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La economista Julia Rigueiro, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizó el crecimiento del endeudamiento de los hogares y advirtió que la falta de recuperación de los ingresos es uno de los principales factores detrás del aumento de la morosidad. En Corrientes, unas 154.000 personas se encuentran en situación de irregularidad crediticia y el promedio de deuda impaga ronda los $1,7 millones.
Domingo 23 de Agosto de 2026 - Actualizada a las: 14:16hs. del 23-08-2026
El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó niveles que generan preocupación y, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de datos oficiales del Banco Central, la tasa de irregularidad del crédito llegó a valores similares a los registrados durante la crisis de 2001.
Así lo explicó la economista Julia Rigueiro, quien sostuvo que la situación debe analizarse tanto desde los datos económicos como desde su impacto social y cotidiano. “La morosidad de las familias está en niveles del 2001, superó los niveles de pandemia. ¿Es alarmante? Sí”, señaló.
Según explicó, el problema no se limita a quienes dejaron de pagar un préstamo bancario. El endeudamiento también se concentra en tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros mecanismos de financiamiento a los que las familias recurren para afrontar gastos cotidianos.
Corrientes: 154.000 personas en situación de irregularidad
Dentro del mapa nacional de endeudamiento elaborado a partir de información oficial, Corrientes aparece entre las provincias con un nivel elevado de irregularidad crediticia.
Rigueiro indicó que en la provincia existen alrededor de 154.000 personas en situación de mora, lo que representa aproximadamente un 18% de irregularidad. El porcentaje es similar al registrado en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto al monto de las obligaciones impagas, el promedio de deuda por persona en Corrientes se ubica en torno a $1,7 millones, por debajo del promedio nacional, estimado en aproximadamente $2,5 millones.
La economista destacó que el mapa muestra una problemática extendida a prácticamente todo el país. Según explicó, todas las provincias presentan ratios de irregularidad superiores al 10%, con La Pampa como una de las excepciones.
Las situaciones más comprometidas aparecen, de acuerdo con el análisis citado, en distintas provincias de Cuyo y del sur del país. Tierra del Fuego y Santa Cruz se encuentran entre las jurisdicciones más afectadas, con promedios de deuda impaga cercanos a los $4 millones.
Una deuda que crece mientras los ingresos no alcanzan
Para Rigueiro, la explicación principal del fenómeno está vinculada con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. “Lo preocupante es que las familias no están mejorando sus ingresos como para poder pagar y saldar sus deudas”, sostuvo durante la entrevista.
La economista explicó que los salarios no lograron acompañar durante los últimos meses el incremento de los precios de bienes y servicios esenciales. Entre ellos mencionó los gastos vinculados con la vivienda, las tarifas de luz, gas y agua, internet, alimentos y transporte.
Ante la imposibilidad de cubrir todos esos gastos con los ingresos mensuales, muchas familias recurren al crédito para completar el presupuesto.
La dinámica puede comenzar con el uso de una tarjeta para comprar alimentos o afrontar una factura. Luego se paga solamente el mínimo del resumen y, al mes siguiente, se vuelve a recurrir al crédito para cubrir otros gastos. De esta manera, la deuda se acumula y las personas comienzan a pasar de situaciones de riesgo bajo o moderado a categorías de mayor riesgo.
“Así se fue generando esta bola de irregularidad en el crédito”, explicó Rigueiro.
La morosidad se profundizó desde fines de 2024
El estudio citado durante la entrevista señala que el deterioro de la situación crediticia de las familias se viene profundizando desde noviembre de 2024.
Si bien en junio se observó un estancamiento de la morosidad respecto de mayo, el dato considerado preocupante es que las deudas comenzaron a desplazarse desde categorías de menor riesgo hacia situaciones de mayor riesgo de incobrabilidad.
Rigueiro explicó que cuando una persona deja de pagar y su deuda pasa a una categoría de mayor riesgo, las entidades financieras pueden vender esas carteras a fideicomisos encargados de gestionar el cobro. En ese proceso, advirtió, pueden aparecer situaciones de hostigamiento hacia las personas que se encuentran en mora.
Tarjetas, billeteras virtuales y financieras
El endeudamiento tampoco se concentra exclusivamente en los bancos tradicionales. Según la economista, algunas entidades financieras y no financieras presentan elevados niveles de irregularidad.
Entre los casos mencionados aparecen tarjetas vinculadas a supermercados y distintas billeteras virtuales y neobancos. Rigueiro señaló que algunas de las plataformas más conocidas presentan índices de irregularidad de entre el 20% y el 24%, mientras que otras entidades más pequeñas llegan a superar el 90%.
A esto se suma el costo financiero de los préstamos. Las entidades que asumen mayores riesgos suelen aplicar tasas más elevadas, pero, según explicó Rigueiro, muchas familias igualmente recurren a esos créditos porque los consideran su única alternativa para llegar a fin de mes.
Un problema que excede a la economía
Más allá de los porcentajes y montos, la economista planteó que el endeudamiento debe ser entendido como un problema social que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias.
La imposibilidad de afrontar las obligaciones puede generar consecuencias sobre la salud mental, las relaciones familiares y la calidad de vida. Rigueiro incluso advirtió sobre situaciones extremas vinculadas al peso de las deudas.
En este contexto, sostuvo que el principal interrogante no pasa solamente por cuánto deben las familias, sino por cómo podrán afrontar esas obligaciones si sus ingresos no logran recuperarse.
El caso de Corrientes refleja parte de esa problemática: unas 154.000 personas se encuentran en situación de irregularidad crediticia y el promedio de deuda impaga ronda los $1,7 millones. Una situación que, según el análisis del CEPA, forma parte de un fenómeno nacional que se profundizó durante los últimos dos años y que mantiene a millones de hogares en una situación de creciente vulnerabilidad financiera.
