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Tras los procedimientos judiciales que investigan la causa por lavado de activos que terminaron con el desmantelamiento y cierre de los gimnasios Exen, Brian Falleou, coordinador de dos sucursales, describió el sorpresivo e intempestivo despliegue de las fuerzas federales. En diálogo con Radio Sudamericana, advirtió sobre la delicada situación en la que quedaron más de 70 familias y reclamó a la Justicia una solución para garantizar el derecho a trabajar.
Brian Falleou, es coordinador de los locales de calle Arturo Illia y Vedia, habló con Radio Sudamericana y relató los pormenores de un operativo que tomó por sorpresa a todo el personal. El trabajador brindó detalles del accionar judicial y dejó en evidencia la profunda preocupación que atraviesan decenas de familias tras la paralización total de la empresa.
El vocero de los trabajadores remarcó la incertidumbre económica a la que quedaron expuestos: "Para nosotros es una situación muy triste porque nos dejan sin trabajo. Hoy estoy en la nada; Exen era un ingreso para mi familia y hoy no sé qué pasará a futuro porque desconocemos la causa contra los dueños".
Falleou recordó cómo comenzó la jornada en la que se llevaron a cabo los allanamientos simultáneos: "Arrancamos un viernes bastante movido donde a las 7:45 me llaman desde la recepcionista diciendo que se encontraba Gendarmería afuera, donde le leían un acta para proceder a un allanamiento y que quedarían incomunicadas, pidiéndome que me presente para ayudarles y atender al personal".
El coordinador remarcó el impacto que causó el despliegue de las fuerzas de seguridad: "Fue un día bastante movido por la sorpresa que nos llevamos los trabajadores. Nos levantamos como un día normal, cada uno se presentó en su horario habitual y, en el momento que se presentó el allanamiento, fue de miedo por la forma en que se gestionó el operativo".
Al arribar al lugar para interiorizarse sobre la situación, el coordinador se encontró de inmediato con la intervención judicial: "Al recibir el llamado de mis compañeras, me presenté en la sucursal de Arturo Illia para conocer qué estaba pasando y el oficial me dice que estaban haciendo un allanamiento por una causa de lavado de activos y de drogas. Me dijeron que al estar adentro mi celular quedaba secuestrado y yo quedaba incomunicado. Le pedí que me devuelva el teléfono porque tenía que retirar a mi hija del colegio, me lo devolvió, le avisé a mi novia para que la retire y ahí me lo volvieron a sacar".
Respecto a su rol dentro de la firma y su vínculo con las autoridades de la cadena, aclaró que es un prestador de servicios convocado por la firma: "No me imaginaba que podía llegar a pasar algo así, inclusive me presenté cuando hicieron los controles de sonido, plagas y de habilitación, y todos los papeles están al día". Asimismo, sobre los propietarios investigados, señaló: "Yo no tuve contactos con los detenidos. Los conozco, tuve entrevistas con cada uno de ellos para el trabajo, los he entrenado y me conocen de otros gimnasios".
Uno de los puntos vertidos por el trabajador apuntó a la manera en que la fuerza pública desmanteló el equipamiento del gimnasio durante la medida cautelar: "Llegaron con el operativo y arrancaron con el desarme, no fueron a buscar algo puntual. Se procedió directamente al desarme de las máquinas. La sucursal de calle Arturo Illia está desarmada de punta a punta; cortaron cables de máquinas muy caras porque ni siquiera tenían las herramientas para desmontar la maquinaria".
En ese marco, realizó un llamado a las autoridades intervinientes en nombre de sus compañeros: "Queremos seguir con nuestra fuente de trabajo y nuestro espacio, que nos brinden el lugar para seguir trabajando. Somos más de 70 personas. Es un pedido a la justicia para reclamar el derecho a trabajar, porque hoy es muy difícil encontrar un puesto laboral. Queremos una respuesta pronta para saber si podemos seguir trabajando, cómo nos acomodamos o cómo generaremos nuestra fuente de ingresos".
