Radio Online
El máximo tribunal desestimó una acusación judicial contra la fiscal del caso. Siete de los ocho jóvenes habían impulsado el reclamo penal.
El máximo tribunal desestimó una acusación judicial contra la fiscal del caso. Siete de los ocho jóvenes habían impulsado el reclamo penal.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo reclamo judicial presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell. La decisión fue tomada por los jueces del máximo tribunal con el objetivo de desestimar una denuncia penal que los jóvenes habían impulsado de forma paralela contra la fiscal de la causa y otros funcionarios judiciales, a quienes acusaban de cometer supuestas irregularidades legales durante las primeras horas de la investigación.
La resolución definitiva fue firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces decidieron rechazar el recurso tras considerar que el pedido carecía de fundamentos propios y no lograba refutar con solidez los argumentos de las sentencias anteriores que ya habían desestimado la queja.
El planteo había sido iniciado por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. La defensa aseguraba que, durante las primeras indagatorias tras el crimen cometido en enero de 2020, a los detenidos no se les informaron correctamente los hechos ni las pruebas en su contra, cuestionando principalmente que las actas oficiales tenían horarios registrados con diferencias de apenas minutos, un tiempo insuficiente para cumplir con los pasos legales exigidos.
Por este motivo, los jóvenes denunciaron a la fiscal Verónica Zamboni, a una defensora oficial, a funcionarios del Ministerio Público y al juez de Garantías David Mancinelli. Los acusaban de delitos como privación ilegal de la libertad, incumplimiento de sus deberes y falsificación de documentos públicos.
A pesar de los intentos de la defensa, la investigación contra los funcionarios nunca prosperó. El recorrido legal fue rebotado por la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte bonaerense, que en abril de 2026 les denegó el recurso para elevar la discusión.
El expediente llegó a la Corte Suprema, que ahora cerró definitivamente este reclamo por falta de argumentos válidos. Cabe aclarar que esta resolución no implica una revisión de las condenas por el asesinato del joven estudiante, sino que únicamente le pone un punto final a la acusación paralela que los detenidos iniciaron contra las autoridades.
