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El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Jorge Eduardo Isetta, explicó los principales puntos del informe anual del organismo. Señaló que la capacidad penitenciaria está superada, cuestionó el Código de Faltas y destacó la necesidad de garantizar derechos a las personas privadas de libertad.
Viernes 07 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 21:41hs. del 07-08-2026
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Corrientes presentó su informe anual, un relevamiento que abarca la situación de las unidades penitenciarias, comisarías, alcaidías y otros establecimientos donde permanecen personas bajo custodia del Estado. En diálogo con Radio Sudamericana, el presidente del organismo, Dr. Jorge Eduardo Isetta, detalló las principales problemáticas detectadas y las recomendaciones realizadas a las autoridades.
Isetta explicó que el Comité fue creado por la Ley 6280 y funciona como mecanismo local de prevención de la tortura. Si bien cuenta con una dependencia administrativa dentro del Poder Legislativo, remarcó que su actuación es autónoma e independiente de los poderes del Estado.
El objetivo central, según explicó, es prevenir cualquier forma de tortura, maltrato o agravamiento de las condiciones de detención. "El resto de los derechos se conservan", sostuvo, al referirse a las personas privadas de su libertad, y mencionó entre ellos el acceso a la educación, el contacto con la familia y la comunicación.
Uno de los puntos que el organismo considera relevante es precisamente el derecho a la comunicación mediante teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias. Isetta señaló que, aunque existen restricciones y controles, desde el Comité consideran que mantener el contacto con los familiares funciona como una "válvula de descompresión" frente a las condiciones propias del encierro.
Según explicó, actualmente los internos pueden utilizar sus teléfonos entre las 9 y las 21, mientras que existen excepciones para situaciones particulares, como embarazos de riesgo o familiares mayores con problemas de salud. Los dispositivos son retirados al momento del cierre de las celdas y quedan bajo resguardo dentro de los pabellones hasta el día siguiente.
El mecanismo contempla además sanciones ante el uso indebido de los dispositivos. Entre las restricciones se encuentra la prohibición de utilizar redes sociales y billeteras virtuales. En caso de incumplimientos reiterados, se puede retirar el teléfono inteligente y reemplazarlo por un dispositivo analógico que no permita acceder a WhatsApp ni a redes sociales.
Isetta sostuvo que la experiencia de Corrientes mostró resultados favorables en este aspecto y señaló que prácticamente no existen condenas vinculadas con delitos cometidos desde las unidades penitenciarias mediante dispositivos electrónicos.
Hacinamiento: la capacidad es de 720 y hay alrededor de 980 internos
Uno de los principales problemas señalados por el Comité es la sobrepoblación en las unidades penitenciarias. Isetta precisó que la capacidad prevista es de aproximadamente 720 personas, mientras que actualmente hay alrededor de 980.
"Hay hacinamiento. Hay celdas de dos en las que están durmiendo cuatro personas", afirmó.
El presidente del Comité marcó una diferencia con otras jurisdicciones que declararon emergencias carcelarias y destacó que Corrientes optó por implementar medidas alternativas para intentar descomprimir el sistema.
Entre ellas mencionó la adecuación de los pabellones 13 y 14 de procesados para alojar a adultos mayores que actualmente se encuentran en la Unidad 1, además de la utilización de la Unidad 7 de San Luis del Palmar para personas con condenas de corta duración.
También señaló que existe una solicitud del Servicio Penitenciario para ampliar pabellones de la Unidad 1, aunque aclaró que desde el Comité no acompañan como primera alternativa la creación de más lugares de detención.
En paralelo, destacó las medidas impulsadas desde el Poder Judicial para reducir la cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario mediante alternativas como tareas comunitarias y otras medidas de cumplimiento de las condenas.
Cuestionamientos al Código de Faltas
Otro de los capítulos del informe está relacionado con el Código de Faltas de Corrientes. Isetta lo calificó como "totalmente obsoleto" y cuestionó especialmente la ausencia de control judicial inmediato.
Según explicó, existen situaciones en las que una persona puede permanecer privada de su libertad durante hasta 19 días sin conocimiento de un juez, por decisión de autoridades policiales.
El Comité detectó además irregularidades administrativas en diferentes comisarías, entre ellas personas privadas de libertad por disposición de oficiales que no estarían habilitados para adoptar esas decisiones y errores en los legajos.
Isetta mencionó como ejemplo la situación que encontraron en Curuzú Cuatiá, donde una celda destinada a contraventores presentaba condiciones que calificó como extremadamente deficientes. Finalmente, ese espacio fue clausurado y posteriormente se realizaron trabajos de refacción.
El funcionario destacó que, en estos casos, el Comité no se limita a realizar observaciones formales, sino que también busca gestionar soluciones con las autoridades policiales y municipales.
El problema de la salud de las personas privadas de libertad
Para Isetta, uno de los principales desafíos pendientes del sistema penitenciario es la atención sanitaria.
El Comité plantea que las personas privadas de libertad puedan acceder al sistema público de salud en condiciones similares al resto de la población y que la atención sanitaria no dependa exclusivamente del Servicio Penitenciario.
En ese sentido, señaló que existen conversaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad para avanzar en una solución que permita mejorar la atención.
También destacó avances en materia educativa. Mencionó que personas privadas de libertad alojadas en el Instituto Pelletier cursan carreras y tecnicaturas mediante herramientas virtuales y que el Superior Tribunal de Justicia aportó una antena de Starlink para garantizar la conectividad.
El habeas corpus por las personas alojadas en el Hospital de Salud Mental
Uno de los puntos más sensibles mencionados durante la entrevista fue la situación de las personas alojadas en el Hospital de Salud Mental.
Isetta explicó que el Comité decidió iniciar un habeas corpus colectivo correctivo contra el Estado provincial, específicamente contra el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad.
Según los datos aportados durante la entrevista, de las personas alojadas en ese establecimiento, solamente cuatro tendrían un conflicto con la ley penal. El resto presenta situaciones vinculadas con restricciones de capacidad o problemas de salud y, según el planteo del Comité, permanece bajo un régimen similar al penitenciario sin haber cometido delitos.
"Estas personas que están privadas de su libertad bajo un sistema carcelario no cometieron ni un delito", sostuvo.
Isetta recordó además el caso de una persona de Santo Tomé que permaneció durante décadas en esa situación y falleció sin que el Estado pudiera encontrar una alternativa adecuada para su externación.
El presidente del Comité también señaló que la falta de acompañamiento familiar aparece como otra dificultad en estos procesos. Explicó que existen casos en los que familiares no quieren o no pueden asumir nuevamente el cuidado de personas que permanecieron durante muchos años institucionalizadas.
Para el organismo, el desafío consiste en encontrar alternativas que permitan garantizar los derechos de estas personas y evitar que quienes necesitan atención sanitaria permanezcan privados de su libertad bajo un régimen carcelario sin que exista una condena penal que lo justifique.
