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La lucha de Maricarmen fue el puntapié inicial para un reclamo que ahora envuelve a toda la sociedad. Tenía 87 años.
La lucha de Maricarmen fue el puntapié inicial para un reclamo que ahora envuelve a toda la sociedad. Tenía 87 años.
Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que en las últimas semanas se convirtió involuntariamente en el rostro de la crisis habitacional en España , falleció este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de la capital española.
La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la organización que acompañó su reclamo desde el primer momento.
Su fallecimiento ocurre apenas dos semanas después de su traumático desalojo, un episodio que desató multitudinarias manifestaciones, acampadas de protesta en plazas emblemáticas como la Puerta del Sol y una intensa controversia política sobre la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda.
Un conflicto de más de siete décadas en España
Maricarmen vivía desde 1956 en un piso ubicado en el céntrico distrito madrileño de Retiro, donde residió durante 70 años. La propiedad, amparada históricamente bajo un contrato de "renta antigua", fue adquirida en los últimos años por un fondo inversor inmobiliario.
Tras la compra, la firma exigió un incremento en el alquiler que triplicaba el monto que abonaba la jubilada, una cifra inasumible frente a su pensión básica. Pese a la mediación de vecinos y organizaciones sociales —que llegaron a presentar ofertas económicas para sufragar el desfase—, la empresa rechazó cualquier renegociación.
El pasado 23 de septiembre se ejecutó finalmente la orden de lanzamiento judicial. Cientos de manifestantes intentaron bloquear pacíficamente el portal del edificio para impedir el desahucio, generando momentos de alta tensión con el despliegue policial de la Policía Nacional.
La anciana abandonó su hogar entre lágrimas, una imagen que rápidamente recorrió las portadas de los principales medios y las redes sociales de todo el país.
Impacto social y réplicas políticas
El caso de Maricarmen catalizó la indignación contenida por la escalada constante en los precios de los alquileres en las grandes ciudades españolas. Su desalojo motivó movilizaciones masivas organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y colectivos de inquilinos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
A raíz de esto, el impacto social colocó a la Ley de Vivienda y a las políticas urbanísticas en el centro prioritario de la agenda gubernamental, reabriendo debates legislativos para frenar los desahucios a personas en condición de vulnerabilidad estricta.
Pocos días después de ser desalojada, el estado de salud de Maricarmen sufrió un severo deterioro que requirió su hospitalización de urgencia. Voceros de las plataformas sociales no tardaron en señalar las secuelas emocionales y el estrés del desalojo forzoso como factores determinantes en el agravamiento de su condición.
Colectivos por el derecho a la vivienda han convocado a vigilias y concentraciones en distintos puntos de Madrid en homenaje a Maricarmen, exigiendo el fin definitivo de los desahucios a personas de la tercera edad y un control efectivo sobre la especulación inmobiliaria.
