
El fiscal de Cámara Federal Marcelo Burella Acevedo explicó cómo funciona la transición entre el sistema mixto y el acusatorio en Corrientes. Señaló que el nuevo modelo implica “muchísimo más trabajo” para los fiscales y sostuvo que los 35 integrantes que actualmente conforman la Unidad Fiscal de la capital provincial no serán suficientes a futuro. También destacó que el narcotráfico concentra cerca del 90% de la actividad del Ministerio Público Fiscal en la provincia.
Domingo 04 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 12:59hs. del 04-10-2026
La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Corrientes modificó de manera sustancial la forma de investigar y llevar adelante las causas penales. El nuevo esquema, que comenzó a regir para los delitos cometidos desde el 1 de diciembre de 2025, convive actualmente con el sistema mixto anterior.
En diálogo con Radio Sudamericana, el fiscal de Cámara Federal Marcelo Burella Acevedo explicó las características de esta transición y advirtió sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el Ministerio Público Fiscal: la necesidad de contar con más fiscales, funcionarios y recursos para sostener el nuevo modelo.
“Muchísimo más trabajo, sin lugar a dudas”, respondió al ser consultado sobre el impacto que tendrá el sistema acusatorio sobre los fiscales. Burella Acevedo aclaró además que el cargo de fiscal de Cámara no desapareció con la reforma. Actualmente conviven ambos sistemas: el mixto, para los delitos cometidos hasta el 30 de noviembre de 2025, y el acusatorio, para aquellos hechos ocurridos desde el 1 de diciembre de ese año.
Uno de los cambios centrales del nuevo sistema es la desaparición del esquema que vinculaba cada instancia judicial con un fiscal diferente. Ahora, la investigación queda concentrada en la figura del denominado “fiscal del caso”.
Según explicó Burella Acevedo, el mismo fiscal interviene desde los primeros actos de la investigación, realiza la imputación y continúa durante todo el proceso hasta llegar al juicio oral. Incluso puede ser quien finalmente formule los alegatos y solicite una absolución o una condena. “El sistema nuevo rompe completamente este esquema”, explicó.
El cambio supone una mayor carga de trabajo para los fiscales, especialmente porque el nuevo modelo está basado en la oralidad. Los planteos de las partes se resuelven en audiencias y los funcionarios con rango de fiscal deben estar presentes en ellas.
“¿Cómo una persona va a estar en dos lugares o tres lugares al mismo tiempo? No puede, es imposible”, planteó.
Por ese motivo, consideró que será necesario incrementar la cantidad de fiscales. También destacó el rol que cumplen actualmente los auxiliares fiscales, cuya participación permite sostener el funcionamiento cotidiano del sistema.
“Treinta y cinco personas no son suficientes”
En Corrientes Capital, la estructura del Ministerio Público Fiscal está integrada actualmente por unas 35 personas, entre cinco fiscales, 12 funcionarios con rango de auxiliares fiscales y personal administrativo.
Para Burella Acevedo, esa estructura no será suficiente para afrontar el crecimiento de la actividad. “Treinta y cinco personas para atender o llevar adelante las investigaciones, no es suficiente”, afirmó. El fiscal sostuvo que la discusión sobre la estructura deberá plantearse especialmente en las provincias de la región, debido al volumen de causas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Como ejemplo, mencionó el caso de Rosario y la provincia de Santa Fe, donde una ley de fortalecimiento permitió incorporar nuevos cargos de fiscales, varios de ellos destinados específicamente a investigaciones relacionadas con narcotráfico. “Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa van a ser los primeros que van a tener que plantearse esta posibilidad”, sostuvo.
El narcotráfico representa el 90% del trabajo
La ubicación geográfica de Corrientes, con fronteras con Paraguay y Brasil, tiene un impacto directo en el trabajo de la Justicia Federal. Burella Acevedo estimó que el narcotráfico representa aproximadamente el 90% del trabajo diario del Ministerio Público Fiscal en la provincia.
Pero explicó que el objetivo de las investigaciones ya no es solamente detener a quienes son encontrados transportando o comercializando droga. El nuevo enfoque busca avanzar sobre las estructuras que están detrás de esos hechos. “Tratamos de elevar esa vara, ir para los eslabones de responsabilidad que están por encima de lo que normalmente encontramos en nuestros procedimientos”, explicó.
En ese sentido, destacó la importancia de investigar el aspecto económico de las organizaciones criminales. Según señaló, detener a quienes ocupan los eslabones más bajos de una estructura no permite desarticularla si quienes la financian continúan operando.
“Las personas son fungibles. Mientras la organización siga existiendo, mientras siga contando con medios económicos, el problema no se va a terminar”, sostuvo.
El apoyo de las unidades especializadas
El fiscal destacó el rol que cumplen las distintas áreas especializadas de la Procuración General de la Nación para avanzar en investigaciones complejas. Mencionó entre ellas a PROCUNAR, especializada en narcotráfico; PROCELAC, vinculada a delitos económicos; y UFECO, orientada a investigaciones sobre crimen organizado.
A su criterio, ese trabajo coordinado permite que una fiscalía del interior pueda avanzar sobre investigaciones que exceden ampliamente sus recursos propios.
Como ejemplo mencionó una causa de narcotráfico investigada en Corrientes que involucró a funcionarios judiciales, dirigentes políticos y otros actores. Según explicó, ese tipo de investigaciones demuestra la importancia de no detenerse en el primer eslabón encontrado.
El caso Loan y el trabajo de la fiscalía federal
Durante la entrevista también se refirió a la investigación por la desaparición de Loan, aunque aclaró que por su carácter no podía brindar detalles sobre el expediente. Burella Acevedo destacó especialmente el trabajo realizado durante la etapa de instrucción por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y su equipo.
Recordó que, cuando la causa llegó al fuero federal, la jueza federal delegó la investigación en el fiscal, quien trabajó inicialmente con un equipo reducido de apenas seis personas. El funcionario consideró que ese trabajo resulta fundamental para comprender cómo se construyen las investigaciones que posteriormente llegan a juicio oral.
“El juicio oral se va edificando, se va cimentando sobre el trabajo que se hace en la instrucción”, afirmó. También destacó el apoyo de distintas áreas de la Procuración General de la Nación, entre ellas PROTEX y UFECO, que colaboraron con la investigación.
Un sistema nuevo sin todas las estructuras necesarias
Más allá de su evaluación positiva del sistema acusatorio, Burella Acevedo planteó reparos sobre la forma en que se concretó su implementación. “El sistema como sistema va a funcionar y va a funcionar muy bien”, sostuvo, aunque inmediatamente remarcó que será necesario contar con más presupuesto y estructura.
Según explicó, con el nuevo modelo muchas tareas que anteriormente estaban bajo la órbita del Poder Judicial pasaron a estar bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no todas las estructuras necesarias acompañaron ese traspaso.
Entre las necesidades pendientes mencionó la creación o fortalecimiento de laboratorios, gabinetes científicos y cuerpos médicos, entre otras herramientas necesarias para las investigaciones. “Todo lo que hacía el Poder Judicial, todo, absolutamente todo, en lo que tiene que ver con materia de investigación, pasó al Ministerio Público. Pero las estructuras no pasaron o no se crearon”, cuestionó.
El problema de los recursos humanos
Otro de los puntos que, según Burella Acevedo, requiere una solución es el traspaso de trabajadores del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal. Explicó que existen profesionales con amplia experiencia en materia penal y procesal penal que quieren pasar a trabajar al Ministerio Público, pero que actualmente no existe un mecanismo que permita concretar esos traspasos de manera efectiva.
La dificultad está relacionada con cuestiones como la antigüedad, los distintos regímenes laborales y el reconocimiento de determinados conceptos. Para el fiscal, la demora puede terminar perjudicando al propio sistema: profesionales con experiencia específica en materia penal podrían terminar alejándose de esa actividad y perder parte de la formación adquirida.
“Muchas veces en nuestro país la burocracia nos gana”, resumió.
Burella Acevedo consideró que en algún momento será necesaria una intervención institucional para resolver esta situación y garantizar que la reforma cuente con los recursos humanos y materiales necesarios. “Va a alcanzar, me parece que no va a alcanzar”, sintetizó al evaluar si la estructura actual será suficiente para sostener el nuevo sistema acusatorio en Corrientes.
Para el fiscal, la reforma representa un cambio profundo y necesario, pero su éxito dependerá de que la transformación normativa sea acompañada por más fiscales, mayor presupuesto, nuevas estructuras y una planificación acorde al volumen de causas que enfrenta la Justicia Federal en la región.