
La Paz, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz propuso que cualquier nacionalización futura en Bolivia sea aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que haya una "discrecionalidad política" en la aplicación de esa medida, dentro del…
La Paz, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz propuso que cualquier nacionalización futura en Bolivia sea aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que haya una "discrecionalidad política" en la aplicación de esa medida, dentro del proyecto de Ley de Inversiones enviado este martes al Parlamento para su tratamiento. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó a los medios sobre este componente del proyecto, en el que se plantea que para una nacionalización o estatización se apruebe en la Asamblea Legislativa una "ley de prioridad nacional". "Esto significa que ninguna autoridad del poder Ejecutivo hacia adelante podrá tomar una decisión unilateral, tendrá que consultarle al Congreso y será el Congreso el que defina si ese tipo de acciones valen la pena o no, reconociendo, y este es otro elemento fundamental, el valor patrimonial de lo que se expropia o se nacionaliza", sostuvo. Espinoza señaló que con esto se quiere poner una "limitación de la discrecionalidad política", ya que, según dijo, recién ahora se empiezan a ver los "costos" del "ciclo de nacionalizaciones y estatizaciones" vivido "en los últimos 20 años", aludiendo a los Gobiernos de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Las nacionalizaciones de sectores considerados estratégicos se aplicaron durante el Gobierno de Morales, quien comenzó en mayo de 2006 con el sector de hidrocarburos afectando las inversiones de petroleras como Repsol, cuyos campos fueron ocupados por militares. También pasaron al estado empresas del sector eléctrico, telecomunicaciones, mineras, metalúrgicas y el sistema de pensiones, afectando a compañías de España, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido y Suiza, entre otros. En 2022 se conoció que las disputas legales con doce firmas extranjeras por las nacionalizaciones le llegaron a costar al país más de 714 millones de dólares. El Gobierno de Paz ha criticado las nacionalizaciones sobre todo en hidrocarburos porque, según el mandatario, no dieron los resultados prometidos, ahuyentaron las inversiones y agotaron los yacimientos sin hacer nuevas exploraciones, por lo que la producción de gas natural hoy está en declive. Espinoza sostuvo que las nacionalizaciones se aplicaron "violentando los derechos de propiedad" que están "preservados en la Constitución" e insistió en que los "costos" recién se ven ahora por la "dilación de los procesos de arbitraje o los juicios" que tuvo que enfrentar el país. "Por lo tanto, aquí, sin resignar la potestad normativa que tiene cualquier Gobierno de llevar adelante una expropiación o una nacionalización, establecemos reglas claras para que esto pueda llevarse adelante", afirmó. El ministro afirmó que "no se busca establecer privilegios para algunos sectores", sino "establecer condiciones de previsibilidad y estabilidad" para atraer las inversiones que necesita Bolivia, lo que supondrá que "el Estado regula, pero de una manera racional y con reglas claras que permiten evitar cualquier tipo de abuso". El proyecto de ley consta de 103 artículos en los que, según Espinoza, se busca también dar "seguridad jurídica" e "igualdad ante la ley" sin ir en contra de la Constitución vigente desde 2009. El documento también plantea la creación de una Agencia Nacional de Inversiones desde la cual se hará un plan, una "estrategia de priorización" de sectores y otra de promoción en el exterior. El Gobierno está abierto a hacer modificaciones al proyecto durante su análisis en el Legislativo. EFE