Por qué la Justicia de Goya le retiró la tenencia de sus hijos a una mamá

Miércoles 07 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 21:57hs. del 07-10-2026

La Justicia de Goya confirmó la medida excepcional por la cual dos hermanos menores de edad fueron separados de su madre y trasladados a instituciones de protección, luego de que la Dirección de la Niñez evaluara una situación de vulnerabilidad que, según explicó la jueza Silvina Racigh, incluía problemas de salud, higiene, escolarización y otras situaciones de desprotección.

La magistrada aclaró a Canal 5TV que el caso no se originó únicamente por la falta de asistencia a la escuela y que el objetivo es proteger a los niños mientras se trabaja para determinar si pueden regresar con su madre.

Racigh explicó que la intervención judicial se produjo después de la actuación de los equipos técnicos y de la Dirección de la Niñez, organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

“No es que nosotros tomamos conocimiento por una fotografía o por una declaración en los medios o por un hecho aislado”, señaló. Explicó que la información surge de los informes elaborados por asistentes sociales, psicólogos y otros profesionales que intervinieron en el caso.

La jueza indicó que la Dirección de la Niñez decidió separar a los menores de su entorno familiar y que el juzgado realizó el control de legalidad de esa medida. “Nosotros tomamos inmediata intervención a las 24 horas y confirmamos la medida porque en este caso concreto había un abanico de cosas que habían sucedido”, sostuvo.

Problemas de salud y desprotección

Racigh detalló que los menores son dos hermanos y que existe un antecedente familiar de intervención judicial relacionado con una hermana que actualmente es mayor de edad.

Además, señaló que los niños presentaban problemas de salud que fueron detectados luego de su ingreso a una institución, donde se les realizó un chequeo general. “Hay cuestiones de salud, incluso cuestiones de salud importantes que se tomaron conocimiento recién una vez que los chicos estuvieron institucionalizados”, explicó.

También mencionó problemas de higiene y escolarización. En ese sentido, remarcó que la protección de los niños no se limita a garantizar alimentación o un lugar donde vivir. “A veces no es solamente que necesiten un techo o comida, el cuidado va mucho más allá”, afirmó. Y agregó que se trata de garantizar un cuidado integral y evitar que los menores queden expuestos a situaciones que puedan afectar su bienestar.

“La pobreza no justifica todo”

La jueza reconoció que la familia atraviesa una situación de pobreza estructural y una importante vulnerabilidad económica, pero diferenció esa situación de la falta de protección. “Yo no voy a negar que en este caso hay una pobreza estructural, hay una vulnerabilidad muy grande, pero la pobreza no justifica todo porque una cosa es la pobreza y otra es la desprotección, y no son sinónimos”, sostuvo.

Racigh explicó que el Estado ya había intervenido anteriormente con asistencia económica, alimentos y acompañamiento familiar, incluso en la causa vinculada a la hermana mayor de los menores. “Mientras los padres pueden adquirir lo que necesitan para ejercer su rol paterno perfectamente, los niños no pueden quedar desprotegidos”, señaló.

La magistrada aclaró además que los menores estaban al cuidado exclusivo de su madre. “Nadie la está culpando a la mamá de nada. La mamá está en una extrema vulnerabilidad también, y se trató de apoyarla y se está tratando de darle educación para el cuidado”, manifestó.

También existen denuncias

Racigh fue consultada sobre posibles situaciones de abuso. La jueza aclaró que las causas penales corresponden al fuero penal, aunque confirmó que existen denuncias. “Las causas penales tramitan por el fuero penal, pero sí hay denuncias”, indicó, sin brindar detalles sobre esas actuaciones.

La medida no implica una adopción

Racigh aclaró que la institucionalización de los menores no significa que hayan sido separados de su madre para iniciar un proceso de adopción. “Se tomó una medida excepcional por la extrema vulnerabilidad, pero ya le digo, económica sí, económica, pero también de desprotección, o sea, toda una conjunción de cosas”, explicó.

Según detalló, a partir de ahora se desarrollará un proceso de intervención por parte del Poder Ejecutivo para evaluar si las condiciones familiares pueden modificarse. “Esto tiene un proceso, en esta instancia se comienza una serie de actividades por parte del Poder Ejecutivo para ver si se puede normalizar esta situación y si no seguirá un proceso donde hay plazos”, señaló.

La jueza sostuvo que la intención es que la situación pueda revertirse, aunque aclaró que dependerá de la evolución del proceso. “Ojalá esto se pueda revertir, pero eso es un proceso”, afirmó.