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¿Esto es joda? ¿Estamos en la Argentina o en un capítulo de Los simuladores, pero con la plata de todos?
Viernes 16 de Octubre de 2026 - Actualizada a las: 17:30hs. del 16-10-2026
En 2018, Mauricio Macri fue al Fondo Monetario Internacional y consiguió un préstamo de más de 57.000 millones de dólares. Se desembolsaron alrededor de 44.000 millones. Una cifra tan grande que cuesta imaginarla. Para ponerla en perspectiva, es plata suficiente para marear a cualquier calculadora y hacer llorar a varias generaciones de argentinos.
El argumento era recuperar la confianza, estabilizar la economía y devolverle al país la credibilidad internacional.
Bueno… ocho años después, seguimos hablando de deuda, de vencimientos, de reservas y de acuerdos con el mismo organismo. La confianza debe estar en algún paraíso fiscal, porque por acá todavía no apareció.
Y ahora llega otro capítulo: el fiscal Raúl Pleé retira el recurso que buscaba revertir el archivo de la causa contra Macri y otros exfuncionarios por aquel préstamo.
Traduzcamos del idioma judicial al castellano de la calle: la causa que intentaba avanzar hacia una investigación penal queda encaminada al cierre definitivo.
Ojo: que una causa se archive no significa automáticamente que alguien sea culpable. Tampoco significa que se haya demostrado un delito. Pero una cosa es no poder probar un delito y otra muy distinta es pretender que no hay nada que explicar sobre una operación financiera de semejante magnitud.
Porque acá no estamos hablando de un vuelto que quedó en el mostrador de un almacén. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. De una deuda que atraviesa gobiernos, condiciona presupuestos y termina apareciendo en la vida cotidiana de millones de personas.
Y la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con esa montaña de dólares? ¿Qué objetivos se cumplieron? ¿Por qué el programa fracasó en recuperar la confianza y estabilizar la economía? ¿Quién responde políticamente por semejante resultado?
No todo fracaso económico es un delito. Pero tampoco todo puede quedar reducido a una decisión de política económica y archivarse como si se tratara de una discusión sobre el precio de las empanadas.
Y acá aparece la gran paradoja argentina: cuando hay que ajustar, la cuenta llega puntual; cuando hay que explicar qué pasó con miles de millones, la respuesta parece llegar con turno diferido.
Al ciudadano que se atrasa con una cuota le cobran intereses. Al jubilado que no llega a fin de mes le explican que no hay plata. Al trabajador le piden paciencia, sacrificio y comprensión.
Pero cuando la discusión es sobre el préstamo más grande de la historia del Fondo hasta entonces, la responsabilidad política parece tener una puerta giratoria.
Y no se trata de condenar a nadie por anticipado. Se trata de exigir que las decisiones que comprometen el futuro de un país tengan explicaciones a la altura de sus consecuencias.
Porque si se pidieron 44.000 millones de dólares y años después seguimos discutiendo cómo pagar, cómo refinanciar y cómo conseguir nuevos dólares, alguien debería poder explicar qué salió mal.
La deuda no se archiva. Los vencimientos no prescriben en la memoria de la gente. Y la factura no desaparece porque un expediente cierre sus páginas.
En la Argentina, los gobiernos pasan, los funcionarios cambian, los fiscales presentan y retiran recursos, los expedientes se archivan…
Pero la deuda sigue sentada a la mesa.
Y, como siempre, el que termina pagando la cena es el mismo: el ciudadano.
Porque acá hay una especialidad nacional que no figura en ningún ranking internacional: privatizar las explicaciones, socializar las consecuencias y llamar responsabilidad a pedirle paciencia al que no tiene ni para el postre.
No. La joda sería que no nos diéramos cuenta.
