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La Provincia de Córdoba adhirió al nuevo protocolo nacional que permite bloquear celulares detectados dentro de establecimientos penitenciarios provinciales.
La Provincia de Córdoba adhirió al nuevo protocolo nacional que permite bloquear celulares detectados dentro de establecimientos penitenciarios provinciales. La medida, instruida por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, busca impedir que delitos y maniobras ilegales sean organizados desde las cárceles.
La decisión se tomó tras la Resolución 734/2026 del Enacom, que amplió el procedimiento que ya se aplicaba en establecimientos penitenciarios federales a las cárceles provinciales que adhieran al protocolo.
El protocolo permitirá inhabilitar los equipos, las tarjetas SIM y las líneas telefónicas que sean detectadas activas dentro de los pabellones o en sectores de acceso restringido de los establecimientos penitenciarios alcanzados. Para identificar cada dispositivo se utilizarán tres datos. El IMEI corresponde al número que identifica al teléfono, el IMSI está asociado a la tarjeta SIM y la línea telefónica corresponde al número utilizado por el dispositivo.
El bloqueo no será automático ni podrá ser ordenado directamente por la Provincia a las empresas de telefonía. Cada procedimiento requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el canal encargado de comunicar a las prestadoras los pedidos realizados por las jurisdicciones adheridas.
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Una vez recibida la solicitud, las empresas deberán bloquear los elementos correspondientes y registrar y conservar todas las gestiones realizadas, con el objetivo de garantizar la integridad y trazabilidad de la información.
Desde el Ministerio de Justicia de Córdoba señalaron que la adhesión será inmediata y destacaron que la coordinación con el Gobierno nacional y la incorporación de tecnología permitirán reforzar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida apunta a reducir el uso ilegal de teléfonos celulares en las cárceles, una modalidad que puede ser utilizada para realizar estafas, amenazas y otras maniobras delictivas desde el interior de los penales.
