Reforma del Banco Central: Emisión con grilletes

La transición entre el grito de batalla en la campaña y el último proyecto de ley enviado al Congreso fue un aterrizaje de realismo. Entre la disolución del Banco Central, creado en 1935 y la iniciativa para reemplazar una cuestionada carta orgánica de 2012 hay una brecha enorme pero un punto de contacto: la evidencia que la inflación que socavó los fundamentos de la economía argentina en le último medio siglo, al menos, guarda correlación con la tasa de emisión monetaria para financiar el déficit crónico del Estado nacional.

Nueva normalidad. Desde la salida de la convertibilidad, la tasa de emisión monetaria (creación de moneda pura y dura) osciló entre 35% y 40% anual, pero con muchísimas diferencias entre años desacelerados y otros en que la maquinita funcionó a pleno. Tomando distancia, la correlación entre la creación de dinero y la tasa de inflación también se verifica para la economía argentina. Lo hizo hasta el inicio de la convertibilidad, según un estudio de principios de la década del ’90 del Banco Central pero también desde 2002. Y el motor de tanto dinamismo fue casi siempre el mismo: acudir al auxilio del Tesoro como un prestamista de primera instancia cuando las demás fuentes de financiamiento tradicionales se agotaban. A medida que Argentina iba construyendo su prontuario de defaulteador serial, el acceso al mercado voluntario internacional de deuda se evaporaba, se complicaba el institucional (FMI, Banco Mundial o BID); la colocación de instrumentos de deuda internos se encarecía y la suba en la tasa de interés ahogaba la actividad económica y así también minaba la otra fuente de recursos, la tributaria. La emisión monetaria, entonces, pasó a ser un correlato de la política fiscal antes que una herramienta más de la monetaria.

En este contexto, no debería extrañar que el Gobierno haya decidido enviar al Congreso la discusión de la reforma a la carta orgánica que dispone el funcionamiento del Banco Central, que se había reformado por última vez en 2012 (por ley 26.739) con una orientación menos “monetarista” y que incluía otras metas como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, siempre en el marco de las políticas del Gobierno. No son pocos los economistas que ven en esta lista de buenas intenciones una dispersión en la misión esencial de una autoridad monetaria: garantizar la estabilidad financiera. Y lo contraponen con lo que otros bancos centrales de la región disponen, en general, como norma excluyente: la independencia del poder político de turno. El ejemplo citado es el caso peruano, un país con enorme inestabilidad política pero que mantuvo al frente de la autoridad monetaria al mismo presidente (Julio Velarde) en los últimos 20 años. Pero también se recuerda el caso de Brasil en el que su Banco Central fue un ancla que compensaba las políticas naturalmente más expansivas de Lula con un resultado llamativo: una inflación entre 3% y 6% anual desde 2006.

Dictamen. Los argumentos oficiales para enviar al Congreso para ser sometido a discusión el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central choca, en principio con la idea original que sobrevolaba la campaña y que era su abolición junto con la dolarización. Quizás en otro giro de realismo, la propuesta versión 2026 es la de adoptar un régimen más parecido a los países de la región para poder alcanzar, finalmente, los mismos resultados macroeconómicos: inflación de un dígito anual, crecimiento (3,7% en 2002-2012 y 2,5% anual desde entonces) y ampliación del crédito disponible. En este último coeficiente, el espectro es mucho más amplio: entre el 31% del PBI en Uruguay hasta el 105% en Chile. Argentina, en cambio logró un módico avance: del 5% al actual 14% en los últimos 20 años, claro que partiendo desde el sótano. Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea sostiene que un banco central creíble y autónomo, “aunque tenga un solo objetivo, puede hacer una formidable contribución al crecimiento si logra que las tasas de interés de largo plazo pasen a ser de un dígito anual en pesos y para alcanzar ese objetivo, la estabilidad es una condición necesaria”.

En esencia, la iniciativa, sujeta a la lógica discusión, tiene un riesgo que es el de perder de vista la precariedad de un sistema tensionado por la necesidad de financiamiento público. Jorge Colina, economista de IDESA señala que, según datos del Ministerio de Economía, entre 2011 y 2023 el déficit fiscal acumulado equivalió al 54% del PBI y la emisión monetaria del Banco Central hacia el Tesoro equivalió al 31% del PBI, con un nivel general de precios que se multiplicó en 468 veces con la lógica pérdida del salario real del 21% de su valor. “Estos datos muestran que el desequilibrio del sector público nacional generó necesidades de financiamiento por el equivalente a la mitad de lo que produce el país en un año y la mayor parte se cubrió con emisión monetaria, que a su vez generó una enorme inflación que es la vía a través de la cual el Estado le quita recursos al sector privado”, explica.

Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T Asesores Económicos y profesor de Política Monetaria de la UCA, advierte que, con múltiples aspectos discutibles y secundarios, la clave es que la reforma garantice la independencia del Banco Central, sobre todo impidiendo que financie el déficit fiscal. A su criterio, “el simple hecho de estar discutiendo un proyecto de estas características es positivo, a pesar que marque una clara divisoria de aguas entre quienes sostenemos que la independencia es deseable y quienes prefieren continuar con la entidad sujeta a la voluntad de la política económica y sobre todo de las necesidades fiscales”. Para Tiscornia, además de la reforma a la carta orgánica, también está la discusión acerca de cómo se nombran las autoridades y quién y cómo se remueven; si el objetivo deber ser sólo el de mantener a raya la inflación o se puede agregar algún otro cercano, pero todo enmarcado en un concepto innegociable que es el de blindar la independencia de las autoridades para su funcionamiento más adecuado.

Ciclos. Por último, Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro, destaca que es tan importante la reforma de la carta orgánica del Banco Central como el compromiso con el equilibrio fiscal, con una meta ajustada por el ciclo. “Cuando la economía crece muy fuerte, mejora la recaudación porque estás creciendo por encima de tu potencial y no es algo sostenible al tiempo, con lo cual debería tener equilibrio fiscal ajustando esa recaudación extraordinaria”. Y a la inversa, cuando hay un proceso recesivo, la recaudación cae por debajo del potencial, con lo cual debería tener la posibilidad de acceder, formar un fondo anticíclico cuando está por arriba del ciclo económico, para que cuando se esté por debajo del ciclo económico se pueda recurrir a dicho fondo para no tener que ajustar tanto el gasto también. “El compromiso que debe de tener Argentina es un compromiso como tenía Brasil o Chile, con proyección o un presupuesto ajustado por ciclo (por precio del cobre en el caso trasandino o por lo que fuere”. Todo lo extraordinario debería de ir a pagar un fondo anticíclico que tiene la virtud que cuando se está arriba del ciclo, ahorra, pero cuando está por debajo, se puede desahorrar”, concluye.

Muchas leyes empezaron como un proyecto perdido y hasta cajoneado hasta su tratamiento. En este caso, el “proceso” de esta discusión quizás sea más importante que su “producto” porque implica poner sobre la mesa herramientas casi automáticas que la política económica normalizó para obtener resultados anormales, pero obviamente previsibles. De la nada, nada sale.

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por Tristán Rodríguez Loredo