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El diputado nacional Guillermo Mitchel (Partido Justicialista) por Entre Ríos sostuvo en diálogo con Radio Sudamericana que una parte del impuesto a los combustibles tiene asignación específica para el mantenimiento vial y afirmó que el Gobierno nacional habría destinado solo una cuarta parte de los recursos recaudados. También habló sobre el deterioro de las rutas, el impacto en la producción y las acciones judiciales impulsadas para reclamar los fondos.
De acuerdo a una investigación realizada por el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, el destino de los fondos recaudados para el mantenimiento de las rutas volvió a quedar en el centro de la discusión política.
De acuerdo con esto, el gobierno ha recaudado aproximadamente 1,5 billones de pesos a través de un fideicomiso denominado SISVIAL (Sistema Vial Integrado). Este fondo se nutre específicamente de una parte del impuesto a los combustibles que pagan los ciudadanos al cargar nafta o gasoil.
A su vez, de ese total recaudado, el Estado solo ha aplicado una cuarta parte (25%) a su fin específico, que es el arreglo y mantenimiento de las rutas nacionales.
En este sentido, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó en diálogo con Radio Sudamericana el nivel de ejecución del Sistema Vial Integrado (SISVIAL): "El 28,58% del impuesto a los combustibles tiene asignación específica a todo lo que tiene que ver con la traza bien. Tiene un destino específico, no se puede cambiar ese destino", dijo.
Michel agregó que una parte de ese porcentaje tiene como destino el sistema vial. “La mitad de eso va específicamente al SISVIAL, que es un fideicomiso afectado a todo lo que es la traza vial. Es decir, cuando uno echa nafta, parte del impuesto que paga tiene que ir sí o sí a la reparación de la ruta”, sostuvo.
La discusión por los fondos no ejecutados
El diputado cuestionó: “El resto lo puso en plazos fijos, en bonos. Alguien en la calle te diría: se timbearon la plata”, expresó durante la entrevista.
Michel sostuvo que el punto central de su reclamo es la asignación específica de esos recursos. Según explicó, al existir una normativa que establece el destino del fondo, el dinero no debería ser utilizado para otros objetivos.
“Lo que está haciendo el Gobierno es incumplir con la ley. Un impuesto que tiene una afectación específica, que está destinado exclusivamente para la reparación de la traza vial, no se está usando”, afirmó.
El legislador vinculó esta situación con el resultado fiscal que exhibe actualmente el Gobierno nacional y calificó al superávit como “trucho”. En ese sentido, sostuvo que las cuentas públicas se mostrarían equilibradas a partir de la postergación de distintos gastos y obligaciones estatales.
El estado de las rutas y el impacto en Corrientes
Michel puso como ejemplo el estado de la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de comunicación del NEA: “Yo cuando agarro la Ruta 14, la recorro todo el tiempo, uno ve que están destruidas las rutas de todo el país”, señaló.
Para el diputado, el problema no se limita al estado de la infraestructura. También tiene consecuencias sobre la seguridad vial y los costos que deben afrontar quienes trasladan mercadería. “Tenemos cada vez más accidentes en la ruta, donde fallece gente, cada vez más costos logísticos para la producción de cada una de las provincias”, afirmó.
En el caso de Corrientes, mencionó especialmente el traslado de madera y otras producciones provinciales. “Cualquier camionero que sale con madera de Corrientes o con cualquier otra producción, se accidenta en la ruta, rompe las cubiertas, rompe las llantas y tiene más costos”, explicó.
Reclamos judiciales contra el Gobierno
Michel aseguró que el reclamo ya llegó a la Justicia. Según indicó, se presentaron notas formales y existen denuncias penales y medidas cautelares vinculadas con la utilización de los fondos.
“Nosotros ya presentamos una carta por escrito y ya hay incluso denuncias penales en la Justicia y hay cautelares en la Justicia para accionar para la reparación de la ruta”, explicó.
El legislador reconoció que los procesos judiciales pueden extenderse en el tiempo y cuestionó que, mientras se desarrollan esos trámites, el deterioro de las rutas continúa. “El punto es que acá lo que hay es un incumplimiento de la ley y es un delito penal. El Gobierno sabrá lo que hace”, sostuvo.
Los gobernadores también podrían recurrir a la Justicia
Michel anticipó además que una provincia gobernada por el peronismo podría presentar una acción declarativa de certeza para reclamar la transferencia de los recursos. “Esta semana se va a encontrar que va a haber una provincia de un gobernador peronista que va a presentar una acción declarativa de certeza en la Justicia para que estos fondos se distribuyan”, adelantó.
Para el diputado, el reclamo no debería quedar únicamente en el ámbito judicial. También consideró que los gobernadores tienen herramientas políticas para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de las normas. “Esto tiene que ver con la vocación política y con la decisión política de ir y reclamar al Gobierno nacional”, planteó.
