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La abogada Mariana Chávez, integrante del Observatorio del Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, alertó a Sudamericana sobre el uso de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas de adolescentes. Señaló que la prevención en las escuelas y los hogares es fundamental y advirtió que estas conductas pueden tener consecuencias penales y patrimoniales.
Viernes 16 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 19:44hs. del 16-10-2026
La abogada Mariana Chávez, integrante del Observatorio del Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, advirtió sobre el crecimiento de los casos de violencia digital vinculados al uso de inteligencia artificial y remarcó la necesidad de reforzar la prevención entre niños y adolescentes. En diálogo con Radio Sudamericana, explicó que estas situaciones ya se detectan en establecimientos educativos y pueden derivar en investigaciones penales.
Chávez se refirió al caso ocurrido en una escuela de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, donde un grupo de adolescentes utilizó imágenes de sus compañeras para crear fotografías y videos sexualizados mediante inteligencia artificial. Según explicó, el material fue publicado en páginas pornográficas, distribuido y comercializado.
La especialista indicó que el hecho es objeto de una investigación penal y que los adolescentes involucrados fueron imputados por producción, distribución y comercialización de imágenes de abuso sexual infantil. Aclaró que, según la legislación vigente, las imágenes sexualizadas de personas menores de 18 años pueden encuadrarse en esa categoría.
“No es una broma, no es una gracia, es un delito”, enfatizó Chávez. Además, advirtió que la difusión de este material puede provocar daños que se extienden en el tiempo y alcanzar a un número indeterminado de personas, con graves consecuencias para la integridad sexual de las víctimas.
Prevención en las escuelas y los hogares
La integrante del Observatorio explicó que, desde 2024, la institución desarrolla un programa federal apoyado por TikTok que recorre las provincias argentinas para promover la concientización y la prevención de los delitos digitales.
El trabajo incluye charlas en escuelas destinadas a estudiantes, padres y docentes, además de actividades en clubes deportivos para entrenadores. También contempla la capacitación de abogados, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en el tratamiento de la evidencia digital en causas donde niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos.
Chávez señaló que es fundamental que los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones en internet, tanto por el daño que pueden causar a otras personas como por las responsabilidades legales que pueden afrontar.
“Necesitamos que los adolescentes tengan la información y tengan la conciencia de cómo es el actuar en el mundo digital y que las consecuencias son las mismas que en el mundo físico”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que las consecuencias no se limitan al ámbito penal. También pueden existir reclamos económicos por parte de las víctimas, frente a los cuales los padres podrían tener que responder patrimonialmente.
La inteligencia artificial y la falta de regulación específica
Sobre la necesidad de establecer controles para el uso de inteligencia artificial, Chávez señaló que Argentina no cuenta con una normativa integral específica que regule esta tecnología y consideró necesario avanzar en mecanismos de regulación y gobernanza.
“Debería existir ese tipo de regulación, ese tipo de gobernanza sobre inteligencia artificial”, afirmó, y mencionó que en Europa ya comenzaron a desarrollarse iniciativas legislativas sobre el tema.
No obstante, aclaró que la legislación argentina vigente dispone de herramientas para intervenir judicialmente ante determinadas conductas cometidas mediante estas tecnologías.
La especialista también advirtió sobre el avance de los casos de grooming, en los que una persona adulta contacta a un menor con fines sexuales, y destacó que la prevención debe combinarse con la preparación de los operadores judiciales para actuar cuando los hechos se producen.
Insistió en que la responsabilidad debe abordarse desde las familias y las instituciones educativas, con información clara sobre los riesgos de internet y las consecuencias de producir o difundir contenidos que vulneren los derechos de otras personas.
