remitir a la Unicameral el pliego del postulante ubicado en el primer lugar para obtener el acuerdo legislativo que formalice la designación.
Salvo que prospere alguna impugnación extraordinaria, todo indica que Guillermo Arias se convertirá en el magistrado que conducirá la Justicia Electoral cordobesa durante los próximos años.
La polémica por las entrevistas
La etapa final del concurso estuvo atravesada por una fuerte controversia política impulsada por la oposición. El senador nacional Luis Juez reclamó que las entrevistas personales fueran públicas y transmitidas por YouTube, un planteo que también fue efectuado por la legisladora radical Alejandra Ferrero.
La dirigente deloredista fue un paso más allá e impulsa un proyecto de ley para reformar la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, incorporando, entre otros cambios, la publicidad de las entrevistas, tal como ocurre en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esta demanda también es impulsada por el juecismo.
Sin embargo, la mayoría de los integrantes del Consejo rechazó el planteo y mantuvo el procedimiento habitual. La decisión desactivó parcialmente el reclamo institucional, aunque difícilmente cierre la discusión política.
En el entorno de Juez anticipan que el debate volverá a instalarse cuando el Poder Ejecutivo envíe a la Unicameral el pliego del postulante que encabezó la orden de méritos. Como señal política, el Frente Cívico ya adelantó que no acompañará esa designación.
Semanas atrás, el propio Juez había advertido por escrito que, si persistía el "secretismo" en la instancia decisiva del concurso, su espacio no prestaría el acuerdo legislativo necesario para designar al futuro juez electoral.
Cómo se evaluó el concurso
El proceso comprendió tres instancias de evaluación. Los antecedentes hasta 20 puntos; el examen escrito de oposición, entre 20 y 40 puntos, y la entrevista personal hasta 40 puntos.
Precisamente la entrevista fue el tramo más cuestionado por la oposición, ya que constituyó la instancia con mayor margen de valoración subjetiva y la de mayor incidencia en la conformación del orden de méritos definitivo.
El examen escrito ya había reducido considerablemente la competencia: 28 aspirantes quedaron eliminados en esa instancia y otros ocho habían sido excluidos durante la etapa de admisibilidad.
Los nombres que llegaron a la definición
Los 17 postulantes que alcanzaron la etapa final representaban tres grandes perfiles: funcionarios judiciales de carrera, dirigentes con trayectoria político-institucional y referentes del ámbito académico con respaldo partidario.
Entre los nombres vinculados al oficialismo provincial sobresalieron Guillermo Arias, histórico secretario Legislativo de la Unicameral; Augusto Pastore, secretario de Gobierno de la Provincia y hombre de confianza del ministro Manuel Calvo; y Silvia Paleo, exlegisladora del PRO y actual funcionaria de la Municipalidad de Córdoba.
En la oposición, el principal referente fue Diego Frossasco, abogado, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, exconvencional constituyente y postulante respaldado por Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre.
También llegaron a la instancia decisiva varios funcionarios judiciales con extensa trayectoria técnica, entre ellos María Emilia Mimessi, secretaria de Cámara de la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia; María de los Ángeles Nallin, secretaria letrada de Cámara; y Carlos Ignacio Viramonte, juez civil de San Francisco, a quien el juecismo vinculó políticamente con el gobernador Llaryora, una interpretación que desde el Centro Cívico rechazaron.
Así, el concurso terminó configurando una competencia entre tres grandes vertientes: el Poder Judicial, la dirigencia político-institucional y un postulante de perfil académico con respaldo opositor. Una disputa que excedió largamente el plano jurídico y que mantuvo en vilo al sistema político cordobés por el peso institucional que tendrá quien ocupe, desde ahora, el despacho electoral de la provincia.
