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El gobierno de Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo apuestan al programa de privatizaciones para cerrar 2026 con el 1,4% de superávit fiscal comprometido, mientras la recaudación cae en términos reales y el ajuste del gasto llega a su límite.
El gobierno de Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo apuestan al programa de privatizaciones para cerrar 2026 con el 1,4% de superávit fiscal comprometido, mientras la recaudación cae en términos reales y el ajuste del gasto llega a su límite. La venta de Citelec, controlante de Transener, fue el primer paso: ahora el Ejecutivo apura la salida de AySA, Enarsa y Belgrano Cargas, con la mira puesta en repetir la fórmula en 2027 y avanzar luego sobre energía, aeropuertos y rutas.
La base de toda la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y la gestión de Luis “Toto” Caputo al frente del Palacio de Hacienda se apoya en una premisa que, quizá, sea la principal victoria de la “batalla cultural” del oficialismo: el superávit fiscal, más alto o más bajo, vino para quedarse. Cualquier opositor (obviamente peronista) que se presente en 2027 deberá contabilizar recaudación contra gasto superavitario: desafío ineludible, ya que reestructurar deudas o expropiar eyecta más votantes de los que atrae.
Para 2026, Milei y Caputo mostrarán, por tercer año consecutivo, un sólido resultado fiscal, en línea con el presupuesto nacional y con el FMI. El 1,4% de superávit primario será logrado y exhibido como una cucarda antes de octubre. Lo notable es cómo se logrará. La recaudación, única fuente sana, viene mal: pese a que julio mostró suba por Ganancias, las proyecciones indican una caída real promedio de 3 a 4% contra la inflación. Se espera recuperación en el segundo semestre, pero el primero fue tan malo que será imposible revertirlo.
El gasto público está ya al límite. Reconoció Caputo, cerca de abril, que por esa vía no hay muchas esperanzas de contracción y que la “motosierra” está casi sin kerosene: lo que sigue es reducción quirúrgica, no bombardeo. Aun así, podrá caer entre 3 y 4% anual, porcentaje importante para cualquier gestión, pero insultante para quien basa su experiencia en la extirpación del gasto. Ya se avizoran los límites: las jubilaciones están al borde del quebranto, no se podrá sostener mucho más la suspensión de obras públicas y la administración nacional muestra agobio presupuestario, con personal capacitado que falta más de lo que sobra.
El Gobierno usa el dinero de las privatizaciones para completar su primera gestión
¿De dónde saldrá la fórmula para el 1,4% comprometido? Aquí empieza la magia de Milei y Caputo, con un as en la manga que operará fuerte ya este mes: el programa de privatizaciones, que se acelera con empresas y servicios que cambiarán de manos en pocas semanas, promete ingresos por unos US$ 2.000 millones, entre 0,3 y 0,4% del PBI, exactamente lo que se necesita para que, contablemente, alcance para el superávit primario. No es fórmula nueva: ya la había usado Carlos Menem entre 1990 y 1996. Lo nuevo es que sea esta administración la ayudada por este tipo de ingresos, algo que se repetirá en 2027, avance habilitado por el Congreso en el proyecto de Bases II, aprobado en junio de 2024.
El Gobierno ingresó en la etapa decisiva de su programa de privatizaciones. Si el primer año y medio la prioridad fue el ajuste fiscal, la estabilización macroeconómica y la Ley Bases, ahora la estrategia apunta a transformar esa arquitectura legal en operaciones concretas que reduzcan la participación estatal en sectores estratégicos: obtener recursos que fortalezcan las reservas del Banco Central, y eliminar la necesidad de que el Tesoro siga financiando empresas que, según la visión oficial, deberían operar bajo reglas de mercado. La coordinación quedó en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, con el diseño normativo supervisado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.La venta de Citelec, controlante de Transener, marcó el punto de partida: el Estado transfirió el 100% al consorcio Genneia-Edison Energía, la primera privatización de una eléctrica estratégica en la administración Milei. La lista que Economía pretende colocar antes de fin de año suma empresas de energía, transporte, infraestructura y servicios públicos. AySA es uno de los procesos más sensibles: presta agua y cloacas a más de 15 millones de habitantes del AMBA, por lo que cualquier cambio de operador tiene un costo político elevado. La intención oficial es desprenderse del control estatal combinando venta de acciones con la incorporación de un operador estratégico, aunque antes busca reordenar las finanzas de la compañía y reducir subsidios para subir su valor. La vieja concesión de Aguas Argentinas en los noventa es antecedente inevitable, aunque en Economía sostienen que el nuevo esquema incorporará obligaciones de inversión distintas.
Enarsa es probablemente el expediente más complejo, con gasoductos, líneas de alta tensión, terminales de GNL, generación eléctrica y proyectos de infraestructura energética. El Gobierno cree que buena parte de sus funciones puede ser asumida por privados, en un contexto de fuerte expansión de las inversiones en Vaca Muerta impulsadas por el RIGI.Otro expediente en fase final es Belgrano Cargas y Logística: la decisión es volver a concesiones privadas para la carga ferroviaria, separando infraestructura, material rodante y operación comercial. En julio comenzaron los trámites para publicar los pliegos de licitación, que dividirán la red en paquetes para favorecer la competencia entre operadores. El Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema permitirá más inversiones, menores costos logísticos para las economías regionales y mejor productividad ferroviaria sin financiamiento estatal.En la Casa Rosada consideran que estas tres operaciones serán determinantes para medir el apetito inversor por los activos públicos y que pueden aportar los fondos para cerrar el 2026 fiscal. Si se avanza con éxito, se abrirá una segunda etapa más ambiciosa, con empresas energéticas, aeroportuarias y de infraestructura vial, que puede completarse en el primer semestre de 2027, complementando en año electoral la meta de superávit. Se verá. Lo importante del cálculo de ingresos vía privatizaciones es que confirma la visión de campo del oficialismo, y marca una diferencia clave respecto de la eterna comparación con el menemismo: Milei y Caputo, a diferencia de los inventores de la convertibilidad, usan los recursos de las privatizaciones para completar su primera gestión, con el bypass fiscal que implican. Si es reelecto, Milei podrá disponer del traspaso de empresas públicas a privados para seguir la meta pactada con el FMI: un resultado positivo de 1% del PBI, como mínimo.Será útil la fórmula, siempre que construcción, comercio interno y el 70% de la industria permanezcan en el rubro de los rezagados.
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