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La situación se originó tras la falta de asunción de Pablo “Kelo” Guastavino como concejal y la posterior renuncia a su banca. El oficialismo tiene tres ediles y la oposición cuatro, pero la falta de quórum mantiene paralizado al cuerpo legislativo.
El Concejo Deliberante de Mburucuyá permanece sin sesionar desde el 10 de diciembre, cuando debía asumir la nueva composición del cuerpo tras el inicio de la gestión del intendente Edgar Galarza Florentín. La situación generó un bloqueo institucional que se mantiene hasta la actualidad.
De acuerdo con información aportada por el periodista local Leandro Chamorro, desde el 1 de marzo debieron realizarse 22 sesiones ordinarias, además de dos extraordinarias convocadas durante enero y febrero. Sin embargo, la falta de quórum impidió el funcionamiento regular del Concejo.
El conflicto tiene como eje la situación del ex intendente Pablo “Kelo” Guastavino, quien había sido electo concejal y presentó la documentación correspondiente durante la sesión preparatoria. Sus pliegos fueron aprobados, pero finalmente no asumió formalmente la banca.
Guastavino presentó su renuncia al cargo recién el 4 de marzo. A partir de esa dimisión, el oficialismo planteó la necesidad de convocar al concejal que continúa en el orden de la lista, Cristian Escalante, pero el trámite debe ser tratado y aprobado por el propio Concejo Deliberante.
La situación derivó en una disputa sobre la interpretación de la Ley Orgánica Municipal y del reglamento interno del cuerpo. Mientras no se resuelvan la renuncia y la incorporación del nuevo concejal, tampoco pudieron conformarse las comisiones necesarias para el funcionamiento legislativo.
Actualmente, el Concejo está integrado de manera formal por siete bancas. El oficialismo cuenta con tres concejales y la oposición con cuatro. Sin embargo, según explicó Chamorro, la ausencia de los ediles opositores en las convocatorias impide reunir el quórum necesario para sesionar.
Desde el oficialismo sostienen que no corresponde continuar convocando sesiones especiales y que los distintos proyectos pendientes deben incorporarse al orden del día de las sesiones ordinarias cuando pueda retomarse la actividad legislativa.
Entre los temas que esperan tratamiento se encuentra un proyecto de emergencia económica impulsado por la nueva gestión. Según el oficialismo, la iniciativa permitiría avanzar institucionalmente con investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades detectadas durante la administración del propio Guastavino.
Uno de los cuestionamientos mencionados está relacionado con un incremento de los impuestos municipales. Según señaló Chamorro, se trata de una de las cuestiones que mayor preocupación genera entre los vecinos y que actualmente es analizada por la asesoría legal municipal.
El conflicto también alcanza la conformación de las comisiones del Concejo. Para tratar la renuncia de Guastavino y los pliegos del concejal que debería reemplazarlo, primero debe intervenir la Comisión de Poderes, pero actualmente el cuerpo no tiene sus comisiones constituidas.
Además, entre los proyectos pendientes se encuentran iniciativas vinculadas con la organización de la mesa directiva y la conformación de las distintas comisiones de trabajo.
En las últimas horas, Cristian Escalante se habría presentado acompañado por el abogado Nicolás Podestá, con el objetivo de avanzar en una alternativa que permita destrabar su incorporación al Concejo. Según trascendió, uno de los planteos estaría relacionado con las condiciones bajo las cuales debería retomarse el tratamiento de los asuntos pendientes.
