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El asesor presidencial afirmó que la iniciativa también cuenta con el respaldo de bloques aliados en el Congreso. El oficialismo negocia cambios en el Consejo de Seguridad Nacional que propone crear la norma.
El asesor presidencial afirmó que la iniciativa también cuenta con el respaldo de bloques aliados en el Congreso. El oficialismo negocia cambios en el Consejo de Seguridad Nacional que propone crear la norma.
El asesor presidencial Santiago Caputo aseguró el jueves 22 de octubre que la mayoría de los gobernadores argentinos respalda el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei. A través de una publicación en X, sostuvo que la iniciativa también cuenta con el acompañamiento de los bloques aliados en ambas cámaras legislativas. Sus declaraciones se produjeron mientras el oficialismo mantiene negociaciones para resolver diferencias sobre los cambios en materia de seguridad, defensa e inteligencia incluidos en el texto.
"La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno", escribió Caputo en X, donde también calificó la causa Malvinas como "sagrada para los argentinos". El asesor sostuvo que ninguna gestión había hecho tanto como la actual para defender el reclamo de soberanía y calificó de "fake news" las versiones que cuestionaban la iniciativa. Además, cerró su publicación con un insulto dirigido a quienes difundieron esas informaciones.
Caputo no identificó a los gobernadores que habrían comprometido su respaldo al texto ni precisó qué acuerdos con los bloques aliados estaban cerrados. En Diputados, el oficialismo todavía no había conseguido un dictamen unificado y continuaba negociando modificaciones con los sectores dialoguistas. El proyecto combina nuevas sanciones por la explotación de recursos naturales en Malvinas con reformas en seguridad y defensa nacional que generaron objeciones entre los legisladores.
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El Poder Ejecutivo envió la iniciativa a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre, con el objetivo de reforzar las herramientas legales para defender los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. El texto contiene 133 artículos y propone endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. También contempla medidas económicas destinadas a desalentar esas actividades y reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659.
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Uno de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del gabinete y organismos de inteligencia. El organismo tendría atribuciones para coordinar políticas de defensa, relaciones exteriores, seguridad e infraestructura estratégica. El proyecto también modifica disposiciones de la Ley de Defensa Nacional y del Código Penal, con nuevas figuras vinculadas con el espionaje, la interferencia extranjera y las campañas coordinadas de desinformación.
Estas modificaciones generaron diferencias entre sectores del Gobierno y bloques parlamentarios que mantienen conversaciones con La Libertad Avanza. Según informó TN, las negociaciones incluyen la composición del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, la participación del Ministerio de Seguridad y las facultades de supervisión que tendría el Congreso. Organizaciones civiles y referentes de la oposición también cuestionaron algunos artículos por sus posibles consecuencias sobre las libertades individuales y el alcance de las funciones de inteligencia.
Los gobernadores y las negociaciones para aprobar el proyecto
El 4 de septiembre, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalacqua (Misiones) expresaron públicamente su respaldo al reclamo argentino sobre Malvinas y a distintos aspectos de la posición del Gobierno. Jalil manifestó su acompañamiento a las medidas anunciadas por Milei, Cornejo elogió el planteo presidencial y Passalacqua destacó la necesidad de mantener una posición común sobre la soberanía de las islas. Esas declaraciones fueron anteriores al ingreso del proyecto al Congreso, el 17 de septiembre, por lo que no permiten dar por confirmado su respaldo a la totalidad de los 133 artículos.
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El proyecto comenzó a tratarse en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de Diputados. Las discusiones incluyeron exposiciones de funcionarios, especialistas y organizaciones que plantearon distintas observaciones sobre el contenido de la iniciativa. La reunión conjunta prevista para el 20 de octubre fue postergada hasta el martes 27, mientras el oficialismo busca acordar modificaciones sobre el Consejo de Seguridad Nacional y las facultades de supervisión del Congreso.
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