Se normaliza el servicio portuario: acuerdo por tarifas y el Gobierno da marcha atrás con el decreto que estalló el conflicto

El Gobierno Nacional y los prácticos alcanzaron un acuerdo que pone fin al paro que habían iniciado de forma sorpresiva los trabajadores de esa rama portuaria y se desactivó de esta forma un conflicto que hubiera generado pérdidas diarias que podrían haber rozado los US$ 20 millones.Según el acuerdo al que se llegó las tarifas de los prácticos se reducirán ahora un 20% y como contraparte el Gobierno dio de baja el decreto que desregulaba la actividad el factor que había disparado el conflicto. Al mismo tiempo se determinó -según consta en el acta que se firmó en el Ministerio de Seguridad- que se restablecen las tareas de asistencia a la navegación de buques y se conformará una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.“Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados” explica el comunicado oficial.Ahora lo que se espera es que lentamente se comience a regularizar la situación de los cerca de 185 buques que se veían afectados por la medida de fuerza un escenario que se normalizará con el correr de las horas.De acuerdo con lo que se había establecido en el Decreto 690/2026 -y que ahora queda en la nada- se eliminaban exigencias consideradas obsoletas o desproporcionadas para ampliar la cantidad de prestadores habilitados. Además en cuanto al costo de este servicio uno de los puntos más conflictivos se había establecido que el valor sería acordado entre los prácticos y los usuarios aunque la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establecería los topes según cada prestación.Además el Gobierno había puesto el foco en la diferencia que había entre los costos locales y los que regían en el exterior. Por ejemplo apuntó que un buque carguero de tipo Panamax que ingresa a puertos internacionales –por tomar uno de los escalones más bajos- paga entre US$ 1.500 y US$ 4.700 por el servicio de practicaje contra los hasta algo más de US$ 16.903 que regían en la Argentina.El efecto negativo que hubiera generado el paro sorpresa en la economía argentina era millonario. Por la vía marítima pasa nada menos que el 80% del comercio exterior argentino por lo que todo lo que afecte a esa vía pega de forma directa. Según los cálculos de distintas entidades la pérdida diaria que ocasiona este parate se acerca a los US$ 20 millones si se toman en cuenta los distintos conceptos que se deben sumar.Es que la parálisis de la actividad genera un efecto dominó que golpea en simultáneo a la liquidación de divisas del campo el abastecimiento de combustibles el suministro de autopartes para la industria automotriz y el abastecimiento general de bienes e insumos importados.En los despachos del sector privado ya se manejan estimaciones concretas sobre el costo diario del conflicto. De acuerdo con datos consolidados de cámaras agroexportadoras agencias marítimas e instituciones industriales las pérdidas consolidadas se mueven entre los US$ 12 y los US$ 192 millones por cada jornada de inactividad dependiendo de la cantidad de buques frenados que se contabilicen.La penalización por inactividad conocida en el ambiente de la logística internacional como demurrage representa una sangría importante para los operadores. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) señalan que cada barco varado devenga un costo extra de entre US$ 40.000 y US$ 80.000 diarios es decir a una pérdida directa global de entre US$ 45 millones y US$ 72 millones al día.A esta cifra se le suma el costo financiero implícito por la postergación en el ingreso de divisas. Según informes del Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el parate de la navegación en los puertos del Gran Rosario Bahía Blanca y Quequén frena a los embarque y suspende las operaciones de liquidación diaria de exportaciones del complejo agroindustrial.Con un volumen estimado de granos y derivados inmovilizados en las bodegas que supera los US$ 150 millones diarios la falta de acreditación inmediata de esos dólares genera un perjuicio por el costo de oportunidad del capital de trabajo. Se calcula que el impacto financiero por las divisas retenidas suma entre US$ 500.000 y US$ 1 millón adicionales por día.El frente industrial también comenzó a sentir el golpe por el desabastecimiento de insumos clave. Relevamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA) indican que la falta de la actividad de los prácticos impedía el atraque de los buques portacontenedores en el Puerto de Buenos Aires y en la zona de Dock Sud lo que frenaba el ingreso de componentes claves para mantener el ritmo de las líneas de producción.Por su parte desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) alertan sobre el riesgo inminente de una parada de planta ante la interrupción en la llegada de autopartes y materias primas importadas. La parálisis parcial de estas cadenas productivas genera pérdidas estimadas de entre US$ 3 millones y US$ 6 millones diarios.Por su parte el eslabón logístico terrestre y la infraestructura portuaria sufren un golpe que tambien se hace sentir. Según cifras de de las cámaras del transporte de cargas hay miles de camiones que permanecen varados en los accesos a las terminales agroexportadoras sin poder descargar la mercadería con lo que se acumulan viáticos gastos en combustible y horas de trabajo perdidas.A esto se le deben añadir los cargos acumulados por la estadía extendida de contenedores en los depósitos fiscales y las multas por la ocupación prolongada de muelles. Todos estos sobrecostos operativos agregaban pérdidas por entre US$ 15 millones y US$ 3 millones por jornada a la cuenta final de la medida de fuerza.La extensión de la medida de fuerza había elevado además el valor de las primas de seguro por riesgo operativo. Este encarecimiento generalizado de las tarifas logísticas internacionales impone un sobrecosto estimado entre US$ 1 millón y US$ 2 millones por día que debían pagar tanto exportadores como importadores locales.